El regulador de la competencia en Brasil arranca una investigación a ocho multinacionales, entre las que se encuentra Telefónica, por prácticas anticompetitivas y la constitución de un cártel para la distribución de los derechos de retransmisión del fútbol en el país. El organismo incluye a casi 40 directivos y exdirectivos de las compañías, entre los que se encuentran seis que estuvieron en la operadora de telecomunicaciones española durante el periodo analizado. Entiende que existen indicios de que se firmaron acuerdos para fijar precios o concertar licitaciones para la retransmisión de los eventos en televisiones locales.
Los hechos, según reza el primer documento con el que se da el pistoletazo de salida de la investigación, tuvieron lugar al menos desde el ejercicio 2008 y hasta 2017. En total ocho empresas presentan algún grado de participación en estos acuerdos. Además de Telefónica están otras firmas como la japonesa de relaciones públicas Dentsu, la suiza Infront, la británica MP & Silva o la estadounidense IMG. Todos ellos han adquirido y distribuido a nivel internacional derechos de retransmisión de eventos deportivos, fundamentalmente fútbol. Entre los compradores estaban grupos mediáticos como Sky o como la brasileña Globo.
En concreto, Cade entiende que existen "fuertes indicios" de la práctica de conductas ilegales consistentes en la coordinación de precios y ofertas; la división del mercado, a través de abstenciones de concursantes y acuerdos de ofertas conjuntas, o el intercambio de información sensible desde el punto de vista de la competencia. No se refiere a ningún caso en concreto, ni a ninguna competición específica, pero el fútbol es uno de los deportes más seguidos y con los derechos más caros y destacados.
Las prácticas tuvieron efectos en el territorio brasileño, considerando que estaban principalmente relacionados con la competencia por los derechos de retransmisión internacionales, aunque fueron revendidos o sublicenciados a compañías televisivas en el país. "Federaciones deportivas, ciertos clubes se vieron directamente afectados por la conducta de las empresas que han presentado ofertas por los derechos", asegura. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Según Cade, los promotores de los eventos no recibieron fondos suficientes debido a la coordinación de las empresas investigadas, "lo que implicó una menor calidad o cantidad de eventos producida en el extranjero y transmitida en el país", asegura.
Hace algo más de una semana el organismo notificó esta investigación a todas las partes implicadas, incluida Telefónica. Todas ellas tienen la opción de presentar sus contestaciones oficiales. La Superintendencia será la que lleve a cabo todas las pesquisas antes de que llegue a una conclusión que deberá someterla al Tribunal para una decisión final. Según los plazos legales en el país, tendrá hasta tres meses para completar las indagaciones, aunque se puede prácticamente duplicar en caso de que fuera necesario.
El regulador del país insiste en que las empresas involucradas en la conducta están sujetas a multas que tienen un rango muy amplio, al ir desde el 0,1% al 20% de sus ventas locales vinculadas a la actividad, además de otras sanciones. Los particulares pagan multas dependiendo de la gravedad. A los directivos ejecutivos se le pueden imponer sanciones que van desde el 1% al 20% de todas sus nóminas en la empresa. Entre los directivos de Telefónica se encuentran algunos que ya no están en la disciplina de la operadora y otros que aún continúan.
Brasil, mercado clave
Brasil es uno de los mercados clave para Telefónica. El plan estratégico lanzado en el año 2019 lo colocó como prioritario junto a Alemania, Reino Unido y España. Es la tercera plaza por ingresos, después de la española y la alemana, y con la compra de los activos móviles en Oi lo consolidará aún más. En total durante los primeros nueve meses del año 2021 facturó en 5.100 millones de euros, lo que supone una caída del 10%, con un Ebitda de 2.300 millones.
Esta investigación arranca justo cuando la operadora española, junto con Carlos Slim (Claro) y la antigua Telecom Italia (TIM), ha logrado la 'luz verde' del propio Cade para comprar Oi. Tras una votación especialmente reñida, el regulador autorizó esta transacción clave para el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete y por la que éste abonará cerca de 900 millones de euros. Cerró así una de las operaciones que aún tenía abiertas después del cierre de otras grandes como la venta de las torres de Telxius a American Tower o la fusión del negocio británico con Virgin Media.
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