A partir del año que viene, con las nuevas reglas fiscales a pleno rendimiento a nivel europeo, el déficit público se estancará en el entorno del 3%. Para que España pueda rebajar la ratio de deuda un punto porcentual al año va a necesitar mantener un ritmo de crecimiento de la economía elevado, algo que sólo es posible “con la recuperación de la inversión y con reformas”. La advertencia la hace la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) en su última actualización de previsiones económicas. Estas contemplan una mejora de los cálculos para este año, pero empeoran el panorama a partir del próximo ejercicio, cuando el PIB avanzaría un 1,8%, menos de lo que habían estimado previamente.
“El déficit y la deuda pública descenderán en porcentaje del PIB, fruto sobre todo de factores coyunturales”, añaden desde el ‘think tank’. Esta advertencia sobre el ajuste necesario y su fuerte dependencia a lo largo de los últimos años tanto del ciclo económico, como de elementos puntuales como la inflación, la han hecho también organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entre otros.
En un artículo reciente de su Boletín Económico, el BdE apuntaba que la reducción de la deuda pública en casi cuatro puntos hasta el 107,7% del PIB el año pasado obedeció sobre todo al crecimiento y no tanto al proceso de consolidación necesario. El avance de la economía en términos nominales redujo el endeudamiento en 8,8 puntos, a la vez que el déficit público primario, el aumento de los intereses de la deuda por el alza de los tipos de interés y el ajuste déficit-deuda contribuyeron a elevarlo. El problema está en cuánto tiempo puede ser sostenible esta situación en un contexto tan cargado de incertidumbre y en el que no está garantizado un ritmo de crecimiento tan intenso a medio plazo.
Hasta ahora el impacto de esa coyuntura ha sido evidente en las Arcas Públicas. La Autoridad Fiscal recuerda cómo los buenos datos de recaudación de los últimos años se han dado en buena medida por el efecto de la inflación. Así, pese a que el alza de los ingresos tributarios fue más contenida en 2023 que los dos ejercicios anteriores, del 6,4%, los precios intensificaron su aportación a ese crecimiento y llegaron a explicar “más de la mitad del aumento de la recaudación”.
En un documento técnico publicado el pasado jueves, el organismo que capitanea Cristina Herrero apunta que las variables macroeconómicas fueron responsables del 85% del aumento de la recaudación vía impuestos, con mayor contribución del componente de precios (55%) que del componente real (29%). Entre enero y mayo de este año los ingresos fiscales se han elevado un 8,2% con respecto al mismo periodo de hace un año hasta superar los 109.473 millones de euros, según la Agencia Tributaria. Las perspectivas son también positivas de cara al tercer trimestre por el impacto de la actividad turística, de las que se prevén cifras récord de llegadas y gasto.
Con todo, desde el Consejo General de Economistas advierten de que la ampliación de las medidas anticrisis para compensar los efectos de la inflación en hogares y empresas, así como el incremento del coste de la deuda cada vez más alto y el déficit acumulado de la Seguridad Social, entre otros factores, podrían poner en peligro conseguir la meta de déficit del 3%, situándose el agujero de las cuentas públicas en torno al 3,2% a cierre de este ejercicio.
El plan fiscal a medio plazo que reclama Bruselas
Los economistas sitúan a la vez la ratio de deuda sobre PIB en el 106%, seis décimas por debajo de lo que habían contemplado previamente gracias a la mejora esperada del crecimiento económico. Así, sitúan el avance del PIB en el 2,4%, en línea con la revisión al alza que tiene previsto hacer pública también el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa los próximos días, dato que servirá de base para la elaboración del nuevo cuadro macroeconómico y para los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
“A pesar de la buena evolución de la economía (...) hay factores que pueden afectar a dicha evolución, algunos exógenos, como las tensiones geopolíticas, y otros endógenos de nuestra economía, como es el alto nivel de la deuda con el coste financiero que implica, la alta tasa de paro y la dependencia de nuestra economía del sector servicios, sobre todo del turismo”, advierten desde el CGE. Son elementos que pueden complicar más la senda de consolidación a la que España se comprometerá en el plan de ajuste a medio plazo que debe remitir a la Comisión Europea antes del 20 de septiembre.
Ese plan es clave, dado que además puede salvar a España de entrar de nuevo en un procedimiento de déficit excesivo en caso de que el ritmo de reducción del endeudamiento no se ajuste a lo fijado por el nuevo marco europeo. La propia AIReF ha instado al Gobierno a aplicar un ajuste de más de 6.000 millones de euros al año para contribuir a rebajar el pasivo del conjunto de administraciones. Para lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas de acuerdo con las nuevas reglas, la AIReF apunta a un ‘tijeretazo’ anual del gasto primario de las Administraciones equivalente al 0,43% del PIB hasta 2031.
De momento, el Ministerio de Hacienda convocará el próximo 15 de julio a los responsables del ramo de las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Una reunión que servirá para acordar la senda de déficit y deuda de estas administraciones de cara a los siguientes tres años, así como el reparto de las entregas a cuenta para 2025.
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