El Tribunal de Cuentas ha lanzado una nueva alerta roja a las Cortes Generales y ha propuesto adoptar de forma "urgente" medidas para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social, que contaba con un patrimonio neto negativo a 31 de diciembre de 2022 de casi 89.000 millones de euros.
El organismo ha informado este viernes de la aprobación en pleno de la declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2022, en la que se "enfatiza" que el balance de la Seguridad Social recoge por sexto año consecutivo un patrimonio neto negativo (la deuda supera el patrimonio).
Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado que ya se han ido tomando medidas al respecto, como la inclusión del fondo de reserva (hucha de las pensiones) dentro del patrimonio neto desde el ejercicio 2023 y como la decisión de avanzar en la separación de fuentes aumentando el ritmo de transferencias corrientes a la Seguridad Social, en lugar de recurrir al préstamo.
Problemas en la Seguridad Social
"Si los gastos son ordinarios, lo normal es acudir a transferencias corrientes", destacan las mismas fuentes, que inciden en que el problema deriva de que la Seguridad Social ha estado asumiendo durante muchos años gastos no contributivos que correspondían íntegramente al Estado, como los complementos a mínimos de las pensiones.
En 2022 el Estado otorgó un préstamo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 6.981,6 millones, de manera que el endeudamiento total subió a 106.162,6 millones, equivalentes al 7,99 % del PIB, aunque también se efectuaron transferencias por 18.396 millones.
La situación financiera de la Seguridad Social está recogida en la parte de la declaración que se conoce como "párrafos de énfasis" que no tienen que ver con incorrecciones contables, pero que el Tribunal de Cuentas considera que hay que reseñar. En este apartado incluye también que la deuda del Estado ascendía al cierre de 2022 a 1,33 billones de euros.
Opinión favorable pese a todo
Sin embargo, el tribunal ha emitido una opinión favorable en términos generales de la cuenta del Estado de 2022, aunque con algunas salvedades, como la incorrecta imputación temporal de ingresos y gastos que ha dado lugar a una infravaloración del resultado presupuestario consolidado de 7.680,5 millones de euros.
Otra deficiencia tiene que ver con la sobrevaloración de deudores tributarios por importe de 3.195,6 millones y con la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE (servicio público de empleo) y Fogasa (fondo de garantía salarial) por 2.103,4 millones.
A ello se suman 660,4 millones por la falta de registro de los intereses de demora asociados a las deudas por cotizaciones sociales y 673,5 millones por las dudas razonables de que se vaya a cobrar la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro que ha sido objeto de moratoria desde 1995.
En las sugerencias a las Cortes que derivan de lo observado en la cuenta del Estado, el tribunal pide una vez más que inste al Gobierno a modificar la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar su informe en el plazo más cercano posible al ejercicio al que se refiera.
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