La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asegura que el Gobierno se encuentra trabajando en una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de considerar a los pisos turísticos como una actividad económica, y al mismo tiempo, dar una mayor capacidad a las comunidades de propietarios de los edificios para poder decidir si quieren que negocios de estas características estén presentes en sus bloques. Ante esta decisión, diferentes voces del sector, se alzan con cautela por la escasez de concreción de la medida y la falta de información sobre su alcance real en un sector clave para la economía española.
El portavoz y director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, señala que antes de legislar sobre los pisos turísticos es necesario hacer un análisis exhaustivo sobre su situación, para poder identificar de manera efectiva dónde se encuentran estos, cuál es su número exacto, en qué zonas han crecido más en el último tiempo, etc. Y que de esta manera los datos permitan elaborar las políticas en materia de vivienda, que puedan dar con las soluciones más acertadas para el sector. No tener una radiografía realista del sector aumenta el "ruido" y la desinformación en torno al mismo. En esta línea es en la que podría avanzar otra de las propuestas del Ejecutivo de crear una Plataforma de Registro Único Estatal, que sea capaz de reunir toda la información posible sobre las características de los apartamentos temporales turísticos en España.
Escaso peso sobre el total de viviendas
Según Ferran, el impacto que puede tener este tipo de medidas tanto de regulación como de prohibición en general de los pisos turísticos puede llegar a ser más bien relativo en los precios de la vivienda. Esto se debe a que el volumen de las mismas, respecto al total, es bajo. Un ejemplo de esto puede ser Barcelona, donde el número de apartamentos turísticos se encuentra en torno a los 10.000 según cifras del propio ayuntamiento, frente al total de 830.000 viviendas en alquiler que existen en la ciudad condal. Teniendo en cuenta, por otra parte, que todos los pisos dedicados en este momento al turismo vayan destinados al mercado residencial de vivienda habitual, lo que no se garantiza.
Por esta línea también se decanta Francesc Quintana, CEO y fundador de la agencia de intermediación inmobiliaria VIVENDEX, quien considera que el problema de base con la vivienda viene por el lado de la oferta. El directivo, que también ejerce el cargo de tesorero de la Asociació d'Agents immobiliaris de Catalunya (AIC), aboga por una planificación que permita mejorar la situación actual. Como, por ejemplo, la flexibilización de los usos de suelo que permitan construir más edificios residenciales, mencionando el caso de la Sagrera en Barcelona, donde en este momento solamente se tiene planificado construir oficinas en los solares disponibles del ayuntamiento. Quintana también propone soluciones alternativas como la agrupación de las licencias turísticas en edificios concretos, algo que ya se valoró en Barcelona, y que podría facilitar el trasvase de apartamentos turísticos esquivando las figuras de edificios de uso mixto, residencial y turístico.
A la hora de analizar si la presencia de pisos turísticos en un bloque condiciona la firma de un contrato de alquiler o compra de una vivienda Ferran Font indica que la situación actual de la oferta a unos niveles muy bajos, aparta a un lado estos condicionantes para priorizar otros más básicos como el precio o, en menor medida, la ubicación. Por último, el representante de Pisos.com señala que la incertidumbre general que envuelve al marco regulatorio de la vivienda impide a que tanto los propietarios como los potenciales compradores o inversores no se encuentren en una situación de confianza o tranquilidad que les permite realizar su actividad de manera adecuada.
Los administradores de fincas muestran cautela
Por otra parte, Lorenzo Viñas, miembro del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), lamenta que el Ministerio no les haya tenido en cuenta antes de anunciar esta propuesta pese a su buena relación y el contacto directo que tienen con los afectados por la norma. Se muestra cauto ante la medida ya que considera que falta mucha concreción en el anuncio, del que todavía no hay ningún borrador, para poder evaluar su futuro impacto. Además, destaca que en este momento las comunidades de vecinos ya tienen la capacidad, si reúnen al menos tres quintas partes de sus miembros, de limitar en gran medida la presencia de los apartamentos turísticos en sus edificios.
También indica que, aunque sí que existen problemas entre las familias residentes y los pisos turísticos por temas de ruido, suciedad u otros problemas, no son muy habituales. Aboga, por tanto, por recoger el pañuelo que ofrece el gobierno con la posible modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal, para intentar darle un calado más profundo que sea capaz de diferenciar entre las distintas zonas en función de cuál es el impacto del alquiler turístico en ellas e intentar que la norma se adecúe lo más posible a ellas, antes de realizar una norma general que perdería efecto en función de las distintas comunidades o regiones de España. Para ello también defiende un método de estudio que consiga dar una imagen completa del sector, algo que ya han trasladado en la mesa interdisciplinar para la Ley de Arrendamientos Urbanos.
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