Aena pierde terreno en los tribunales. La ofensiva judicial de las tiendas ha golpeado al gestor aeroportuario con más fuerza de la que admitían sus últimas cuentas anuales. SSP, Areas, Zea Retail, Airfoods, Benicoches y Maxelga 93 acumulan ya diez autos cautelares a su favor, un revés que complica el cobro de los 635,5 millones de euros de las Rentas Mínimas Anuales Garantizadas (RMGA) que Aena anotó en su columna de ingresos del pasado ejercicio, cuando las ventas de la empresa pública cayeron hasta los 2.242,8 millones, un 50,9% menos que en 2019. La sociedad, que cuenta con seis autos a su favor, ha matizado a La Información que las sentencias en su contra se dictaron por inaudita parte, sin registrar la versión de la compañía: "Ahora es la Justicia quien tiene que citar a Aena".
Esta decena de autos, a los que ha tenido acceso este diario, frenan en seco cualquier intento de la compañía de ejecutar los avales bancarios de sus operadores 'estrella', maniobra que el operador aeroportuario ya había iniciado como respuesta al impago por parte de las tiendas y restaurantes de las citadas rentas. Y la Justicia va un paso más allá. Los tribunales obligan a Aena a reintegrar a las entidades bancarias pertinentes las cuantías que la compañía hubiera recibido por este concepto, prohibiendo a la sociedad solicitar una nueva ejecución de avales, al menos, "hasta la notificación de la sentencia dictada por el Juzgado que conozca del procedimiento ordinario". La negociación encalló hace meses en la última oferta de rebaja en los alquileres que Aena puso sobre la mesa de las tiendas y que chocó con el rechazo frontal de los arrendatarios, sobre todo, los de mayor tamaño.
Según el grupo, en diciembre el 53% de sus tiendas se habían plegado a la oferta -algo más de 70 operadores-, un porcentaje que apenas superaba el 13,2% de la cuantía de las rentas afectadas. En los últimos días, según ha trasladado Aena a este medio, la cifra de firmantes habría ascendido a 90. Con todo, la oposición de los gigantes aún pone en solfa los resultados de la compañía para 2020. De hecho, si a ese apunte contable que avalaron los auditores del grupo se le resta la aportación de los arrendatarios que, al cierre del pasado ejercicio, rechazaron el acuerdo, los ingresos por este concepto apenas rozarían los 84 millones de euros, lo que mermaría en más de 550 millones esta partida que, a la postre, sostuvo los resultados de la empresa pública al término del primer año en 'números rojos' de su historia.
Al cierre del pasado ejercicio, la empresa admitió que había sido emplazada ante los juzgados a raíz de siete demandas de tres arrendatarios: Zea Retail, Airfoods y Benicoches. El salto a los tribunales se dio después del rechazo en bloque a la propuesta de Aena de cobrar la renta íntegra desde el inicio de 2020 hasta el pasado 14 de marzo, condonar los alquileres durante el confinamiento estricto y aplicar una quita del 50% desde el 21 de junio hasta el 31 de diciembre. La rebaja se agotaría el próximo 8 de septiembre, cuando Aena volvería a cobrar el 100%. Suscribir el acuerdo implicaba renunciar a cualquier acción judicial futura contra Aena, una condición que, sumada a la caída del 72,4% del tráfico al cierre de 2020, llevó a las tiendas a exigir un descuento mayor y durante más tiempo.
Algunos de los autos contrarios a Aena extienden el veto al cobro del alquiler íntegro de las tiendas de 2020 a "las rentas subsiguientes hasta que finalice el procedimiento".
En diciembre del año pasado, ambas partes habían quemado todos los puentes. Ante la negativa de los comercios, el grupo cobró el alquiler íntegro de 2020, incluidas las rentas del estado de alarma y empezó la ejecución de los avales. El año en curso arrancó con una caída del 83% del tráfico de Aena respecto a los umbrales de antes de la Covid. También con una demanda colectiva en ciernes con la que los operadores esperan elevar el asunto a Bruselas. Y los pronósticos para 2021 elevan la tensión: en el mejor de los casos, Aena prevé que el flujo anual de pasajeros se limite al 50% del registrado en 2019. Con todo, la compañía -participada en un 51% por el Estado a través de Enaire-, se anotó como ingresos las rentas de 2020, con la esperanza de que el impacto en caja llegase en 2021.
A la luz del enredo judicial, esta inyección se retrasará más de lo previsto. Ahora es la Justicia quien marca los tiempos, tal y como han admitido a este medio fuentes cercanas a la compañía. La empresa expuso en sus cuentas anuales que, si todos los operadores hubieran aceptado su oferta, el importe de las rentas mínimas pendientes de facturar se habría rebajado hasta los 179,5 millones, frente a los más de 620 con los que concluyó el pasado diciembre. La situación ahora es otra. Los diez autos citados coinciden en frenar la ejecución de avales, así como en prohibir a Aena el cobro de las rentas completas referidas al año 2020. En algunos casos la Justicia extiende el veto a "las rentas subsiguientes hasta la finalización del procedimiento". Lo que compromete los ingresos del gestor aeroportuario también en 2021.
En muchos casos, los juzgados prohíben a la empresa la exigencia de los pagos relativos a los meses de estado de alarma, mientras que avalan el cobro de los alquileres desde el 21 de junio hasta el 31 de diciembre, con una reducción proporcional a la caída de los viajeros que se sufrió en este tiempo. Aena argumenta que la 'factura' que las tiendas trasladaron a los tribunales en sus demandas se corresponden "a la cuantía de los alquileres sin descuentos", frente a la citada rebaja que ofreció el grupo antes de pasar a cobrar la renta anual de 2020 íntegra a aquellos operadores que se negaron a firmar.
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