El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admite que el convenio diseñado para que los antiguos becarios 'compren' tiempo cotizado no ha tenido un "resultado satisfactorio" ante las críticas vertidas por la comunidad universitaria y los representantes de los trabajadores. Así lo ha sostenido el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, a la salida de la reunión mantenida este lunes con la patronal y los sindicatos. El Gobierno se abre a hacer cambios sobre la orden ministerial publicada a inicios de mes, aunque no concreta qué medidas va a llevar a cabo e inicia un proceso de contactos con los actores para determinarlas.
El 'número dos' de la cartera que capitanea Elma Saiz ha recalcado que el texto que está siendo el centro de las críticas es producto del diálogo social, pero tanto CCOO como UGT señalan que la orden supone un incumplimiento de lo pactado en las mesas para reformar el sistema público de pensiones. La política se dirigía a aquellos jóvenes que hubieran hecho prácticas no remuneradas antes del 1 de enero de 2024 -cuando pasó a ser obligatoria la cotización de todas las becas no laborales- y a los que las hubieran realizado antes de 2011 con o sin pago a cambio. La idea era reeditar la fórmula pactada en 2011 por la que ya se permitió 'recuperar' dos años cotizados y ampliar el margen hasta un total de siete, es decir, permitir conseguir cinco más.
No obstante, tanto el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, como el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, han reprochado que los compromisos alcanzados hace tres años no se han respetado a la hora de redactar la orden ministerial. Los sindicatos llevaban meses reclamando que se publicara el texto para dar pie al convenio, por lo que al conocer el texto definitivo criticaron que las personas que quieren cubrir lagunas de cotización de años anteriores tengan que abonar la base de cotización mínima de 2024, la que es superior a la base máxima del año 2006, según han expuesto los portavoces.
La base mínima de cotización viene dada por el salario mínimo, que está fijado en 1.134 euros al mes. No obstante, en la memoria económica del proyecto de la orden que publicó La Información el Gobierno avanzaba un coste de 254,24 euros por cada mes que se quisiese adquirir como cotizado, lo que en el caso de querer adquirir los cinco años fijados como máximo en la orden ascendía a 15.000 euros. Un coste que los principales actores consideran inasumible por periodos en los que en la mayoría de los casos no obtenían ninguna remuneración y por el que desde Seguridad Social creían que solo se iban a interesar un 1% de los ex-becarios.
En su lugar, desde los sindicatos se propone que se tome el ejemplo de la negociación llevada a cabo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se tomen las bases de cotización de los periodos en los que se produjo la práctica formativa. Así como un coeficiente reductor que en ese caso fue del 0,77, una herramienta habitual en los convenios especiales de la Seguridad Social y que se permita fragmentar el pago. La orden publicada el 1 de mayo ya lo permitía, en tantos meses como meses se querían sumar, pero los representantes de los trabajadores entienden que podrían no ser suficiente dilatados para los casos de largos periodos de prácticas, como es el de los investigadores.
Fuentes de la negociación trasladan a este medio que la salida más factible es que se reduzca el importe a pagar por cada mes y que se amplíe el periodo a 'recuperar', ya que las partes aseguran que hay casos específicos que no quedan suficientemente protegidos con el diseño actual. El Ministerio de Seguridad Social recibirá el martes a las asociaciones científicas para abordar esta cuestión y abre una negociación con los agentes sociales para pulir los detalles de la nueva orden, que debe publicarse antes de que finalice este mes, por lo que retrasa el resto de temas abiertos en la mesa de diálogo social hasta que no se consiga dar respuesta a este problema.
La patronal, los sindicatos y Seguridad Social debaten desde hace meses un acuerdo que está compuesto de tres frentes: la jubilación parcial, los coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada y la posibilidad de que las mutuas ayuden a gestionar las bajas laborales por causa traumatológica. El último papel presentado por el Gobierno a inicios de mes no convenció a los agentes sociales, por endurecer las condiciones que permitían a los trabajadores de la industria manufacturera a su jubilación antes de alcanzar los 65 años con un contrato de relevo asociado, es decir, que un nuevo trabajador cubría la parte de la jornada que dejaban de desempeñar. Además, también reducía el porcentaje de pensión a percibir por los autónomos al optar por compaginar su actividad con parte de la nómina de jubilación.
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