Podemos ha propuesto a su socio de Gobierno topar el precio de los alimentos básicos tomando como referencia el valor que estos productos alcanzaron el 20 de febrero, al inicio de la guerra de Ucrania. Además, el espacio liderado por Ione Belarra se ha anticipado a una respuesta negativa del ala socialista del Ejecutivo y ha puesto sobre la mesa un plan alternativo: un nuevo impuesto para las grandes distribuidoras de alimentación. Sin embargo, la iniciativa de la formación morada parte con serias lagunas ya que la CNMC advirtió hace solo unos meses de que acordar un precio máximo para los alimentos era contrario a la normativa de competencia y el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
El portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Echenique, explicaba este lunes que su propuesta consiste en “hacer lo mismo que se hizo con las mascarillas en la pandemia”, fijar un precio máximo a la cesta básica de alimentos. No obstante, el alza de precios tiene un origen muy diferente. A mediados de 2020 se dio un contexto excepcional en el que los fabricantes y los vendedores de mascarillas elevaron el precio de venta de estos productos para ensanchar el margen de beneficios ante una demanda desmesurada. En cambio, la subida actual de los alimentos se explica por cómo el aumento de los costes de la energía ha contaminado todas las fases del proceso de producción, desde las granjas a la distribución.
La CNMC advirtió de que la medida era ilegal
Echenique ha admitido que Podemos es consciente de que "objetivamente han subido algunos costes", por lo que fijar un tope máximo a los alimentos podría poner en "tensión financiera" al pequeño y mediano comercio, para el que han propuesto un paquete de medidas directas. Aunque, dado que los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras no han crecido en los últimos meses, estas tampoco pueden asumir estas subidas para que no se trasladen al cliente. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas creció un 15,7% en 2022 tras registrar un aumento significativo en productos como la leche, los huevos, el aceite, los vegetales y la carne.
La formación morada retoma así la propuesta lanzada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el mes de septiembre que acabó en papel mojado. La líder de Sumar se reunió con representantes del sector y demandó que las grandes distribuidoras elaborasen una cesta de la compra asequible, dejando el tope de precios de lado, sin embargo solo una cadena de supermercados se sumó a la oferta. Entonces el organismo regulador de competencia señaló que "la fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el impulso de autoridades públicas, es un acuerdo de precios de los prohibidos", lo que la hace inviable legalmente.
Yolanda Díaz también hizo alusión a los beneficios de las grandes distribuidoras la semana pasada tras darse a conocer el dato de inflación de diciembre definitivo. Sin embargo ha insistido en que no habla de "intervenir", sino de alcanzar un acuerdo entre entre las distribuidoras y las asociaciones de consumidores y usuarios, algo que la ley actual tampoco permite. La titular de Trabajo ha asegurado que la propuesta de Podemos es "bienvenida" y ha valorado positivamente el movimiento de los morados, a pesar de que en los últimos días han protagonizado declaraciones cruzadas por la falta de concreción sobre la lista en la que se presentará el espacio a izquierda del PSOE en las próximas elecciones municipales y nacionales.
Sin el apoyo del PSOE ni de los empresarios
El PSOE no se ha pronunciado sobre la medida, aunque fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señalan a La Información que las medidas tomadas por el conjunto del Gobierno para aliviar la presión sobre la cesta de la compra apenas llevan dos semanas en vigor, por lo que consideran prudente esperar a conocer el dato de inflación de enero para valorar nuevas medidas. En el último paquete de medidas anticrisis, el Ejecutivo aprobó la reducción del IVA de un listado de productos básicos a partir del 1 de enero. Sin embargo, su impacto en el bolsillo de los ciudadanos ha sido reducido.
De hecho esta desisión recibió fuertes críticas tanto desde las filas de la oposición, dado que Alberto Núñez Feijóo cuestionó que no se hubiesen incluido productos como la carne o el pescado que resultan básicos en cualquier hogar y tienen un precio elevado, como de miembros del Consejo de Ministros como Yolanda Díaz que puso en cuestión la efectividad de la reducción del impuesto para bajar los precios y abogó por tomar medidas más ambiciosas. Como la actual propuesta, que tiene vistas de acabar en saco roto.
En cambio, los empresarios no ven con buenos ojos la propuesta del equipo de Ione Belarra. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado el anuncio de "propuesta populista" y ha advertido de que esta será la norma en el próximo periodo electoral a pesar de que se trata de "la apeor receta que se puede oír en un país". "El Gobierno o la gente que esté en el Gobierno tiene que ser más responsable", aseguró el representante de los empresarios en declaraciones a medios tras conocer la noticia.
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