La Oferta Pública del Empleo (OPE) del Estado volverá a ser "histórica" este año, un calificativo que ha servido para describir las últimas convocatorias, diseñadas en el contexto de un aluvión de bajas por jubilación de los funcionarios 'boomers' y de necesidades cada vez mayores y urgentes en áreas como la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que cada vez gestionan más subsidios y ayudas y tras quinquenios de austeridad. Las oposiciones de este año contemplarán hasta 45.000 plazas, cerca de 30.000 puestos para la Administración General del Estado (AGE) y más de 15.000 para cubrir vacantes en Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero tras esa buena noticia se oculta la lentitud para adjudicar los destinos y realizar los nombramientos, unos trámites que pueden demorarse hasta tres años tras superar las pruebas.
Esta burocracia extrema hace que muchos de los puestos necesarios y que requieren una cobertura urgente permanezcan vacíos, con el perjuicio que supone para el servicio público y el sobreesfuerzo que genera en los funcionarios y empleados públicos que están activos. Esta situación ha sido denunciada por el sindicato Comisiones Obreras, pero tras la negociación, que ha concluido con una amplia oferta de empleo público, existe por lo menos la voluntad del Gobierno de atajarla con una serie de iniciativas y compromisos. Según reconocía a La Información Josetxo Gándara, secretario de Acción Sindical de CCOO-FSC en la AGE, hay al menos 20.000 opositores sin destinos que realizaron el examen, y lo superaron, en los años 2020 y 2021.
Según fuentes de la negociación, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública han mostrado la intención de mejorar y agilizar los métodos en materia de selección y en la incorporación de los efectivos comprometidos. Así, se revisarán los procesos de selección antes de que acabe 2022, se deberán publicar todas las convocatorias en el ejercicio y se 'añadirán' las pendientes de los últimos tres años para acabar con el actual tapón. Otra de las novedades, con el fin de solucionar los problemas en áreas y organismos que estén en una situación excepcionalmente deficitaria de efectivos, será la incorporación inmediata de trabajadores vinculados a las vacantes "a través de las figuras de funcionario interino y personal laboral", para evitar puestos vacíos en departamentos con situaciones críticas.
Se tratará de evitar examinar a la gente con conocimientos demostrados, simplificar las pruebas y que la formación sirva como método para orientar flujos
Otra de las claves será la modificación de los criterios de selección en materia de promoción interna, con el objetivo de aprovechar de forma eficiente el talento, la experiencia y la formación de las plantillas públicas, una iniciativa que contribuirá a la mejora y modernización de la Administración General del Estado. Según reconocen, los procesos selectivos continuarán, pero se trata de evitar examinar a la gente de conocimientos demostrados, simplificar las pruebas y que la formación sirva como método para orientar los flujos y colocaciones de los empleados.
Además, existe el compromiso de una evaluación continua de necesidades y puestos vacantes y planificaciones plurianuales que sirvan para anticiparse a las bajas futuras y su previsión presupuestaria. A día de hoy, sin la convocatoria de las oposiciones, hay todavía, como mínimo, 60.000 puestos que no se han ocupado y al menos 20.000 aspirantes que superaron su oposición no han sido nombrados y en algunos casos siguen cobrando el sueldo base, a la espera de los cursos selectivos. Otro de los problemas que enfrenta la Administración es que en algunas convocatorias, como las de Inspección de Trabajo, quedan un 20% o 30% de plazas desiertas, porque los aspirantes no lograron superar las pruebas. Ante esta situación, el Gobierno ya ha puesto en marcha una respuesta que se ha convertido en un nuevo problema. Los puestos desiertos se añaden a la convocatoria del año posterior, con el objetivo de ocuparlos, lo que contribuye a que haya más plazas, pero también más posibilidades de que quede un porcentaje más elevado de puestos desiertos.
En Comisiones Obreras destacan el esfuerzo realizado respecto a la Seguridad Social, que incorporará 1.759 nuevos funcionarios, que cubrirán en buena medida el alto número de jubilaciones previsto y contribuirán a mejorar la gestión de nuevos servicios, como la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Administración estatal tiene un 40% de efectivos con más de 50 años, mientras en la Seguridad Social el problema es todavía más grave, con un 76% de sus 26.000 empleados con más de 50 años. Mientras, en las comunidades autónomas, donde predominan los interinos que bajan considerablemente la media de edad, en los próximos años se jubilaran más de 200.000 trabajadores y en diez un total de 530.000, algo menos de un tercio de los efectivos actuales.
Con respecto al IMV, los expedientes denegados ya duplican a los aprobados. Casi dos años después de su puesta en marcha se han tramitado 1,43 millones de peticiones de este subsidio, básico para muchas familias, pero sólo se aceptaron 428.000. La lentitud en la gestión, la falta de personal y la excesiva burocracia hacen que los objetivos iniciales del Gobierno, llegar a 850.000 hogares vulnerables y 2,3 millones de personas, queden muy lejos, pese a que este subsidio se creó para ser una de las medidas 'estrella' de la legislatura. Además de los nuevos efectivos que prevén incorporar en el departamento, la Seguridad Social licitó hace unos meses un contrato valorado en 4,7 millones, que pagarán los fondos europeos, para rediseñar el IMV y redoblar la apuesta por este subsidio. Dos de las cuatro 'Big Four' -KPMG y PricewaterhouseCoopers, además de Accenture- se repartieron los cuatro lotes previstos.
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