Acountax, la firma de asesoría jurídica fundada por el que fuera consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, ha asumido la representación de los intereses de un puñado de empresas madrileñas asociadas al lobby 'Madrid Foro Empresarial' - organización que cuenta con más de 300 socios - en su lucha por exigir al Estado por vía administrativa la reparación de los daños y perjuicios causados sobre sus negocios por las medidas de restricción a la actividad decretada por el Gobierno durante la primera fase del estado de alarma, en lo que se conoce como la primera ola de la pandemia, según confirman fuentes empresariales.
El despacho de Lamela ha alcanzado un acuerdo con la organización empresarial madrileña para canalizar las reclamaciones al Estado por responsabilidad patrimonial de la Administración de todos los socios que así lo deseen en lo que supone una de las primeras acciones de naturaleza colectiva del tejido empresarial madrileño para ver reparadas las millonarias pérdidas sufridas durante los meses del confinamiento domiciliario y la restricción de la actividad empresarial a los servicios esenciales.
Según fuentes empresariales conocedoras de estos movimientos, las reclamaciones administrativas pilotadas desde el bufete fundado por el exconsejero madrileño persiguen que el Estado compense a las empresas una parte importante de los costes fijos - mensualidad de los alquileres, costes de suministros...- a las que éstas tuvieron que hacer frente pese a tener prohibida por decreto su actividad, "al igual que ha sucedido en otros países", apuntan; y que les indemnice también por el lucro cesante asociado al cierre forzoso de sus negocios durante cerca de tres meses.
El bufete de Manuel Lamela lleva meses alentando a las empresas madrileñas a reclamar los daños y perjuicios derivados de las medidas adoptadas por el Gobierno Central durante el estado de alarma. En diferentes charlas virtuales e intervenciones públicas, que son fáciles de encontrar a través de las redes sociales, Lamela y su equipo han identificado hasta siete supuestos a partir de los cuales las empresas estarían habilitadas a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración, entre otras causas por las dificultades para acceder a equipos de protección personal (EPIs), por los perjuicios causados a las empresas adjudicatarias de contratos públicos, por la obligación de apertura a servicios considerados esenciales a los que abrir no les resultaba rentable y también por la obligación de cerrar impuesta a dos terceras partes del tejido productivo. Sostiene el despacho que el Gobierno puede tener argumentos para sustentar el cierre de los negocios para evitar la propagación del virus, pero no tantos para justificar que esta prohibición se prolongara durante tanto tiempo...
Reclamaciones individuales
Las reclamaciones tramitadas hasta la fecha a través de Acountax por socios de Madrid Foro Empresarial apelan a este último supuesto, según confirman fuentes de la organización empresarial. "Las empresas hemos tenido que asumir el pago de los alquileres y los costes de suministros de nuestros negocios durante tres meses sin poder generar ningún ingreso por las restricciones impuestas por el Gobierno. En otros países esos costes han sido compensados por la Administración y vamos a reclamar que aquí también sea así", señalan fuentes empresariales.
Estas mismas fuentes explican que las reclamaciones administrativas de daños y perjuicios contra el Gobierno se realizarán de manera individual, "porque la casuística es muy diferente según cada empresa", pero que no se descarta que el asunto derive en una demanda colectiva en caso de que la vía administrativa no accediera a la reparación y el asunto desembocara en los tribunales de justicia.
"No queremos ayudas directas, queremos que nos indemnicen"
Desde Madrid Foro Empresarial se entiende que la reparación de los perjuicios económicos soportados durante el estado de alarma es un derecho para las empresas. "Se está hablando mucho de dar ayudas directas para mejorar la solvencia de las empresas, cuando lo que se necesita y lo que es justo es que la Administración nos indemnice por los daños que hemos tenido que soportar por las medidas adoptadas desde el Gobierno, que han llevado a muchas empresas a una situación límite", recalca el presidente del lobby empresarial, Hilario Alfaro.
De hecho, el decálogo de medidas para luchar contra los efectos económicos de la pandemia planteado desde la organización empresarial no recoge ayudas directas a las empresas, sino medidas de alivio de carácter fiscal, como reducir el tipo general del IVA al 19% - en línea con lo que ha hecho Alemania -;exonerar del pago del Impuesto de Sociedades a las empresas cuya facturación haya caído más de un 40% por la pandemia, o rebajar el tipo de interés de demora a las deudas tributarias; y otras orientadas a reducir los costes fijos de las empresas mientras duren los efectos económicos de la pandemia, como alargar los ERTE hasta el 31 de diciembre de 2021 o reducir la factura de los arrendamientos a los locales comerciales.
En los últimos meses, Madrid Foro Empresarial ha conseguido sumar a su nómina de asociados a grandes empresas como El Corte Inglés, Iberia, Otis o Mapfre.
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