El Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que se tramita en la actualidad en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, se está convirtiendo en una suerte de norma ómnibus para el Ministerio de Agricultura. Este medio informaba la semana pasada de que se había incluido también para elevar el rango la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Ahora, el departamento de Planas también se ha propuesto darle la vuelta a la representatividad en el campo y cumplir lo acordado con Unión de Uniones tras las tractoradas. En concreto, a través de varias enmiendas socialistas, se derogará la Ley 12/2014 e introducirá requisitos para determinar qué organizaciones son las más representativas. Algo muy relevante para recibir ayudas públicas.
Entre los requisitos propuestos, que tengan reconocidas esta condición por las comunidades autónomas, especialmente en aquellas que hayan celebrado elecciones a las cámaras agrarias en los cinco años anteriores a la vigencia de la futura Ley de Desperdicio Alimentario. Además de contar con "un número relevante de asociados a la organización" y "sedes permanentes"; así como de volumen de asistencia a agricultores y ganaderos en trámites para solicitar ayudas y contar con "un porcentaje relevante de una determinada producción nacional agrícola o ganadera". Si se logra la condición de organización más representativa se entrará a formar parte del Consejo Agrario, un órgano consultivo de Agricultura y parte activa en la elaboración de la normativa.
Cómo se distribuirán las subvenciones
Una cuestión diferente serán los criterios de reparto de las subvenciones. La enmienda socialista apunta que "las condiciones para determinar que una organización ostenta la condición de más representativa en el ámbito estatal, no prejuzgan los criterios de reparto de las subvenciones". Sobre esto último, la regulación sugerida establece que el 65% se distribuirá "a partes iguales entre el número de organizaciones profesionales que hayan sido declaradas más representativas de ámbito estatal".
Los socialistas proponen que el 65% de cada subvención se distribuya "a partes iguales" entre las organizaciones agrarias "más representativas del ámbito estatal" y el 35% restante por "un reparto ponderado".
Sin embargo, el 35% restante será fijado por "un reparto ponderado": el 12% será determinado en función a la estructura (número de trabajadores y sedes), mientras que otro 12% se determinará en base a la "implantación" (número de asociados, participación en órganos públicos como la comisión general de Enesa) y que pueda acreditar la interlocución con otras administraciones. El último 11% que resta para completar el 35% dependerá del número de expedientes gestionados por la organización agraria concreta.
Unión de Uniones: "No es lo ideal"
Para el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, los cambios que se introducirán a través de las enmiendas socialistas al Proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario son "un parche que viene a corregir una injusticia". Sin embargo, sí cree que es "un método mejor que la Ley de 2014 y que sirve para salir del bache", aunque reconoce que "no es lo ideal", ya que su organización reclama elecciones en todo el campo español.
Al hilo de lo anterior, el máximo responsable de Unión de Uniones, explica que la todavía vigente Ley 12/2014 no se ha llegado nunca a desarrollar reglamentariamente. "Han pasado 10 años y solo se han convocado elecciones en 4 autonomías, aunque pronto se hará en Asturias también", lamenta Cortés, quien descarta que los dos principales partidos tengan intención de abrir las urnas a nivel estatal. Tampoco cree que el Estado puede obligar a las comunidades autónomas a hacerlo. A su juicio se ha optado por "un sucedáneo", sobre el que agradece que "tenga en cuenta los resultados electorales, aunque solo ha votado un 33% del censo electoral" para determinar cuáles son las organizaciones agrarias más representativas.
"Han pasado 10 años y solo se han convocado elecciones en 4 autonomías, aunque pronto se hará en Asturias también", Luis Cortés (coordinador nacional de Unión de Uniones)
En este sentido, Cortés apunta que la representatividad no puede ser impuesta "ni del que más voces dé en una rotonda" y apunta, que en las autonomías que han celebrado elecciones (Cataluña, Extremadura, Madrid y Castilla y León), se ha visto la tendencia de que las 4 principales organizaciones agrarias en España son Asaja, COAG, UPA y la citada Unión de Uniones. "En las tractoradas de febrero muchos agricultores salieron al margen de las tres organizaciones agrarias más representativas (Asaja, COAG y UPA)", advierte el coordinador estatal de Unión de Uniones quien lamenta la ausencia de su organización en las negociaciones con el Ministerio durante las últimas manifestaciones.
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