Tras semanas en las que el Ministerio de Trabajo parecía asumir que no contaría con el respaldo de los empresarios (y no lo necesitaba), Yolanda Díaz ha dado un giro a las conversaciones con la patronal y los sindicatos para tratar de acercar posiciones con una implementación más flexible. El acuerdo de coalición firmado por PSOE y Sumar recogía una reducción hasta las 38,5 horas semanales para 2024 para después aprobar las 37,5 horas en 2025. No obstante, una vez superado el ecuador del ejercicio, la prioridad ha pasado a ser reunir los apoyos suficientes y este calendario ha pasado a un segundo plano ante el temor de que Junts pudiera frenar la reforma una vez se inicie su tramitación parlamentaria.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dejó claro en el discurso de la asamblea general de CEOE de esta semana que los empresarios no se sienten en absoluto atados por los plazos que se fijó el Gobierno, a pesar de reconocer que la última propuesta de Trabajo daba pie a que haya una verdadera negociación. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, llevó a la mesa un nuevo texto en el que se reconocía un periodo transitorio en el que las empresas podrían calcular las horas de libre distribución -el 10% de la jornada anual- sobre el horario que tuvieran antes de aplicar las 37,5 horas que entrarían en vigor en 2025.
Los negociadores de los empresarios, sindicatos y Trabajo se darán cita el próximo miércoles para evaluar esta propuesta que también incluía una agravante en las sanciones por incumplimiento de la jornada si este había afectado "gravemente" a la salud de los trabajadores, que podría alcanzar los 984.000 euros en los supuestos más graves, como avanzó este medio. Esta es la alternativa que ha encontrado el equipo de Díaz a incrementar el número de horas extraordinarias como reclaman CEOE y Cepyme y se llegó a valorar en la mesa bipartita con CCOO y UGT, pero en opinión de la patronal no es una compensación suficiente para los efectos de esta ley.
La patronal cree que es fundamental que se respeten los convenios que están en vigor y, por tanto, sugieren retrasar la aplicación de la medida hasta que venzan los diferentes acuerdos laborales dado que reducir el número de horas de trabajo y mantener la remuneración implicaría una subida salarial que excedería la acordada en su momento. Los agentes sociales firmaron en 2023 el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2022-2025) en el que se pautaban incrementos del 3% para los dos años en discusión, por lo que creen oportuno que se retrase al menos hasta 2026 pese a que ciertos convenios puedan vencer incluso en 2028.
Los portavoces de los sindicatos también han tenido que adaptar sus intervenciones al giro presenciado en la mesa de negociación, por lo que pese a incidir en que la cuestión no se puede demorar 'sine die', están dispuestos a retrasar la entrada en vigor si así se consigue el respaldo de los empresarios -que entienden que facilitará la negociación posterior en cada uno de los convenios colectivos que se vean afectados- y también el parlamentario. Sin embargo, la primera cuestión pesa más en la balanza porque tienen presente la experiencia de la reforma laboral en la que la firma de CEOE no fue suficiente y se aprobó por un voto erróneo del PP.
El gesto realizado por Trabajo abre el camino, pero no sitúa a las partes mucho más cerca de un acuerdo, lo que deja al Ejecutivo sin margen para cumplir con lo reflejado en el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar si se da espacio a la negociación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, parecía señalar en esta dirección cuando declaró que el proceso podría extenderse meses tras solicitar a las empresas que hicieran un esfuerzo para reducir la jornada laboral.
En el caso de que patronal y sindicatos dieran su respaldo al texto, podría ser aprobado en Consejo de Ministros como real decreto-ley y acelerar su implementación (aunque parece difícil imaginar un escenario en el que se llegue a un acuerdo que incluya la introducción en 2024- pero de no ser así las fuentes consultadas creen que iría como proyecto de ley de forma que la tramitación que se extendería al menos tres meses, tampoco haría más fácil el cumplimiento de ese hito. En febrero, Sumar ya midió el apoyo que podría recibir esta política con una proposición no de ley en un debate donde se puso de relieve que el PNV no supondría un escollo, pero Junts sí.
En todo caso, si Trabajo persiste en su intento por convencer a la CEOE una vez ha mantenido contactos con grandes empresas del país que ya han introducido estos horarios, es improbable que el texto pueda cerrarse rápido. ¿El motivo? Hay una segunda pata de la reforma que se refiere al control de la jornada de trabajo, sobre la que las patronales ni siquiera han fijado una posición interna y, por tanto, no han valorado las líneas esbozadas por el Gobierno en las que se plantea que sea digital de forma obligatoria y que la Inspección de Trabajo pueda tener acceso en remoto con un sistema de alertas que avise ante sospechas de fraude basado en el uso de inteligencia artificial.
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