La reforma laboral de 2021 extendió el uso de los contratos indefinidos al reducir los acuerdos temporales a una serie de supuestos muy concretos y esta ha pasado a ser la figura protagonista del crecimiento del empleo registrado en los últimos años. Sin embargo, esta evolución se ha visto acompañada por un incremento de los ceses por no superar el periodo de prueba, que ha hecho saltar las alarmas de la Inspección de Trabajo ante un posible abuso de algunas empresas, pero que también ha elevado el número de procesos abiertos en los tribunales por los casos en los que la decisión coincide con supuestos con una guarda legal, como las bajas.
"Del lado del trabajador en ocasiones también se está haciendo un mal uso del periodo de prueba o al menos, intentan blindarse durante este periodo" explica la socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Escalona & de Fuentes, Eva Hernández, a La Información. "Cuando un trabajador causa baja médica, se sitúa en una posición de incapacidad temporal (IT) y fuerza un eventual despido para alegar la nulidad por razones de discriminación" describe. Esta posibilidad fue introducida por la ley 15/2022 que recogió la discapacidad y la condición de salud, por lo que el trabajador puede argumentar que el cese se ha producido por este motivo y dificultar a la empresa su salida.
El socio coordinador del área laboral de Ceca Magán, Enrique Ceca, coincide en que a pesar de que esta no es una protección objetiva de cara al cese, sí complica la decisión de la empresa, dado que el empleado gana un argumento de cara al proceso judicial. "Esta protección también existe para víctimas de violencia de género, bajas de maternidad o paternidad o en los primeros doce meses tras el nacimiento o la acogida. Si no está en estas situaciones y cree que van a prescindir de él, puede ser que opte por solicitar una baja, ya que aunque la mayoría están justificadas, se dan con cierta facilidad" argumenta en conversación con este medio.
Estas guardas legales han llevado a un aumento de los procedimientos judiciales relacionados con los ceses en periodo de prueba, puesto que en términos generales tanto el trabajador como la empresa puede poner fin a la relación contractual, sin preaviso y sin alegar una causa concreta. Los expertos consultados coinciden en que es difícil que la empresa consiga demostrar ante un juez que el trabajador ha cometido un fraude, por lo que la defensa suele centrarse en explicar que la decisión se justifica en el desempeño del profesional durante los días que ha estado activo. Si no lo consigue, el despido será declarado nulo, tendrá que readmitirlo de forma inmediata y abonar los salarios de tramitación (los no percibidos durante los meses en los que se haya extendido el proceso judicial).
Esta situación ha llevado a las compañías a cuidar más la redacción de la carta en la que comunican la decisión del cese, como traslada la socia de Escalona & Fuentes. "Ante esto, los abogados estamos haciendo cartas no refiriéndonos solo al artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, sino justificándolas para que no sea un móvil discriminatorio, a fin de poder demostrar ante un tribunal que no se satisfacen las expectativas o los estándares y que la actitud del trabajador no era la esperada" apunta Hernández. Es decir, ha dado mayor peso a la labor de prevención que ofrecen los despachos antes de que la compañía llegue a los tribunales.
Por el momento, los tribunales han emitido sentencias a favor y en contra de las empresas, a falta de que el Tribunal Supremo unifique el criterio. En septiembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Valladolid dio la razón a la empresa porque se acreditó que no conocía que la persona estaba de baja y en julio de 2023, el de Madrid también resolvió en este sentido al probar que se había producido una caída del rendimiento del trabajador. En cambio, a comienzos de 2023 y 2024 los de Cataluña y Galicia resolvieron a favor del empleado y reconocieron esta protección.
Estos casos son especialmente relevantes en un contexto en el que las estadísticas también hacen referencia a un incremento de las bajas por incapacidad temporal después de la pandemia del coronavirus al que los académicos y el Gobierno no aciertan a dar una explicación clara, pero que forma parte del problema de absentismo al que a menudo se refiere CEOE. Según un estudio elaborado recientemente por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), las bajas laborales tienen un coste anual superior a los 17.000 millones de euros y en 2023 se perdieron 396 millones de jornadas solo por IT, un 62% más que en el año 2018.
Comentarios