Seis de las diecisiete comunidades autónomas incumplirán este año el objetivo de cerrar sus cuentas en equilibrio presupuestario y todas desviarán su gasto del límite fijado tanto a nivel nacional como europeo en plena entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales. La advertencia la ha lanzado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha reclamado al Gobierno poner a funcionar la maquinaria de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para activar las medidas correctivas que contempla y evitar males mayores.
Este toque de atención coincide con un momento de especial agitación en el ámbito autonómico. Cada vez más ejecutivos regionales reclaman al ministerio de Hacienda que aborde de una vez por todas la reforma de la financiación -pendiente desde hace una década- y los territorios gobernados por el PP (y algunos gobernados por el PSOE, como Castilla-La Mancha) están en pie de guerra por la propuesta de financiación singular para Cataluña, como evidenciaron en la reunión del Consejo de Política Fiscal celebrada el pasado lunes.
Esto, mientras sigue en pie para las autonomías que deseen adherirse la propuesta de condonación de parte de su deuda, que pasará a asumir el Estado. Fuentes de la Autoridad Fiscal inciden en que esa quita se considerará muy probablemente una transferencia de capital en términos de Contabilidad Nacional, lo que restringirá la capacidad de gasto del Estado en el momento en que se produzca en favor de la de las autonomías -y por la cuantía que se acuerde finalmente-.
Hasta ahora sólo han trascendido los 15.000 millones de deuda que se 'perdonarían' a Cataluña y a lo largo de este mes técnicos del departamento que encabeza María Jesús Montero se irán reuniendo con las consejerías del ramo para ir perfilando el funcionamiento del mecanismo. Es un tema que también genera suspicacias de una parte de comunidades, especialmente entre las que se financian por sus propios medios en los mercados.
Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha
En su 'Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto', el organismo fiscalizador coloca en una peor situación presupuestaria al cierre de este ejercicio a Comunidad Valenciana (-1,9% de déficit) y Murcia (-1,6%), dos de las tres que acumulan un mayor nivel de deuda en relación a su PIB y ambas 'infrafinanciadas' por el actual modelo de reparto, según Fedea.
Habrá otras cuatro regiones que no logren cerrar sus cuentas en el equilibrio que les exigen los objetivos de estabilidad (Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía), mientras que el resto despedirán el año en superávit, que será especialmente amplio en Asturias (+1,1%) y en Baleares y Navarra (+0,8). El conjunto del sector registrará un desequilibrio entre ingresos y gastos equivalente al 0,3% de su PIB.
Con todo, la clave de la aplicación de la nueva gobernanza europea (de las citadas reglas fiscales) no está tanto en el déficit como en la deuda y en el cumplimiento de la regla de gasto, que exige al conjunto de las administraciones públicas españolas no elevarlo por encima del 2,6% en el ejercicio para poder cumplir con la corrección paulatina de sus desequilibrios fiscales.
En este punto es donde la AIReF aprecia el principal problema en su informe. Todas las comunidades autónomas elevarán su gasto por encima de ese nivel y la desviación será especialmente acusada en el caso de Baleares (11,2%), Cantabria (10,7%), Navarra (10,4%), Galicia (9%), Asturias (8,9%) y Canarias (8,5%).
El conjunto de autonomías incrementará su gasto un 6,7%, más del doble de lo estipulado, y dado que el fiscalizador también prevé que la Administración Central y las entidades locales lo sobrepasen, advierte de las consecuencias. España no sólo incumpliría las reglas fiscales a partir de 2025, sino que se encontrará en una peor situación de partida en la elaboración de su plan de ajuste fiscal a medio plazo y deberá hacer un esfuerzo de contención todavía mayor.
El problema de depender del ciclo económico
Una parte importante de la consolidación ha venido dada por el ciclo económico, dado que la evolución más positiva de la economía ha permitido rebajar la ratio de deuda del conjunto de las administraciones. Eso también ha sido así en el caso particular de buena parte de las regiones. El problema es que la actividad irá perdiendo dinamismo los próximos años. De hecho, la AIReF pone en duda la previsión del Gobierno de que el PIB vaya a crecer en el entorno del 2% en 2026 y 2027.
Las autonomías más endeudadas son las que afrontarán las mayores dificultades. Según la Autoridad Fiscal, la Comunidad Valenciana apenas habrá reducido su nivel de deuda una décima hasta el 42,1% del PIB a cierre de este año. La segunda en una peor situación es Murcia (que la elevará tres décimas hasta el 31,5%), seguida de Castilla-La Mancha, que despedirá el ejercicio con un endeudamiento del 31,4% (cinco décimas inferior al del año previo) y Cataluña, con un 30,4%, seis décimas por debajo del año anterior.
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