Ana Botín y Andrea Orcel por fin se han visto las caras en el juicio por el fichaje fallido del banquero italiano. La presidenta de Banco Santander llegó a la cita dando los 'buenos días' al ahora consejero delegado de Unicredit, quien levantó la vista de su teléfono para hacer un gesto de saludo. En la cita de este miércoles solamente ha declarado Ana Botín, a la que la defensa del demandante ha interrogado con un tono en ocasiones combativo. La primera ejecutiva de Santander ha insistido en que el contrato nunca se hizo efectivo y que, además, el directivo no cumplió con su deber de negociar todo lo posible con UBS para rebajar el coste de su fichaje.
Botín ha explicado que la carta-oferta recogía la obligación de Orcel de hacer todo lo posible para reducir en la mayor medida posible el coste del bonus en diferido que iba a dejar de cobrar en UBS y que Santander tenía que asumir. La cantidad máxima era de 35 millones de euros, pero la entidad tenía la expectativa de que, gracias al papel negociador de Orcel, se iba a recortar hasta al menos el 50%. "Lo correcto, justo y racional era que UBS abonara una parte muy importante, no voy a decir el 100%, consideramos que no todo, pero la asunción genérica era que al menos la mitad", ha dicho Botín en el Salón de Actos del Juzgado número 46 de Madrid. Tal y como ha relatado, Orcel fue su asesor estratégico, les ayudó en la mayor operación hecho en los últimos años, con la compra de Banco Popular. "Teníamos una relación cercana y de confianza", ha explicado Botín, insistiendo en que era experto en negociar temas complejos, por lo que daban por hecho que lo conseguiría porque en su opinión "era el mejor".
Las guías de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) permiten que en el supuesto de que un ejecutivo se incorpore a otro banco, la entidad que ficha puede o bien asumir toda la retribución diferida que se deja de cobrar del puesto anterior o bien una parte. Este último caso es posible sobre todo cuando no se trata de entidades competidoras. La defensa de la demandada ha insistido en que Banco Santander y UBS no lo eran, ya que uno es comercial y el otro de inversión. Además, ha asegurado que otro de los aspectos que les hacía pensar que el banco suizo asumiría parte de este coste era la existencia de precedentes en los que ya había abonado los bonus de personas que se habían ido a otras entidades, aún siendo competidoras.
Existen precedentes en los que UBS ha abonado la totalidad del bonus en diferido de un directivo que se ha ido a otra entidad, aún siendo competidora
Además, la presidenta de la entidad cántabra ha esgrimido que un banco comercial no puede asumir un fichaje tan elevado como el que pretendía Orcel, que en ningún momento se mostró flexible con rebajar la cifra ni incluso después de conocerse la clara oposición de UBS respecto al bonus, ya no solo por el tipo de banca que hace, sino también por el propio contexto, marcado por el inicio de las negociaciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) derivado de la adquisición de Banco Popular. En esta línea, Botín ha recordado el reciente debate político instado por el propio Gobierno en torno a los altos salarios de los banqueros y la polémica que giró alrededor de la aprobación de la política de remuneraciones de la nueva CaixaBank.
Se da la circunstancia de que el abogado de Santander ha dejado caer que es posible que durante estos años Orcel haya recibido entre 20 millones y 30 millones de euros de UBS en concepto de remuneraciones en diferido, aunque el directivo no lo haya comunicado al juez y pesar de que se había comprometido a ello. "Son especulaciones mías, pero tengo alguna base para pensarlo", ha remarcado el letrado. Según un escrito enviado al Juzgado, el italiano solo habría comunicado lo que supuestamente habría perdido.
A pesar de estos elementos, lo importante que se analiza en el juicio, y que es la base de la demanda, es si hubo contrato o si se trataba de una carta-oferta. Botín ha subrayado que nunca fue efectivo. "Llevo treinta años trabajando en banca y nunca he visto un contrato de servicios donde se ponga una cifra máxima y no la concreta. Si se puso así es porque aún no había acuerdo y no teníamos la suficiente información", ha apostillado. También ha hecho referencia a algunos aspectos fiscales que la comisión de retribuciones y el consejo nunca llegó a entender.
La demanda ha sufrido dos mutaciones. Orcel ha rebajado los años por los que pide indemnización de 3 a 5 años, a únicamente dos anualidades, que fue el periodo en que permaneció en paro. Asimismo, inicialmente hacía una reclamación de responsabilidad contractual y ahora extracontractual. Tanto la defensa del Santander como el juez han hecho referencia a la actitud un tanto incoherente del demandante cuando se ha presentado en el juicio siendo ya consejero delegado de uno de los mayores grupos bancarios de Europa.
Pide 76 millones, de los que 10 millones son por daños morales
La cifra que Orcel pidió en un primer momento es ahora absolutamente desorbitada, ya que ascendía a 112 millones de euros, aunque ya ha rebajado su expectativas al entender que las circunstancias son diferentes a las planteadas en la demanda original y que su figura no se ha visto en ningún momento afectada como él podía esperar. Eso sí, sigue pidiendo más de 10 millones de euros por daños morales. La reclamación económica se sitúa ahora en 76 millones de euros, que para Santander sigue siendo muy elevada.
Esta 'guerra' judicial aún no ha terminado y, aunque todo apuntaba a que finalizaría este mismo miércoles, se ha suspendido 'sine die' hasta que el presidente de UBS, Axel Weber, y el jefe de recompensas del banco suizo, Mark Shelton, puedan viajar a España para declarar, aunque no se descarta que finalmente lo hagan por vía telemática. La defensa de Orcel dijo que posiblemente renunciaría a sus testificales, pero al final no ha sido así. De este modo, habrá que esperar a que se vuelvan a encajar las agendas, ya que para evitar posibles ventajas de las partes los directivos de UBS deberán comparecer a la vez que lo hagan el que fuera jefe de recursos humanos en la entidad en ese momento, Roberto di Bernardini, así como el secretario general y del consejo, Jaime Pérez Renovales.
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