La bicicleta está llamada a desempeñar un papel crucial en la transición hacia unas ciudades más sostenibles y descongestionadas. Así lo interpreta la próxima Ley de Movilidad Sostenible, en la que el ministerio de Transportes reconoce la importancia de este modo de transporte para la nueva movilidad y recoge la creación de un plan nacional para fomentar y coordinar su impulso.
Su uso como escapatoria del transporte público y a las aglomeraciones, sumado a una mayor conciencia medioambiental de la sociedad, se disparó en el proceso de desescalada de la pandemia, llevando a su industria a alcanzar una facturación récord cercana a los 2.900 millones de euros en 2021. Esta fuerte demanda inusual en ese ejercicio explica que en los dos años posteriores, la cifra de negocio cosechada en el sector ha encadenado leves caídas, hasta presentar una facturación de 2.475 millones en 2023. En lo que concierne a la venta de bicicletas, la demanda se redujo un 10% interanual, tras registrar 1,22 millones de unidades vendidas.
Por ello, desde el sector, a pesar de no valorar como "positivos" los datos, invitan a verlos desde otra perspectiva. "Si se compara con el ejercicio de referencia previo a la pandemia , el crecimiento de la facturación es de un 32%", puso en valor Jesús Freire, secretario general de la Asociación y Marcas de Bicicleta de España (AMBE), durante la reciente presentación del informe que elabora la patronal ciclista en colaboración con Cofidis.
Si bien la industria traslada su optimismo por el futuro del sector, la necesidad de contar con apoyo público para acelerar el despliegue de las ventas volvió a eclipsar las intervenciones de los principales representantes del sector. "La falta de incentivos fiscales por adquirir una bicicleta o de ayudas a la compra de bicicletas a nivel estatal, como en otros países de nuestro entorno, lastra la demanda de bicicletas, bicicletas eléctricas y cargo bikes en nuestro país. Esto tiene un impacto directo en el sector y el empleo", cuestionó Freire.
Este reclamo que la patronal viene reiterando en los últimos años, hace referencia a la ausencia de un plan nacional de subvenciones a la compra de bicicletas, en contraste con las numerosas ayudas a nivel estatal que ofrecen sus homólogos europeos tanto para la adquisición de bicicletas como bicicletas eléctricas y 'cargo bikes'. No obstante, las ayudas a la compra si son una realidad a nivel autonómico y local en regiones como Madrid, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana.
¿Qué ayudas conceden otros países europeos?
Sin embargo, la falta de un programa público de ayudas a la compra de bicicletas sitúa a España como una 'rara avis' en el continente europeo. Pues, según los últimos datos de la Federación Europea de Ciclistas (ECF), existen cerca de 300 iniciativas públicas en Europa que apoyan la adquisición de bicicletas por parte de los ciudadanos, empresas y entidades públicas.
La generosidad de estos programas varía mucho entre los diferentes países, pero España tiene referencias cercanas para animar la demanda como el plan puesto en marcha por el Gobierno francés para ofrecer ayudas que van desde los 150 euros para comprar una bicicleta a los 400 euros iniciales en el caso de las eléctricas, y pueden alcanzar los 2.000 euros para las bicicletas de carga o remolques eléctricos.
Otro de los países que más apoyo ha destinado a estas ayudas es Alemania, a través de un plan que subvencionaba la compra de bicicletas eléctricas con ayudas que alcanzaban los 2.500 euros, hasta que expiró el pasado febrero. De cara a una nueva edición de ayudas, el Gobierno de Scholz asegura "estar examinando actualmente cómo abordar en mayor medida las directrices de financiación".
¿En qué consiste el plan propuesto por la patronal?
En esta coyuntura, desde AMBE proponen al Gobierno que instaure un plan de ayudas estatal específico que incluya a todo tipo de bicicletas, disponga de una asignación presupuestaria anual, esté abierto a empresas, administraciones públicas y particulares, y proporciones ayudas desde 2.500 euros para la compra de una bicicleta de carga eléctrica hasta un mínimo de 300 euros para la compra de una bicicleta convencional (o un máximo del 50% de su precio).
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