Los gestores de la red de distribución manejaron en 2023 más solicitudes de acceso y conexión de demanda que durante los tres años anteriores en conjunto. En concreto, el año pasado las peticiones englobaron una potencial total de 30,7 gigavatios (GW), frente a los 24,3 GW de 2020, 2021 y 2022, según datos facilitados a La Información por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec).
Los accesos de distribución se conectan a la red de transporte, es decir, para que la red de distribución tenga capacidad para grandes demandas la tiene que haber también en transporte. Con estos números, el sector puso el grito en el cielo cuando el Ministerio para la Transición Ecológica dejó más de 6 GW fuera de la modificación puntual al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2026 que se aprobó en abril. Las estimaciones sitúan en 60.000 millones de euros la pérdida de riqueza a razón de 10 millones de euros por megavatio (MW), según publicó Europa Press.
Además, el sector calcula que dicha potencia supondría un incremento del 15% de la demanda de electricidad en España. De la misma manera, advirtió de que se podrían haber generado unos 30.000 empleos ligados a estos proyectos. Las distribuidoras se vieron obligadas a comunicar por carta a cientos de industrias que sus peticiones de acceso a la red no había sido aceptadas. Antes de la aprobación de la modificación puntual, Aelec ya subrayó en un manifiesto la importancia de adaptar la planificación vigente de la red de transporte para atender, entre otras cosas, a las nuevas demandas que se quieren instalar en España gracias a una luz 'barata' por la explosión renovable.
La falta de demanda limita el crecimiento económico
Según la patronal, no incluir las actuaciones que solicitó la distribución implica poner en riesgo los objetivos climáticos y limitar la imagen y el crecimiento económico España, eliminando como consecuencia las externalidades positivas en materia de inversión, crecimiento, I+D, empleo e impuestos de los nuevos proyectos industriales a los que no se les brindó el acceso.
En este sentido, lo que piden las distribuidoras eléctricas es que se identifique la nueva demanda en función de los distintos polos industriales del país, como puede ser, por ejemplo, el polígono petroquímico de Tarragona, con el fin de que se anticipen las inversiones y se dote al sistema de una mayor flexibilidad. Francia ya lo hace así: ha identificado más de 90 puntos y anticipado nueva potencia con un horizonte a diez años vista.
En España, el acceso de los proyectos a la red eléctrica, como un centro de datos o una fábrica de baterías para coches eléctricos, funciona bajo un modelo de ventanilla, es decir, a petición del propio interesado. Y el sector se queja de que ante tan falta de previsión, los permisos para el acceso y conexión pueden demorarse hasta cinco años, lo que supone un riesgo potencial para de fuga de las inversiones a países donde conseguir el acceso a la red sea más sencillo. En este punto, el sector valora que se apueste cada vez más por conectar a la red generación renovable, pero no entiende una explosión de la producción 'verde' sin grandes consumidores detrás dispuestos a gastar esta electricidad. El año pasado España fue el tercer país europeo con más recortes de producción renovable por la congestión de la red eléctrica.
La distribución reclama una planificación vinculante
Las empresas consultadas también ponen de manifiesto que la distribución no dispone en España de una planificación vinculante -como sí disfruta el transporte-. Andalucía ha sido pionera con el lanzamiento -en febrero de este año- de una manifestación de interés dirigida a empresas o entidades promotoras de proyectos, así como a gestoras de espacios productivos y demás interesadas, que requieran de nueva potencia eléctrica o ampliar la ya disponible. La petición de colaboración a empresas y entidades para evaluar las necesidades de potencia eléctrica en el desarrollo de proyectos industriales en el territorio llegó tras que el Gobierno de Juanma Moreno acusara al Gobierno central de limitar el crecimiento de la región bajo la propuesta de modificación puntual del transporte.
Un mes después, la cartera que dirige Teresa Ribera hizo lo propio pero sobre los nudos destinados a celebrar concursos de capacidad de acceso de generación a la red. El objetivo de Transición Ecológica era incrementar el conocimiento de la Administración sobre las demandas de acceso y el detalle de los proyectos interesados en cada nudo, con el fin de lograr un mayor éxito en los concursos que permitirán instalar proyectos de renovables y almacenamiento. A principios de año, había más de 300 nudos reservados para concurso o posible concurso de acceso y conexión a la red eléctrica repartidos por todo el país que sumaban casi 130 GW, tal y como publicó este medio.
Endesa eleva la presión en un momento clave
Bajo este escenario, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, defendió este miércoles, aprovechando la presentación de resultados semestrales de la compañía, que las redes eléctricas deben convertirse en facilitadoras del proceso de descarbonización. Denunció que, en la actualidad, no están dimensionadas adecuadamente para satisfacer los requisitos de la nueva demanda. La compañía, que se integran en Aelec junto con Iberdrola y EDP -además de otros socios de perfil más tecnológico-, también informó de que se han rechazado 30 GW de solicitudes de acceso entre 2020 y 2023.
En este sentido, Bogas hizo hincapié en la necesidad de aumentar las inversiones en redes a 2030 y que la actividad de la distribución sea remunerada -en su opinión- como es debido. Endesa ha sido la primera gran eléctrica del país en decir públicamente cuánto debe aumentar la tasa de retribución financiera. Aboga por elevarla en línea con otros países europeos en los que ya ha finalizado la actualización regulatoria de la remuneración de este negocio y pide una tasa para España que se sitúe en una horquilla de entre el 7,3% y el 8,7%, frente al 5,58% actual.
Más inversión si cambia la regulación
Enel, matriz de Endesa, ha afirmado que cualquier ajuste a nivel normativo "podría conllevar un incremento de la inversión" en España. De este modo, dentro de su plan inversor para 2024-2026, la partida que gestionará Endesa y estará destinada a redes (2.000 millones netos) está "condicionada a una mayor visibilidad sobre el periodo regulatorio 2026-2031 en cuanto a la remuneración". En la misma línea, Iberdrola defiende que en todos los países la rentabilidad regulatoria está protegida contra la inflación, aunque no en el caso del territorio nacional. De su lado, Naturgy destinará 1.340 millones hasta 2027 para reforzar la red en España.
Las grandes distribuidoras eléctricas del país son Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa (Naturgy) y EDP, mientras que hay centenares de menor tamaño integradas en asociaciones como CIDE o la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME). La TRF española del periodo regulatorio vigente está por debajo de la de EE UU (8,5%), Reino Unido (7,5%) y Brasil (16%). En términos generales, los países latinoamericanos conllevan un mayor riesgo, lo que impulsa a establecer metodologías de "WACCs reales" y más elevadas con el objetivo de proporcionar seguridad a los inversores.
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