El pasado julio, el Gobierno pisó el acelerador para aprobar el desarrollo reglamentario necesario para poner en marcha el fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) antes de las elecciones generales. Sin embargo, un año después, tras haber designado a las cinco gestoras que van a ofrecer los quince vehículos de ahorro y haber constituido la Comisión de Control Especial -cuyos integrantes han elegido el Ministerio de Seguridad Social, las patronales y los sindicatos- apenas ha dado sus primeros pasos y el departamento de Elma Saiz ha detectado que hay que hacer nuevos cambios en la normativa (y rápido).
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sometido al trámite de audiencia e información pública el borrador de un real decreto que modificará el reglamento de planes y fondos de pensiones y la orden ministerial que recoge la remuneración de los miembros de esa comisión. En la memoria que acompaña al texto, consultada por La Información, el Gobierno admite que estas lagunas han frenado el desarrollo de la gran apuesta de José Luis Escrivá. "La mejora reglamentaria que se propone sobre los aspectos necesarios y mejoras técnicas es urgente (...), ya que sin dicha regulación no puede continuar la efectiva puesta en marcha de algunas disposiciones de la Ley".
Una urgencia que se ha reflejado en la decisión de prescindir del trámite de consulta pública, aunque sí se ha remitido a audiencia de los agentes sociales. Desde el Ministerio no avanzan cuál será la fecha de aprobación del proyecto, si bien, solo tendrá que superar la reunión del Consejo de Ministros, dado que al tratarse de un real decreto no se requiere que sea convalidado por el Congreso después. No obstante, las fuentes del equipo de Elma Saiz confían en que estos cambios se traduzcan en un impulso que lleve a sumar más planes al fondo de promoción pública y se avance hacia el objetivo de 500 millones de euros de ahorro que cada una de las entidades seleccionadas tenía que alcanzar en tres años.
El citado real decreto haría posible que tanto la Comisión Promotora y de Seguimiento -integrada por nueve funcionarios de carrera- como la de Control Especial puedan solicitar asesoramiento jurídico en el ejercicio de sus funciones, eliminaría la posibilidad de que los planes de pensiones prevean el pago de prestaciones a los jubilados parciales -que sí podrán seguir haciendo aportaciones- y eliminaría la revisión anual de los planes que guarden un margen de solvencia con patrimonio no comprometido.
Además, incluiría la modificación de la Orden ISM/1198/2023 que recoge la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial para puntualizar que estos solo tendrán derecho a los 3.375 euros brutos al mes que les corresponden cuando los fondos alcancen -y mantengan- un ahorro de 1.000 millones de euros. Este pago se asigna por la asistencia a las reuniones periódicas que se celebran cada mes, trimestre o año en función de los objetivos de la cita y cuando las convoque el presidente del órgano. Si bien, las reuniones extraordinarias también tienen asociada una remuneración adicional que variará en función del patrimonio que gestionen los fondos, ya que tendrán que asumir este gasto.
El Gobierno también apela a revisar el régimen de incompatibilidades y conflictos de interés de los miembros de esta comisión, para solucionar algunos problemas planteados por la participación de representantes de las organizaciones empresariales. La nueva redacción excluye a los consejeros independientes de entidades privadas o públicas, docentes o investigadores de las universidades y los integrantes de la patronal que no estén vinculados con el sector financiero. Asimismo, permite que sean las organizaciones empresariales o sindicales que han nombrado a los representantes las que ingresen la remuneración que les correspondería por asistir a las reuniones, si así lo acuerdan.
El Ejecutivo de coalición confía en que este sea el último impulso que necesitan los vehículos de ahorro gestionados por VidaCaixa, BBVA, Caser Pensiones, Ibercaja Pensión y Santander Pensiones, registrados en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a mediados del mes de diciembre. Desde ese momento, el fondo de promoción pública ya puede empezar a integrar planes de pensiones de empleo, sin embargo, el retraso en el lanzamiento de la plataforma de promoción está frenando su avance, dado que a finales de febrero todavía no se había formalizado ningún 'enganche', según trasladaron a este medio diferentes fuentes del sector financiero.
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