El presidente de UBS, Axel Weber, ha asegurado este miércoles que cuando el banco Santander quiso fichar al banquero italiano Andrea Orcel estaba al tanto de que los ejecutivos que se iban de forma voluntaria de la entidad suiza perdían el derecho a percibir las retribuciones diferidas. El Santander frustró la contratación tras constatar que tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido de Orcel de siete años, un precio que no había sido posible anticipar cuando se anunció el fichaje y que el banco no esperaba tener que afrontar en solitario.
La entidad que preside Ana Botín defiende que Orcel, actual presidente de Unicredit y que ha acudido este miércoles en persona a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, aumentó sus pretensiones y expresó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida retributiva por su salida de UBS en concepto de la no percepción de dividendos e intereses.
Pero Weber, que ha declarado este miércoles como testigo por videoconferencia ante el juzgado de primera instancia nº 46 de Madrid, ha asegurado que mantuvo con Botín dos conversaciones telefónicas en septiembre de 2018, en las que le informó de que al tratarse de una renuncia voluntaria aplicarían las normas vigentes en UBS, algo que ya habían decidido el consejo de administración y la comisión de retribuciones, según recuerda Efe.
Además, en enero de 2019, y "en respuesta a unos rumores que había sobre la política general del banco" provocados por la salida de Orcel, UBS realizó una declaración a Bloomberg sobre la política interna de no pagar el diferido cuando un empleado se marcha voluntariamente a trabajar a otra entidad financiera.
Un total de 77 millones
La disputa entre el banquero y la entidad que preside Ana Botín comenzó en verano de 2019, cuando el italiano demandó al banco por dar marcha atrás a comienzos de ese año a su contratación y después de abandonar su puesto de alta dirección en UBS. En un primer momento, Orcel solicitaba 112 millones de euros; sin embargo, poco antes del juicio decidió rebajar esta cantidad a unos 77 millones, y renunciar a la principal pretensión de su demanda, ser nombrado "número dos" de la entidad española.
De estos 77 millones, 17 corresponderían a la prima de incorporación; 30 millones, al paquete pendiente de recibir de UBS; unos 20 millones en concepto de las dos anualidades que habría percibido como consejero delegado del Santander; y 10 millones, por daños reputacionales. Weber ha asegurado no recordar si ha habido otros casos similares al de Orcel en UBS, y se ha remitido al director de Compensaciones de la entidad, John Shelton, que también ha declarado hoy como testigo.
Aunque ha reconocido que mantuvo varias conversaciones con Orcel antes y después del mes de septiembre de 2018, cuando el banquero decidió irse al Santander, en ellas "solo se habló de su transición a otro empleo pero no sobre su retribución". "Orcel sacaba el tema pero yo no estaba dispuesto a hablar de ello una vez tomada la decisión de no abonarle la retribución diferida, ha asegurado.
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