La demanda de Abengoa interpuesta contra España ante la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte a las renovables en la que se reclamaba cerca de 1.200 millones de euros no ha progresado en el juzgado, declarándose el tribunal de arbitraje como incompetente por unanimidad, e imponiendo a la filial CSP Equity Investment que acometa el pago de unas costas procesales de algo más de 5 millones de euros, según ha comunicado la propia empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En su resolución, el tribunal ha añadido que no necesita, por tanto, resolver las otras objeciones jurisdiccionales planteadas por el demandado, en este caso el Reino de España. Además, el laudo reparte las costas del arbitraje, de forma que el demandante, la filial de Abengoa, soportaría el 75% de los costes razonables del demandado, que el tribunal fija en un total 6,77 millones de euros, lo que se traduce en que el demandante deberá pagar al demandado 5,08 millones de euros. En lo que respecta a España como figura demandada, deberá soportar el 25 % de los costes del arbitraje.
Abengoa ha comunicado que se encuentra analizando el veredicto judicial, sus efectos, y las posibles acciones que puede emprender en relación con el mismo. La demanda de arbitraje se presentó en 2013 por la reducción de las primas a las energías renovables aprobado un año antes, bajo el Gobierno del PP, momento en el que el sistema de retribución de las renovables se reemplazó por uno que ofrecía una rentabilidad mínima garantizada del 7,4%. Esto produjo un cambio en las previsiones de la empresa, lo que llevó a la compañía andaluza a pedir un arbitraje por el impacto de esta decisión en el retorno de seis instalaciones termosolares.
La demanda de arbitraje se interpuso por parte de la filial luxemburguesa de la compañía y propietaria de varias plantas termosolares en España, CSP Equity Investments, la cual reclamó daños por importe de 907,8 millones de euros, cifra que asciende a 1.188,2 millones tomando en cuenta el efecto fiscal, según dijo Abengoa en sus cuentas.
A la espera de que la decisión del tribunal de arbitraje llegara, Abengoa había comunicado desde octubre de 2019 que contaba con el visto bueno de sus acreedores para monetizar parcialmente los derechos de cobro de ese arbitraje. Posteriormente, en octubre de 2020, la empresa obtuvo el consentimiento de sus acreedores para la monetización, después de que en septiembre de 2019 trasladara al supervisor bursátil que había alcanzado un principio de acuerdo con varios fondos.
Según explicó en el momento Abengoa, la operación consistiría en el cobro de un precio inicial de 75 millones de euros a cambio de la participación en los derechos derivados del arbitraje, a lo que se añadiría una cantidad adicional una vez cubiertos los costes de los inversores, que dependería del importe reconocido y cobrado del arbitraje.
Nuevos consejeros y resultados que arrojan pérdidas
El de CSP Equity, titular de varias plantas termosolares en España, era uno de los arbitrajes contra España que estaban abiertos en la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte de las renovables. La decisión del tribunal de arbitraje se ha conocido en el mismo día que Abengoa ha celebrado junta de accionistas, en la que se ha ratificado el nombramiento de Clemente González Fernández y de Alfonso Murat como consejeros con el 75,3% de apoyo y se han aprobado las cuentas de la sociedad matriz del ejercicio de 2019, con el 70%, que arrojaron unas pérdidas de 487 millones de euros.
Además, se ha aprobado con el 66,5 % una propuesta de acción social de responsabilidad por los perjuicios y el daño causado a la compañía contra las nueve personas que conformaron los dos últimos consejos de administración, encabezados por Gonzalo Urquijo y posteriormente por Juan Pablo López-Bravo. Los accionistas de Abengoa también han aprobado, con el 60,2 % de apoyo, adherirse a la querella presentada contra las dos reestructuraciones ejecutadas en la compañía de ingeniería andaluza en 2017 y en 2019. No obstante, tanto la propuesta de acción social como la adhesión de la querella le corresponde la decisión de ejecutarla al administrador concursal EY al estar Abengoa en concurso de acreedores.
El rechazo por el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo se produce en un momento en que Abengoa está pendiente de que se apruebe su rescate, una inyección de fondos de la SEPI de 249 millones y otros 300 millones en avales. La oferta que hay sobre la mesa para que un inversor participe en la refinanciación de la compañía dentro del proceso de reestructuración es la del fondo de inversión mexicano Terramar, que no es del agrado del actual consejo de administración, que quiere que la lidere un grupo industrial español.
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