La reducción de la jornada laboral está en el foco de las conversaciones entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos por lo que el resto de medidas incluidas en el programa de Gobierno y anunciadas por la vicepresidenta segunda quedan relegadas hasta que se apliquen las 37,5 horas de trabajo a la semana. No obstante, el entorno de Yolanda Díaz tiene claro cuál serán los pasos siguientes a seguir y en esta ruta, las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa sobre las reclamaciones impulsadas por los sindicatos tendrán un papel clave.
El órgano publicará este lunes la decisión sobre la denuncia impulsada por UGT en la que defendía que el límite de 33 días por año trabajado para las indemnizaciones por despido improcedente era contrario al artículo 24 de la Carta Social Europea (CES). Las partes conocen este fallo desde hace meses en los que estaba vigente un embargo que solo podía levantar el Gobierno y que ha decidido mantener. No obstante, el sindicato optó por adelantar que la resolución estimaba que la legislación aprobada en 2012 no tenía un efecto disuasorio de cara al empleador y tampoco era suficiente para cubrir los daños causados al trabajador despedido.
En los últimos meses, ha tenido lugar un intenso debate académico en el que diferentes expertos han cuestionado si era obligatorio o no trasladar a la norma el contenido de las decisiones del comité europeo. Desde UGT son tajantes al sostener que España decidió suscribir en 2021 este tratado internacional y, por tanto, está atada a él. En cualquier caso, tanto Díaz como el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, expresaron su voluntad de adaptar la ley para avanzar hacia el "despido restaurativo" que tiene un punto en el acuerdo de coalición, junto a la revisión de las causas que conducen a un cese. Si bien, fuentes próximas a la ministra retrasan este paso hasta que concluya la aprobación de la reducción de jornada laboral.
Esta espera concederá margen al CEDS para resolver la reclamación que presentó CCOO unos meses después, en la que también se apuntaba al artículo 24 pero incidía en la readmisión del trabajador -como ocurre con el despido nulo-, el salario de tramitación, que se fije una indemnización mínima y que se repare el daño por el abuso del contrato temporal. Hasta el momento, la respuesta oficial del Gobierno a través de los escritos enviados al comité no ha variado respecto a la reclamación de UGT y se ha centrado en defender el modelo español por su arraigo histórico en el que la indemnización siempre ha venido tasada por la ley.
Estas respuestas dieron lugar a un enfrentamiento velado entre el ala socialista del Gobierno y la encabezada por la ministra de Trabajo, por los intentos del Ministerio de Justicia de apartar a la representante española, Carmen Salcedo, del órgano de decisión, según publicó El País. Además, la Abogacía del Estado defendía en sus respuestas que ya se están dando sentencias que conceden indemnizaciones superiores a los 33 días que establece la norma impulsada por Fátima Báñez, por lo que no era preciso adaptar la ley para atender supuestos concretos en los que no se cubriera el daño causado al trabajador.
La ministra de Trabajo ya ha expresado su intención de convocar a los agentes sociales para abordar la regulación por despido, el tema que decidieron apartar de la negociación de la reforma laboral, un objetivo que fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda ligan al inicio de 2025. No obstante, el contenido de la segunda reclamación presentada por UGT, la referida al pago de las horas extra que el Estatuto de los Trabajadores no obliga a que sea superior al de una hora ordinaria ya se ha puesto sobre la mesa de reducción de jornada.
"Evidentemente se lo hemos trasladado, deberíamos evitarnos todos una nueva condena a España y presentamos un estudio en el que decíamos que éramos el único país europeo que no abona una hora extraordinaria por encima de una hora ordinaria" respondía el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, a la pregunta de este medio. El sindicato considera que se deberían remunerar un 25% más, lo que desde el Ministerio creen que es difícil de trasladar a la norma dado que ahora los convenios tienen la potestad para reflejar este plus. No obstante, la demanda también reclamaba un registro horario eficaz, como el que quiere implementar el Gobierno a través de la reforma de la ley de 2019.
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