Sumar ha solicitado al Congreso revisar los contratos públicos que Vodafone mantiene con la Administración General del Estado. Esta propuesta surge tras el anuncio del fondo británico Zegona, encargado del negocio de Vodafone en España desde principios de este mes, sobre la intención de implementar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a un máximo de 1.198 empleados, lo que representa el 36,7% de la plantilla.
En una batería de preguntas parlamentarias, los diputados Félix Alonso y Enrique Santiago y las diputadas Aina Vidal y Verónica Martínez han aseverado que el despido colectivo en la 'teleco' supone una "gran preocupación social", pues unas 500 personas de más de 54 años se pueden ver afectadas y, en términos de empleo indirecto, hasta 14.000 puestos de trabajo se ponen en riesgo.
Además, el grupo plurinacional incide que la plantilla actual de Vodafone está "muy ajustada" considerando que han sufrido cinco despidos colectivos desde 2013 y "apenas supone el 3% del coste operativo de la compañía". Asimismo, ponen en el foco la "vertiginosa rapidez" de Zegona para tomar la decisión del ERE apenas 15 días después de comprar la empresa.
Revisión también de las subvenciones públicas
Con este panorama, Alonso, Santiago, Vidal y Martínez Barbero preguntan al Gobierno qué contratos y por qué cuantía tiene en la actualidad la empresa Vodafone con la Administración General del Estado, así como por si ha recibido ayudas ligadas a los fondos europeos.
También recuerdan que la Ley de Contratos del Sector Público prevé la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato, establece que los órganos de contratación rechacen las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.
"¿Disponen los contratos de Vodafone de dichas cláusulas? ¿De cláusulas sociales en concreto?", preguntan los diputados y diputadas en la iniciativa parlamentaria, a la que ha accedido Europa Press. Asimismo, se interesan por saber si Vodafone ha recibido ayudas o subvenciones públicas en el marco de alguno de los instrumentos Next Generation, y en caso de haberlas recibido, cuántas son y a qué importe ascienden.
Por último, el grupo de Sumar en el Congreso pregunta al Ejecutivo sobre las medidas que prevé adoptar en caso de que, a consecuencia del despido, la calidad del servicio de la operadora con las entidades públicas se vea afectado; y si considera positiva la reducción del número de operadores en el mercado de las comunicaciones que ha acontecido los últimos años en España.
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