Cabify aspiraba a sumar miles de licencias VTC en Madrid para compensar el agujero generado por la ruptura con el grupo Auro, con más de 2.000 permisos en su haber, tras su marcha a Uber. La negativa a concederlas por parte de la Comunidad de Madrid abre la puerta a la enésima batalla judicial. Y la enfrenta mirando de reojo al Tribunal Constitucional que debe pronunciarse sobre su antiguo acuerdo de exclusividad con Auro, del que depende que finalmente Uber adquiera una posición accionarial relevante.
Las restricciones a la concesión de licencias implicó la configuración del mercado en torno a las grandes flotas. Es decir, compañías propietarias de miles de estos permisos. Moove Cars se creó tras la compra de 4.000 licencias en manos de los hermanos Ortigüela y Uber firmó un acuerdo de exclusividad -posteriormente acudió al rescate y se hizo con el 30% de las acciones y aportó hasta 230 millones de financiación-. Cabify adquirió Vector -otras 2.000 VTC pero con la mayoría en Barcelona- a Rosauro Varó. Y firmó una alianza con Auro después de financiarle la compra de licencias con más de 45 millones. Esa unión saltó por los aires entre finales de 2018 y principios de 2019, lo que hizo que buena parte de las horas de los coches de esta gestora fueran a parar a su rival.
La compañía ahora recibe el 'no' de la Consejería de Transportes a las primeras 7.700 licencias -había pedido unas 23.000 sólo para Madrid antes de la entrada en vigor del llamado 'Decreto Ábalos' en el año 2018-. Lo lógico es que el resto de solicitudes tengan la misma contestación. Y la compañía avisa que acudirá a los tribunales, insistiendo en que los jueces en el pasado han revocado decisiones de las administraciones sobre la concesión de estos permisos y alegando que no se ha cumplido con el mandato de la sentencia del Tribunal Supremo.
La realidad es que la experiencia de años anteriores pone sobre la mesa una batalla que se puede alargar durante años. En periodos anteriores con peticiones similares, la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia se alargó durante periodos de entre uno y dos años pero siempre con la puerta abierta a recurrir al Tribunal Supremo. En ese caso, regresaría de nuevo a la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal el mismo asunto que resolvió el año pasado pasándole la pelota a las administraciones para que decidieran en función de la regulación de aquel año 2018.
Queda por ver cuál sería el posicionamiento de los jueces respecto a este nuevo escenario. Sea como sea, quedan años por delante que van a suponer todo un reto logístico para Cabify teniendo en cuenta la oferta de licencias actualmente en Madrid y el reparto entre sus rivales -Uber con las flotas más grandes y Bolt con una parte significativa de los autónomos o propietarios pequeños de autorizaciones-. Hay que tener en cuenta que en este tipo de plataformas la 'liquidez' (tener oferta de coches suficiente para que el tiempo de espera sea especialmente bajo) es un elemento importante para competir.
Desde esa primera ruptura en el año 2019, Auro ha empezado a trabajar primero a través de una 'app' propia y luego con Uber, la mayor parte de las horas disponibles de sus coches. "Uber sigue siendo nuestro principal cliente, seguido de Cabify", admitía la flota en sus últimas cuentas anuales. Hoy la relación está totalmente rota, con varios cruces de demandas y de arbitrajes sobre las cláusulas de esa exclusividad firmada tras la financiación en 2017. Uno de ellos ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite justo hace un año por su "especial trascendencia constitucional". No se espera que haya una decisión en muy corto plazo.
La decisión del Constitucional va a tener un peso relevante, pero llegados a este punto el reto de cubrir esa escasez de oferta de coches va a seguir siendo relevante. Además, si la decisión es favorable a la flota desembocará previsiblemente en la irrupción accionarial de Uber. El gigante estadounidense ya ha entrado en el consejo de administración con dos miembros, como avanzó La Información. Y, según precisan diversas fuentes conocedoras, la transacción con la entrada de la cotizada americana se acabaría ejecutando.
Acuerdos frenados
Cabify había mantenido desde las primeras sentencias del Supremo de hace meses diferentes contactos con socios relevantes de la plataforma y operadores pequeños para que optaran por adquirir esas licencias para operarlas en su plataforma. "Daremos prioridad a los 'partners' que más han confiado y colaborado con nosotros en los últimos años", aseguraba en una carta enviada. Estas licencias, al menos por ahora, no se otorgarán.
La otra consecuencia es que el reparto de licencias en Madrid se queda sin cambios. Según los datos del Ministerio de Transportes, a cierre de 1 de julio, en la Comunidad de Madrid había un total de 8.869 licencias de este tipo frente a las 15.567 de taxi. La llegada de esas más de 7.700 -al margen del resto- habría significado todo un terremoto con consecuencias importantes. El propio consejero delegado, Juan de Antonio, llegó a defender en una carta abierta el pasado mes de febrero que tomarían "las mejores decisiones para el bien común". "Queremos poner en funcionamiento las nuevas licencias de una manera ordenada, que garantice la rentabilidad de todos los profesionales", admitía.
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