La transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros dispuesta en los Presupuestos de 2021 y la mayor facilidad a la hora de acceder a los mecanismos de liquidez estatales que han venido garantizando financiación barata a las comunidades autónomas desde el año 2012 - el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF)- no serán suficientes para cubrir las necesidades de financiación que tendrán las comunidades autónomas este año para hacer frente a la pandemia y que según las estimaciones realizadas por la agencia de rating Moody's rondarán los 50.000 millones de euros. Con los gastos presionando al alza y los ingresos fiscales a la baja, a las comunidades autónomas sólo les va a quedar un camino para sufragar esa factura, augura Moody's: salir a los mercados.
La agencia de rating prevé que en 2021 las comunidades autónomas que ya venían operando con cierta asiduidad en los mercados en estos últimos años, como la Comunidad de Madrid, País Vasco o Galicia, continúen exprimiendo esta vía de financiación, y que otras que o no lo han hecho o lo han hecho con mayor timidez vuelvan a apelar a los inversores para financiar sus crecientes necesidades de financiación. En conjunto, Moody's estima que las comunidades autónomas tendrán que captar en torno a 11.000 millones de euros en los mercados para cubrir las necesidades financieras generadas no sólo por el gasto extra asociado a la lucha contra la pandemia, sino también por los vencimientos de los instrumentos de deuda colocados en su día en el mercado y sobre todo acordados con el Estado.
Las estimaciones realizadas por la agencia de rating para 2021 sitúan la financiación autonómica a través de los mercados en su nivel más alto desde los años de la crisis financiera, cuando el recurso masivo de las autonomías a los inversores para enjugar el agujero fiscal abierto por el estallido de la burbuja inmobiliaria acuñó el concepto de los 'bonos patrióticos', que años más tarde se han convertido en un lastre para las autonomías como Cataluña o la Comunidad Valenciana que con mayor entusiasmo apelaron a esta figura y que en el caso de Cataluña luego ha sido incapaz de devolver por sus propios medios la financiación captada en su día.
Esta vez no todas las comunidades autónomas podrán acudir alegremente al mercado. Las estrictas reglas fiscales dispuestas, en parte por el fiasco de los bonos patrióticos, por el Gobierno de Mariano Rajoy y bajo la dirección de Cristóbal Montoro en los años más duros del ajuste presupuestario prevén que las comunidades autónomas que todavía operen bajo la dependencia financiera del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) no podrán recurrir al mercado para financiarse, sino que tendrán que hacerlo a través del Estado y bajo las condiciones que éste imponga. Ésta y no otra es la razón por la que Cataluña todavía no ha podido regresar a los mercados, pese a los recurrentes intentos de los inquilinos de la Generalitat para conseguirlo, tras el capítulo de los 'bonos patrióticos' apadrinados por Artur Mas.
El lastre de la deuda autonómica
Las condiciones de prudencia impuestas por el Tesoro para dejar salir a una comunidad autónoma al mercado parten de un criterio objetivo, que se marca en la regulación y que exige que cualquier administración territorial que quiera apelar a los inversores lo haga sabiendo que no le exigirán 50 puntos básicos más de lo que le piden al Estado por los mismos títulos que se quieran emitir. Para llegar a ese punto hay que cumplir los objetivos de reducción de déficit y no tener una dependencia financiera del Estado a través del FLA, una situación en la que a día de hoy apenas están la mitad de las comunidades autónomas. Esta estrategia de prudencia no es particularmente beneficiosa para el Estado, que carga con más de 185.000 millones de euros de deuda autonómica por la operativa de los mecanismos de liquidez y que a día de hoy es el acreedor de más del 60% de la deuda autonómica.
El Tesoro Público ha visto como en los últimos meses buena parte de las comunidades autónomas que han tenido oportunidad de hacerlo se han descargado de parte de la deuda pendiente, amortizando anticipadamente plazos, aprovechando el buen momento de los mercados y el mínimo histórico de los costes financieros. Las reglas fiscales han impedido no obstante que las comunidades autónomas con una situación financiera más comprometida hayan podido recurrir a este mecanismo.
La previsión de Moody's es que las comunidades autónomas que puedan hacerlo se lanzarán al mercado para financiar aquellos compromisos de gasto que no puedan sufragar ni por sus propios medios ni con la asistencia financiera extraordinaria del Estado. Esto sucederá en parte también porque la agencia de ráting entiende que las comunidades autónomas no se sujetarán a la referencia de déficit del 2,2% del PIB fijado por el Estado, sino que se irán bastante más allá.
También que la cuenta de gastos financieros de las comunidades autónomas se incrementará en 2021, no tanto por el coste de la financiación que continuará según prevé la agencia de ráting en niveles históricamente bajos, como por el volumen de financiación que las autonomías se verán obligadas a solicitar a los inversores a lo largo de este año. Moody's calcula que la deuda agregada de las once comunidades autónomas calificadas por la agencia se elevará desde los 268.000 millones en que estaba en 2019 hasta los 291.000 millones de euros al cierre de 2021.
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