El salario mínimo interprofesional (SMI) escaló de 735 a 900 euros al mes en 2019. El incremento del 22% aplicado sobre los sueldos más bajos fue el resultado de un acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los Presupuestos Generales del Estado de ese año y ahora, ha sido avalado por los expertos de la OCDE. "Hay un gran consenso sobre que el incremento en el SMI ha elevado los salarios con remuneraciones bajas, recortado la desigualdad entre salarios y reducido significativamente la pobreza laboral" señala el organismo internacional, que defiende que el impacto negativo en el empleo fue del 0,6%, frente a la previsión lanzada entonces por el Banco de España.
Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe 'Reviving Broadly Shared Productivity Growth in Spain' (Reactivar el crecimiento de la productividad ampliamente compartida en España) presentado este martes por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el secretario general de la OCDE, Marhias Corman, en París. El grupo de expertos pone en valor el trabajo de la comisión asesora para el análisis del SMI (CASSMI) en el que están representados miembros de la academia, de los agentes sociales y representantes de los departamentos de Economía y Trabajo -el ahora ministro Carlos Cuerpo había sido el designado por su predecesora al frente del ministerio, Nadia Calviño-.
El Gobierno creó este órgano en 2020 y le encomendó la tarea de trazar una senda para alcanzar el 60% del salario medio al que mandata la Carta Social Europea, un hito que dieron por alcanzado en 2023 y, por tanto, no realizaron un contacto formal para este año, a pesar de que Díaz nunca ha hecho público el cálculo diseñado por los expertos. La OCDE no ha hecho comentarios sobre este último paso, pero sí ha dado un toque de atención al Ejecutivo para que amplíe los recursos destinados a esta comisión para que pueda llevar a cabo una monitorización y evaluación efectiva de los efectos del SMI en el mercado de trabajo.
La organización valora, a partir de la experiencia de otros países, que esta es un área de política pública en la que son especialmente interesantes las aportaciones objetivas que alimenten el debate público y por ello, insta al Gobierno a respetar las directrices que dé el grupo y si se elige esquivar alguna de sus recomendaciones, pide que se justifique debidamente por qué. En este sentido, sugiere que se movilicen los datos administrativos que permitan seguir el crecimiento de los salarios de forma certera, para lo que señala que la Seguridad Social es la fuente apropiada.
Además, hace una referencia directa a los empresarios para llamarles a seguir participando en estas negociaciones, pese a que en los últimos años no ha habido un acercamiento entre las posiciones de los sindicatos y CEOE en este aspecto. Desde 2018 el salario mínimo ha crecido un 54%, sin embargo, solo alcanzó un pacto tripartito en 2020, a la llegada de la responsable de Trabajo al Consejo de Ministros. Los empresarios fueron los que tomaron la iniciativa en la negociación que llegó a término el pasado mes de enero, sin embargo, no se atendieron las dos condiciones que estos pusieron sobre la mesa -desindexación de contratos públicos y bonificaciones a las cuotas del sector agrario- y finalmente, se aprobó una subida del 5% hasta los 1.134 euros sin su respaldo.
Si bien el análisis de la OCDE no profundiza en los efectos de los sucesivos incrementos de la renta mínima, abre la puerta a aplicar mejoras en su tratamiento fiscal tras constatar que se ha convertido en una herramienta relevante para influir en el mercado de trabajo. El organismo sugiere que ciertos beneficios fiscales podrían multiplicar los efectos en los salarios, al tiempo que mitigarían el impacto en la competitividad entre empresas y los costes laborales. Pone el ejemplo de Francia, donde se aplican reducciones a las cuotas de la seguridad social del empleador por cada trabajador poco remunerado, o como Reino Unido e Irlanda, en las de los asalariados con sueldos bajos.
Las cuotas que pagan los empleadores por los empleados con salarios más bajos en España están entre las más altas de la OCDE, de acuerdo con el mismo informe, aunque existen excepciones temporales que creen que el país debería estudiar si hacerlos permanentes. "Los tipos de las cuotas a la seguridad social de empleador y empleados son los mismos para los salarios medios y bajos. Además, no hay beneficios específicos que complementen el salario neto de los trabajadores con el salario mínimo" subraya el análisis, por lo que entienden que existe margen para tomar medidas en esta dirección. No obstante, advierten que conllevaría un alza del coste fiscal y aumentan el riesgo de distorsionar el empleo en las empresas menos productivas y con bajos salarios.
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