"¿Por qué tenemos que depender de Cataluña para mejorar nuestra financiación?". Es la reflexión que han trasladado tres gobiernos socialistas al Ejecutivo de Mariano Rajoy insistiendo en la necesidad para sus respectivas regiones de modificar el actual modelo de financiación autonómica. Durante estas semanas primaverales se han intensificado las conversaciones entre los barones del PSOE y el ministro de Hacienda con la vista puesta en mejorar el actual reparto de los ingresos. Pero siempre ha surgido el mismo problema: la ausencia del Govern catalán en las negociaciones. Ahora, con la investidura de Quim Torra, los actores implicados vaticinan que el acuerdo para aprobar un nuevo modelo de financiación va para largo y han planteado una solución intermedia.
Los contactos entre Moncloa y Hacienda con los gobiernos autonómicos del PSOE han sido múltiples. Rajoy ha recibido a Susana Díaz y Javier Lambán en persona y Cristóbal Montoro se ha limitado a negociar con otros barones autonómicos. Son unas primeras tomas de contacto con los primeros espadas ya que, por otro lado, están existiendo conversaciones a nivel técnico entre el Gobierno central y los autonómicos. Todo ello al margen de Cataluña, a quien Rajoy está esperando para que ocupe un asiento en las futuras negociaciones.
En estas conversaciones reservadas con el Gobierno, tres autonomías gobernadas por el PSOE han propuesto una reforma parcial del actual modelo. Se trata de Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, tres regiones que, al igual que otras gobernadas por el PP como Castilla y León, salen perjudicadas del actual reparto de los fondos debido a la extensión de su territorio (el conocido como Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales). Su queja es que no se pueden ofrecer los mismos servicios sociales y al mismo precio en sus regiones que en otras donde la concentración de la población sea mayor. Desplazar una ambulancia a alguna comarca extremeña, por ejemplo, es más costoso que hacerlo en Baleares.
La propuesta de estos tres barones socialistas (Guillermo Fernández Vara, Emiliano García-Page y Javier Lambán) al Gobierno de Rajoy pasa, por tanto, por aplicar un parche temporal al actual modelo y dejar la reforma para más adelante, ya con Cataluña incorporada a las negociaciones. Plantean, además, que ese parche se pueda aplicar antes de este mismo verano, ya que consideran legítimas algunas de sus reivindicaciones.
IVA, deuda y liquidaciones
Entre las peticiones que han elevado a Rajoy y Montoro se encuentran algunas de sus quejas históricas. Por ejemplo, repartir la famosa subida de tres puntos en el IVA (del 18 al 21%) que aplicó el Gobierno central en el verano de 2012, hace ahora seis años, una recaudación que no ha llegado a las autonomías y que se quedó Hacienda de manera íntegra. Otra queja de las tres 'baronías' socialistas es que las liquidaciones que les corresponden por IRPF, IVA, impuestos especiales o transferencias de fondos les lleguen con una mayor rapidez a sus arcas. Y, por último, también plantean que se pueda reestructurar la deuda, algo a que Montoro ya se ha mostrado dispuesto a modificar.
La propuesta de estas autonomías socialistas llega a la desesperada. Son conscientes de que resulta a todas luces imposible aprobar un nuevo modelo de financiación a corto y medio plazo, más si cabe sin la participación de Cataluña, de ahí que planteen una solución intermedia que pueda dar oxígeno a sus cuentas. En las negociaciones se habría llegado a hablar de que fuera el Gobierno de Rajoy, en virtud del artículo 155, quien negociara en nombre de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero tanto Moncloa como Hacienda se inclinan por esperar al nuevo Govern para sentarse a negociar. "Otra cosa es que luego dejen vacía la silla, como hizo Puigdemont en la Conferencia de Presidentes" de enero de 2017, apuntan fuentes gubernamentales.
Fuentes de Hacienda aseguran que no comentan el contenido de conversaciones privadas del ministro Montoro con los barones socialistas, pero sí admiten que se están produciendo contactos con el objetivo de preparar esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Rajoy aseguró que lo convocaría en mayo, pero ya no quedan apenas días durante este mes. El calendario de Moncloa, por tanto, contempla retrasar el cónclave a junio una vez se dé luz verde, como prevén, a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, esos que garantizarán que el Gobierno cumpla la legislatura.
La futura negociación con el Govern catalán se antoja, como mínimo, tensa. Rajoy está dispuesto a sentarse con Torra, pero los primeros pasos del president investido ya anticipan tensión. Lo mismo sucede a la hora de hablar de dinero: se invitará al futuro consejero del ramo económico a participar en las negociaciones con el resto de autonomías, pero Montoro ya ha advertido que endurecerá el control financiero sobre las cuentas de la Generalitat. Fuentes cercanas al Consejo de Política Fiscal y Financiera ya apuntaban hace unos días que se avecina un nuevo conflicto incluso aún más duro que cuando Oriol Junqueras ocupaba una silla en dicho órgano. No descartan, incluso, que el futuro consejero ni siquiera acuda a estas reuniones en el Ministerio de Hacienda, como ocurrió en una de las últimas antes del 1-O cuando Junqueras delegó su participación en el consejero de Justicia, Carles Mundó.
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