Más de la mitad de los inmuebles que se asignan a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cuentan con inquilinos, aunque no todos ellos tienen un contrato legal en vigor. La entidad creada para gestionar los activos inmobiliarios problemáticos o 'tóxicos' de las cajas de ahorro está participada en más de un 50% por el Estado desde 2022 y es la principal palanca del Gobierno para desplegar su plan de alquiler asequible, lo que se ha traducido en un cambio en la forma en la que se responde a esta coyuntura.
Los esfuerzos han pasado a centrarse en conseguir que estos 'inquilinos' tengan ingresos suficientes para pagar el arrendamiento, ya sea a través de ayudas o con un empleo. Para ello se puso en marcha un programa de acompañamiento destinado a las personas que tenían un contrato ilegal, no vigente o habían entrado por 'patada en la puerta' y que habían sido calificadas como vulnerables por los servicios sociales municipales. En estos dos años, se han firmado 7.000 contratos de alquiler asequible con familias que se han comprometido a colaborar para mejorar su situación socioeconómica y un 90% de ellas ya abonan un arrendamiento.
Lo que además de contribuir en la esfera social se traduce en un beneficio económico, como subrayan desde Sareb, ya que revaloriza el precio de las viviendas que antes daban pérdidas y ordena una cartera que hasta hace unos años era irregular. Además, defienden que el coste generado por la puesta en marcha de estos gestores sociales se cubre por los ingresos de los alquileres de estos inmuebles, lo que hace sostenible esta política. En este momento, 3.800 familias están recibiendo este acompañamiento, lo que suma un total de 11.600 personas, entre las que hay muchos menores.
La prioridad de este programa -como también sucede en el de inserción laboral- es que estas personas consigan autonomía, por lo que se realiza un acompañamiento en el proceso de solicitud de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las becas de estudio o comedor a las que suelen tener derecho por su situación, pero que con frecuencia desconocen. En cambio, el segundo plan se centra en ayudarles a elaborar un curriculum, dotar de herramientas para afrontar una entrevista de trabajo y en último lugar, conectar ofertas de empleo con estos demandantes.
Esta segunda fase de inserción laboral lleva un año en funcionamiento y participan unas 2.700 personas, según los datos facilitados a este medio por Sareb. Buena parte de ellas asisten a cursos de formación (1.200) pero solo 200 han conseguido cerrar contratos de trabajo en sectores como la limpieza y el mantenimiento, servicios relacionados con la hostelería y el turismo o la construcción, aunque no todos ellos son indefinidos. La entidad reconoce que el número es modesto, pero confía en que crezca a medida que algunos beneficiarios terminen los cursos o sean derivados desde el primer plan de acompañamiento.
Hace algo más de un año, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que destinaría 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible. Después, el Ejecutivo reconoció que 14.000 de estas estaban habitadas y que casi 12.000 tenían que ser acondicionadas, dado que no cumplían con los requisitos mínimos para ser habitadas y otras 15.000 estaban aún por construir, por lo que solo 21.000 se podían poner a disposición de los ayuntamientos y comunidades autónomas para este fin.
Lo que pone en evidencia que desde el aumento de la participación del ente público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -dependiente del Ministerio de Economía- solo se ha atajado una parte del problema. A lo largo de 2023, Sareb obtuvo unos ingresos de 820 millones de euros por la venta de 16.754 activos residenciales, que en su mayoría fueron adquiridos por particulares a un precio medio de 90.000 euros, según refleja el último informe anual. Si bien, reconoce que "el mal estado de los inmuebles recibidos por Sareb" exigió destinar 51 millones a adecuar 5.250 inmuebles.
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