Un ala de Activa Mutua insta a llevar a la Justicia su pulso con la Seguridad Social

"No debería transcurrir más tiempo sin que la entidad deje de interponer una acción penal contra las personas referidas". La frase fue pronunciada por un miembro de la Junta Directiva de Activa Mutua en la reunión que la Junta General Ordinaria mantuvo el pasado 22 de julio - así se recoge en el acta del encuentro a la que ha tenido acceso La Información -; y apunta contra una serie de personalidades vinculadas de forma directa o indirecta a la Seguridad Social a las que una facción de la Junta culpa del fulminante deterioro de la situación de la mutua en los últimos tres o cuatro años y de que ahora su futuro pase inexorablemente por la integración en otra mutua. 

Las 'personas referidas' son Miguel Ángel Díaz Peña, exdirector general de Ordenación Económica de la Seguridad Social durante la era Zapatero y hasta el pasado 31 de julio director gerente de Activa Mutua; Carlos Tortuero, actual subdirector general de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social y principal 'enlace' del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con el sector; y Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social y responsable del nombramiento de Díaz Peña como director gerente de Activa Mutua, allá por la primavera de 2019, en medio de un escándalo mayúsculo, aliñado por una multa de la Inspección de Trabajo y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, a cuenta de los gastos presuntamente irregulares en los que habría incurrido la cúpula de la mutua con los fondos procedentes de la Seguridad Social.

Las maniobras internas de esa parte de la Junta Directiva para convencer a los órganos de gobierno de Activa Mutua para reclamar ante los Tribunales de Justicia la eventual responsabilidad incluso en la vía penal de esas personas en la actual situación de la mutua tarraconense se sostienen sobre la sospecha de que la caída en desgracia de la entidad no se ha debido tanto a las supuestas irregularidades en su gestión como a una "actuación orquestada" por parte de esas autoridades de la Seguridad Social para hundir la reputación de la mutua y facilitar su absorción por parte de otra entidad, según se desprende de la información a la que ha tenido acceso este medio. 

Ese relato es desmentido de manera taxativa por la Seguridad Social, que recuerda que fueron las graves irregularidades detectadas en la gestión de la mutua y la sanción correspondiente impuesta por parte de la Inspección de Trabajo las que precipitaron, no sólo la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, sino también la actuación de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en orden a definir un plan de actuaciones para la corrección de estas prácticas y designar un nuevo equipo directivo libre de toda sospecha, que fue el que propuso la designación de Miguel Ángel Díaz Peña como director gerente.

Una sentencia del Supremo, gasolina para la acción judicial

Fuentes de la Dirección de Activa Mutua, que ostenta ya de pleno derecho Francesc Sabater tras la desvinculación definitiva de la entidad de Miguel Ángel Díaz Peña, reconocen que el asunto fue planteado "por uno de los miembros" en la Junta Directiva, pero aseguran que la interposición de cualquier actuación judicial contra el exdirector gerente de la mutua o contra cualquier alto cargo o exalto cargo de la Seguridad Social está totalmente descartada por la entidad. Otras fuentes del entorno de Activa Mutua aseguran, por el contrario, que al menos en lo que se refiere a la demanda contra Díaz Peña la iniciativa no sólo sigue adelante sino que incluso se ha comunicado esa posibilidad a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en una reunión la pasada semana. La diversidad de relatos tiene explicación. Activa Mutua lleva meses con una fuerte escisión interna entre el círculo de confianza configurado en su día por Díaz Peña y los que se consideran damnificados por su gestión.

Una parte muy importante sino mayoritaria de la Junta Directiva de Activa Mutua es partidaria de explorar la posibilidad de exigir responsabilidades a su anterior director gerente, ya sea por administración desleal, responsabilidad patrimonial o por daños y perjuicios. Hasta tal punto es así que en la reunión de la Junta Directiva del pasado mes de junio hasta el presidente de la mutua, Domingo Bargalló, se abrió a tomarlo en consideración....en el futuro, porque estimaba que en el actual contexto de la mutua no era el momento más adecuado para hacerlo.

La posibilidad de abrir un frente judicial por los episodios ocurridos en la mutua tarraconense durante los últimos años ha empezado a tomar forma al calor de una serie de resoluciones favorables a los intereses de las mutuas por parte del Tribunal Supremo en relación a actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social similares a la que desencadenó las actuaciones contra Activa Mutua. La Junta Directiva echa en cara a Díaz Peña, en este caso de forma casi generalizada, sus movimientos para impedir que Activa Mutua recurriera la propuesta de sanción planteada por la Inspección de Trabajo, al contrario de lo que hicieron otras mutuas a las que ahora el Supremo está dando la razón. Algunos miembros de la Junta Directiva lo acusan directamente de "forzar la voluntad de la Junta", que ya había decidido recurrir y luego se echó atrás por las supuestas presiones del que entonces era director gerente de la entidad.

Lo que revela la información a la que ha tenido acceso este medio es que buena parte de la Junta Directiva de Activa Mutua entiende que la doctrina del Supremo abre una nueva perspectiva sobre las irregularidades denunciadas por la Inspección y que dieron lugar a las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción y a las aún abiertas por el Tribunal Supremo contra algunos directivos de la entidad, incluido el anterior presidente. Y que también dieron con los huesos de algunos miembros de la Junta Directiva de la mutua fuera de sus órganos de gobierno por la presunta percepción de retribuciones, dietas o prebendas de manera irregular.

La Junta quiere actuar en este sentido en un doble dirección. Por un lado activando una estrategia jurídica para intentar revertir la firmeza de la sanción de la Inspección de Trabajo y estudiar la viabilidad de exigir el reintegro por ingresos indebidos de lo ya abonado por los perjuicios económicos derivados de la sanción. Por otra, rehabilitando a los miembros de la Junta que fueron expulsados en su día por este motivo. Uno de ellos es el que ha promovido la posibilidad de abanderar una acción penal contra Díaz Peña y los altos cargos de la Seguridad Social que lo nombraron.