El Estado regará este año a las comunidades autónomas con la cifra récord de 154.467 millones de euros en concepto de entregas a cuenta (134.568 millones de esa cantidad) y por la liquidación de 2022. Los gobiernos territoriales recibirán casi 20.000 millones más que el pasado ejercicio a cuenta de un modelo de financiación caducado que el Ejecutivo se dispone a reformar en virtud de los acuerdos recientes firmados con sus socios, y que conllevarían la aplicación de un régimen "singular" para Cataluña.
El último organismo en pronunciarse sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma "integral" del actual sistema de reparto ha sido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En el marco de los cursos de verano organizados por la Universidad Menéndez Pelayo en Santander su presidenta, Cristina Herrero, reclamaba además que se fueran eliminando los mecanismos extraordinarios que, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), se crearon en 2012 para evitar la quiebra de las regiones que no podían acceder por sus propios medios a los mercados -algunas siguen sin poder hacerlo más de una década después-.
Esa eliminación podría ligarse de algún modo a la quita de parte de la deuda contraída con el Estado a través del FLA, medida pactada con ERC que el Gobierno de coalición ha propuesto ampliar al resto de comunidades que deseen adherirse a ella. Desde el ministerio de Hacienda han expresado también la intención de poner fin a estos instrumentos que se crearon, en origen, como una respuesta "temporal" a la crisis de deuda soberana.
Una cosa y la otra van a necesitar de consensos con unas comunidades a las que el sistema actual divide profundamente -al margen de los colores políticos- sobre todo en casos como los de Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, todas infrafinanciadas por el actual modelo y para las que expertos como los de Fedea reclaman un fondo de nivelación de 3.000 millones de euros hasta que se acometa la reforma pendiente del modelo.
Los recursos que el Estado pone de nuevo sobre la mesa ayudan a allanar el proceso, pese a que la propia vicepresidenta primera, María Jesús Montero, haya querido desligarlos. Con dificultades para lograr las mayorías parlamentarias suficientes con las que aprobar sus reformas y buena parte de los territorios en manos del PP, estos recursos millonarios suponen, al menos, una carta con la que ganar algo de oxígeno 'extra' para la negociación.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros la titular de Hacienda aprovechaba para recordar que Pedro Sánchez ofreció al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, crear un grupo de trabajo sobre financiación autonómica para que, "con discreción", pudieran negociar un modelo "que permita superar la posición de partida de máximos que tiene cada territorio". La propuesta cayó en saco roto por la negativa de los populares a abordar este asunto fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera y sin convocar antes la Conferencia de Presidentes.
Las demandas independentistas y el debate de la quita
Mientras, el órdago que los partidos independentistas han lanzado con su propuesta de que sea la Hacienda catalana la que gestione el cien por cien de los impuestos que recauda en su territorio, ha sido tachado por los expertos del 'think tank' -próximo a la patronal CEOE- de "sistema de financiación a la carta" que supondría en la práctica la ruptura de la unidad federal del Estado.
Sólo un día antes, el ministro de Economía, Comercio y Empresa incidía en una entrevista en que el futuro modelo de reparto debe garantizar la suficiencia de recursos y "avanzar" en el respeto a particularidades como la dispersión o concentración de la población, que también pueden entenderse a su juicio como elementos "singulares", tales como los que se reclaman para Cataluña. Cuerpo incorporaba además al debate el "elemento individual" de en qué territorios se encuentran las mayores rentas. Así, defendía que las comunidades autónomas con contribuyentes más ricos deban "contribuir más al sistema".
Por lo pronto, Hacienda prevé iniciar ya las reuniones con los responsables autonómicos para abordar la condonación parcial de la deuda autonómica generada entre 2007 y 2014, a raíz de las crisis financiera y de deuda. Fuentes del Ejecutivo han precisado que los contactos se iniciarán con las regiones de Cataluña, Galicia y Andalucía, al margen de que haya o no nuevo gobierno en la Generalitat.
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