Casi 11.500 millones de euros de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es la cantidad que se juega el Gobierno en el segundo semestre del año, que es el plazo comprometido con la Comisión para poner en marcha un ambicioso plan de reformas. El presidente Pedro Sánchez se enfrenta así a una auténtica yincana legislativa en el Congreso de los Diputados, donde no va a tener fácil la búsqueda de los apoyos necesarios para sacar adelante todas estas medidas antes de que acabe el año.
Aún faltan por cerrar alguna de las reformas comprometidas para junio de 2022, como la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, que aprobará el Consejo de Ministros este martes, o la nueva Ley Concursal, que la oposición en el Senado ha devuelto al Congreso al aprobar enmiendas en el último pleno del curso político de la cámara alta. Hay que recordar que esta reforma corresponde a la trasposición de una directiva europea que ya se encuentra fuera de plazo, por lo que el nuevo retraso puede implicar la imposición de sanciones a España por parte de Bruselas, además de poner en riesgo la recepción de los fondos Next Generation.
La Ley de Vivienda, la Ley sobre propiedad horizontal para facilitar la financiación de la rehabilitación, la Ley de refuerzo de la evaluación de las políticas públicas, la reforma de la Ley de Regímenes Administrativos Locales, la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, la Ley de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley de creación y crecimiento empresarial, la Ley de startups, la Ley de Ciberseguridad 5G, el Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado, y la reforma de la Ley para simplificar e incrementar la eficacia del sistema de incentivos a la contratación.
Son algunas de las reformas más importantes que el Gobierno debe tener listas antes de final de año. Las recopila el último Radar Next Generation EU de EY Insights, una publicación periódica que recoge las principales novedades de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación y que en esta ocasión dedica un capítulo especial a la segunda fase de la reforma de pensiones. "Unida a la reforma del sistema de cotización de autónomos, que la Comisión indica en su assesment que espera que contribuya de forma clara y positiva a la sostenibilidad del sistema, está comprometido el incremento de la base de cotización máxima (gradual durante los próximos 30 años), el aumento del período de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación y la publicación de una evaluación de impacto de las reformas", incide.
El documento añade que el assesment del segundo pago publicado por la Comisión indica expresamente que el riesgo de brecha fiscal provocado por las medidas que ya han sido tomadas necesitaría ser mitigado por las medidas pendientes, así como a través de la adecuada sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo que garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria, dando a entender que no considera suficiente cómo fue regulada en diciembre de 2021 y que podría necesitar ser revisado antes de que finalice 2022. "En todo caso, la evaluación del cumplimiento satisfactorio de estos hitos, junto con los correspondientes objetivos de inversión – de creciente participación en la ejecución del plan a partir de 2022 en detrimento de las reformas – no llegará previsiblemente antes del segundo semestre de 2023", proyecta.
El pasado 27 de junio, la Comisión Europea informó favorablemente el cumplimiento de los 40 hitos y objetivos ligados al segundo desembolso del PRTR, por importe de 12.000 millones de euros, el más elevado de todo el calendario de pagos previstos. Esta cifra, sumada a los 9.036 millones de euros de la prefinanciación y los 10.000 millones del primer desembolso, ambos ya recibidos en 2021, hace que la cifra total que España habrá recibido con este nuevo desembolso supere los 31.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno está ultimando la adenda para solicitar el apartado de préstamos y recalculando las transferencias no reembolsables con los más de 7.700 millones de euros adicionales que se recibirán por el peor desempeño del PIB en 2020 y 2021, tal y como fija el reglamento. Los trabajos en el ministerio que dirige Nadia Calviño son intensos estos días.
El segundo semestre del año -especialmente a la vuelta del verano- va a ser complejo. El Gobierno no solo se juega 11.500 millones de euros del Plan de Recuperación, sino que el Banco Central Europeo deje de proteger la prima de riesgo española, ya que el nuevo programa del supervisor único exige a los países que lo soliciten cumplir con los compromisos presentados en los planes de recuperación y resiliencia, así como con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea en el ámbito fiscal. Por eso para Pedro Sánchez es clave amarrar los apoyos necesarios para poner en marcha su ambicioso paquete de reformas antes de que acabe el año e ir perfilando la reforma fiscal, que debe estar en vigor antes del 31 de marzo de 2023 y debería iniciar su tramitación parlamentaria en septiembre si se configura como proyecto de ley. Y todo con los Presupuestos Generales del Estado pendientes también para la recta final del año. Vienen meses intensos.
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