(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO NO AUTORIZA LA REAPERTURA DE GAROÑA POR EL CONTEXTO POLÍTICO

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decidido no autorizar la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), instalación que pertenece a Nuclenor, sociedad mixta de Endesa e Iberdrola.
Así lo anunció este martes el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en una rueda de prensa en la sede ministerial, donde explicó que "el contexto político ha sido el elemento más decisivo para tomar esta decisión".
Además, aseguró que esta decisión no es aplicable al resto del parque nuclear, ya que el Gobierno considera, según el ministro, que tiene que "seguir operando". "Espero que no haya más garoñas, lo digo con sinceridad", sentenció.
En cuanto al contexto político, lamentó que no permitiría "dar certidumbre" a la operativa de la central si hubiese continuado, ya que, por ejemplo, hay registrada una proposición de ley del PSOE en el Congreso de los Diputados que, de aprobarse, podría suponer su cierre.
UTILIZACIÓN POLÍTICA
En esta línea, lamentó que el debate sobre Garoña "se ha utilizado políticamente como base para hacer política energética con posiciones de antemano y sin el debate sosegado que hubiera sido necesario"
Por otro lado, el ministro también defendió que la central burgalesa tiene características específicas que la convierten en "un caso muy singular", por ser de las primeras que hubo en Europa, además de tener un tamaño reducido, que hace que no tenga impacto en el sistema eléctrico.
Asimismo, admitió que su reapertura requeriría fuertes inversiones que eran aún más difíciles de llevar a cabo con la incertidumbre que genera la situación política actual.
También apuntó como un motivo para la toma de esta decisión la posición mantenida por las empresas, que, según Nadal, han tratado de utilizar Garoña como "un elemento de presión regulatorio para el parque nuclear en su conjunto".
"Era inviable otro tipo de decisión", admitió el ministro, quien destacó que el futuro de los trabajadores está garantizado por el plan social, que contempla el mantenimiento del empleo con prejubilaciones y recolocaciones y que fue acordado con la empresa.
En cuanto a los municipios de la zona, destacó que seguirán percibiendo de Enresa 2,5 millones de euros anuales mientras dure el desmantelamiento y anunció que el Gobierno central y la Junta de Castilla y León lanzarán un plan de viabilidad para la comarca, para el que pidió la colaboración de las empresas.