La reunión de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de este lunes ha concluido sin avances. Así lo han resumido los representantes de los sindicatos, Carlos Bravo y Cristina Estévez que denuncian que el Gobierno ha vuelto a acudir a la mesa sin presentar una propuesta que refleje por escrito su posición respecto a los cuatro temas que tienen abiertos en la negociación: la cotización de los fijos discontinuos a tiempo parcial, la jubilación parcial, la colaboración de las mutuas para tratar bajas de origen traumatológico y los coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada.
El departamento que dirige Elma Saiz se había marcado el objetivo de cerrar un texto definitivo en julio, sin embargo, los negociadores ponen en duda esta meta tras semanas esperando una propuesta en materia de compatibilidad entre empleo y pensión que ha estancado el diálogo. "No hay grandes novedades, entre otras cosas porque el Gobierno no ha traído ninguna nueva propuesta a la mesa. Ha hecho una recopilación de las materias que hemos estado abordando en las últimas semanas de forma verbal y ha tenido una respuesta por parte de todos los agentes sociales exigiendo una propuesta por escrito para poder abordarlos" ha resumido el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.
La secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT ha centrado su crítica en la "ausencia de perspectiva de género" en los dos planteamientos del Ministerio de Seguridad Social sobre jubilación. El sindicato denuncia que la penosidad -uno de los criterios a valorar para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación- aparece en el nuevo reglamento de forma "cosmética" y no conlleva una reducción en la edad legal de jubilación, algo que afecta a profesiones con más mujeres. Estévez también se ha mostrado crítica con la propuesta en materia de jubilación parcial por exigir una carrera de cotización de 38,5 años.
Ambos portavoces alejan las opciones de cerrar un documento en los próximos 15 días, a pesar de que todas las partes han quedado en reunirse el lunes, cuando esperan que sí se presente un borrador por escrito. Los representantes de los sindicatos y los empresarios llevan negociando estos temas desde el mes de enero -con una breve interrupción en la que se centraron en la compra de cotizaciones por antiguos becarios- y ambas partes reconocen que están cerca de un acuerdo en algunas cuestiones como las bajas de incapacidad temporal, pero los avances son escasos en la jubilación parcial, punto que los sindicatos consideran prioritario.
Sin embargo, el Ministerio dice estar "muy cerca de un acuerdo" gracias a la "intensa labor de negociación en los últimos días" y pone de relieve los cambios que ha planteado de forma verbal. "Desde el Ministerio se ha realizado una propuesta sobre la regulación de la jubilación parcial que consiste en prorrogar la regulación especial para los trabajadores de la industria manufacturera con ciertos elementos de convergencia hacia el planteamiento de la jubilación parcial ordinaria" ha explicado. Un paso que ya puso sobre la mesa hace meses y que no gustó a los negociadores por suponer un recorte del modelo anterior, que permitía adelantar este acceso a la jubilación hasta cuatro años.
El Gobierno apuesta por hacer converger lo más posible el modelo al que se pueden acoger solo los trabajadores de esta industria con el general, por lo que ha propuesto ampliar de dos a tres años el periodo en el que pueden dar este paso. No obstante, se vería acompañado de "algunos condicionantes" que contribuyan al mantenimiento del equilibrio del sistema de pensiones, los cuales no entra a detallar, pero podría suponer alguna cotización adicional como ya sucede en las profesiones que tienen reconocido el acceso a la jubilación anticipada.
La colaboración de las mutuas fue una de las cuestiones recogidas en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva pactado por los interlocutores sociales en mayo de 2023 y tenía por objetivo acelerar la recuperación de los trabajadores que estuvieran de baja, como respuesta al colapso del sistema público de atención primaria. Desde la patronal se buscaba extender su alcance a las incapacidades temporales con distinto origen -como las de salud mental que también han experimentado un alza importante- pero los sindicatos quieren delimitar su alcance y garantizar que los trabajadores tengan la capacidad de decidir sobre cada prueba.
También parecen haber acercado posturas respecto a los coeficientes de reducción de la edad de acceso a la jubilación, después de que Seguridad Social haya aceptado considerar la edad como un factor de riesgo para ciertas actividades económicas, como defendían tanto empresarios como representantes de los trabajadores. Seguridad Social quiere fijar una serie de criterios objetivos con los que determinar la penosidad, toxicidad o la peligrosidad de ciertas de un trabajo dado, en lugar de acordar una lista de profesiones que pueden tener reconocido este derecho y elevar su cotización social para compensar el aumento de gasto público.
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