No se recuerda una junta general de accionistas de un banco tan esperada como la que este viernes celebra CaixaBank, la primera desde que se convirtió en la primera entidad española tras absorber Bankia. Todos los planes parecían avanzar en la dirección correcta, pero el anuncio de un Expediente de regulación de Empleo (ERE) para más de 7.800 personas ha generado una atmósfera de enorme tensión social. A la vez, la junta tendrá que resolver la aprobación de los sueldos de la cúpula tras las últimas criticas que la política de retribuciones ha suscitado dentro del Gobierno.
Para intentar poner solución al 'affaire salarial', la plana mayor de CaixaBank habría intensificado los contactos con la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) con la intención de llegar a un punto de entendimiento que podría pasar por abstenerse en su voto. Esta opción intermedia sería lo suficientemente sutil como para retratar la opinión de que no están de acuerdo con los salarios y al mismo tiempo avalar la gestión del nuevo banco en el que el Estado continuará como segundo accionista significativo.
Las primeras críticas llegaron de los representantes sindicales, que tildaban el 'mega ajuste' en la plantilla de "despropósito". Este tipo de procesos siempre han sido controvertidos, pero las negociaciones en este caso coinciden en el tiempo con la cita con accionistas en la que se fijarán los salarios del nuevo equipo directivo, lo que ha empujado a los sindicatos a emplear los niveles retributivos propuestos por el consejo como uno de sus argumentos en contra de los despidos. A este reproche se sumaron poco después varios miembros del Gobierno, entre los que destaca la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien en todo caso participó en las negociaciones de la unión entre CaixaBank y Bankia y conocía prácticamente al detalle las pretensiones del nuevo grupo.
Además, se da la particularidad de que el Estado, a través del Frob, posee el 16,11% del capital de CaixaBank. Por ello, después de las recientes declaraciones de parte de algunos altos cargos del Ejecutivo, se han levantado dudas sobre el voto final que otorgue el Fondo a los puntos del orden del día de la junta general referidos a los sueldos, que son concretamente el número 12 y el 13: Aprobación de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros y fijación de la remuneración de los mismos.
Se han intensificado los contactos para tratar de llegar a un punto intermedio, que podría ser la abstención
Los propios sindicatos han pedido al Frob a través de una misiva que rechace las propuestas, si bien no han obtenido respuesta. La comisión rectora ha preferido guardar silencio sobre su decisión. Aunque no es el mayor accionista, un papel que asume Criteria con una participación del 30,02%, la postura del Fondo público es determinante, fundamentalmente en la actual situación de enorme sensibilidad social. La cuestión es que su oposición a los sueldos podría traducirse por el mercado como una 'declaración de guerra' del Estado al banco, mientras que un voto a favor dejaría en mal lugar a Calviño.
Los grandes 'proxys' aprueban los salarios
La mayoría de empleados con acciones, que ha delegado su voto a representantes sindicales, ya han adelantado que votarán en contra de las propuestas y tratarán de intimidar durante sus intervenciones a los directivos por el polémico ajuste de empleo. Además de al FROB, los sindicatos también pidieron al brazo inversor de la Fundación La Caixa que les adelantara su decisión, pero tampoco han recibido ninguna respuesta de su parte. Criteria previsiblemente apoyará al equipo gestor, ya que su intención es mantenerse con un tono discreto.
La mayoría de inversores institucionales cree que el procedimiento de despidos no se comunicó en el momento oportuno ni bajo las circunstancias adecuadas. Este grupo de accionistas suele guiarse por lo que aconsejan los asesores de voto. Los grandes 'proxys' internacionales como Glass Lewis o ISS recomiendan votar a favor de los sueldos y en general opinan que responden a buenas prácticas de gobernanza. Solamente Glass Lewis incluye una consideración respecto al salario fijo del presidente, que entiende que es elevado, aunque su preocupación se mitiga por la cantidad propuesta para el variable, que percibe como reducida. A diferencia de Glass Lewis o ISS, el español Corporance, socio para España y Portugal de la red europea de proxy advisors liderados por Proxinvest, inclina su consejo de voto hacia el otro lado de la balanza.
El presidente ejecutivo -aunque con funciones limitadas- de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, mantuvo su retribución acotada durante el tiempo en que presidió Bankia por una normativa aplicable a entidades en reestructuración, en donde cobró 500.000 euros fijos en 2020. Este régimen no le es de aplicación a los directivos del nuevo banco, por lo que el consejo de administración ha propuesto pagarle 1,65 millones de euros fijos, lo que supone más que triplicar el anterior, y a lo que se ha de sumar un máximo de 200.000 euros en concepto de variable. Su antecesor, Jordi Gual, no tenía funciones ejecutivas y percibió una remuneración de 1,38 millones en 2020, de la que 1,09 millones correspondían al salario base. Para el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, la cúpula ha planteado mantenerlo en línea con años anteriores, con un sueldo fijo de 2,26 millones de euros más 708.800 euros ligados a objetivos.
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