BBVA trabaja contrarreloj para presentar el folleto de la opa hostil lanzada a Banco Sabadell la próxima semana. En concreto, el calendario que manejan desde la entidad con sede en La Vela pasa por presentar este documento unos quince días después del anuncio, que se hizo oficial el pasado 9 de mayo, por lo que previsiblemente esto sucederá en alrededor de semana y media. Una vez presentada la documentación oficial a las autoridades competentes, esto es, Banco de España (BdE), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como a FCA en Reino Unido, para el visto bueno a esta operación, que se puede alargar entre cinco y seis meses, el banco buscará el respaldo de los inversores.
Mientras las autoridades competentes estudian la operación, BBVA debe celebrar una junta de accionistas extraordinaria que le permita obtener el plácet para emitir nuevas acciones. De conseguirlo Carlos Torres ya miraría a Fráncfort, que considera que no le pondrá trabas. Según expuso el banquero durante la presentación de esta oferta de compra de acciones confía en que el organismo que preside Christine Lagarde, que estaba al tanto de estos movimientos, apoyará esta absorción. Después tendría que llegar el 'ok' del supervisor español en paralelo al de la CNMC, que será el que más se demorará. Lo normal en un proceso de estas características siempre que no haya inconvenientes es que tenga una duración de entre seis y ocho meses, por lo que el nuevo banco resultante podría ser una realidad entre finales de 2024 o principios de 2025.
No obstante, antes debe granjearse el 'sí' del Gobierno, que si bien no puede impedir la oferta para tomar el control sobre otro banco, sí que tiene la última palabra a la hora de aprobar una fusión posterior, tal y como le ha recordado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. La ley de ordenación, supervisión y solvencia impulsada hace una década por el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace que sea el departamento de Economía el que autorice en última instancia una fusión como ya hicieran con el 'matrimonio' entre CaixaBank y Bankia, por lo que una vía para paralizarla sería influir en el dictamen de la CNMC. Entre los argumentos que esgrimen para la oposición a la creación de este gigante bancario se encuentran el "potencial efecto lesivo en materia de competencia" que podría afectar a los consumidores o sus consecuencias sobre la estabilidad financiera.
La denuncia presentada por Banco Sabadell el pasado jueves ante el organismo liderado por Rodrigo Buenaventura no altera esta hoja de ruta. Fuentes jurídicas explican que el grupo encabezado por Josep Oliu decidió llevar a cabo esta acción por la afirmación a analistas y medios de comunicación de que ya había interés por parte de algunos inversores "relevantes" en esta opa, "dando lugar a señales falsas" de cara a los mercados, según precisan las mismas fuentes. A esta respecto, dichas fuentes argumentan que esta declaración puede condicionar al mercado y, por tanto, esa información debería constar en la oferta. La intención del banco con sede en Alicante pasaría porque BBVA publicase de cuáles accionistas se trata. El supervisor ya está analizando esta denuncia.
El punto de fricción está en las condiciones
Las discrepancias sobre esta propuesta "no solicitada, indicativa y condicional" emanan principalmente de razones de índole económica. En concreto, el consejo de administración de Sabadell expresó su rechazo a esta fusión, que "infravalora" su potencial de crecimiento tras poner en la mesa un canje de acciones de 1 por cada 4,83 títulos con una prima del 30%, la misma que en su opa hostil. A este respecto, los analistas de Barclays defienden que la única forma de mejorar el precio pasaría porque Sabadell decidiera vender su filial británica, TSB. Los analistas de esta casa de análisis aseguran que la firma no cuenta con escala suficiente para la estrategia de crecimiento que BBVA contempla en los mercados en los que opera con presencia física.
La firma británica ha dado más de un quebradero de cabeza en Sant Cugat del Vallès a causa de los fallos derivados de la integración tecnológica, que derivó en una multa de 55,7 millones. Después de un largo periplo que ha incluido un plan de reestructuración puesto en marcha recientemente, César González-Bueno anticipó que "empezaría a dar alegrías" en los próximos trimestre hasta convertirse en 2025 en el principal motor del crecimiento del grupo. Sin embargo, su posible desinversión podría desbloquear el acuerdo, según apuntan desde Barclays.
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