Es una media amarga: un gran apagón cada dos años. El Cabildo Insular de Tenerife que preside el socialista Pedro Martín cuestiona la gestión de Endesa y de Red Eléctrica de España (REE), especialmente en la mayor de las islas del archipiélago. Según las autoridades, hay líneas que llevan más de 50 años sin ser renovadas. El último gran apagón del 15 de julio, que tardó siete horas en ser resuelto, dejó sin servicio a un millón de personas. Apenas un mes antes, según confirmaron fuentes de las empresas y del propio Cabildo, otro incidente afectó a la mitad de Tenerife, aunque se solventó sin llegar al "cero energético".
Con el último incidente bajo investigación, el Cabildo tinerfeño -órgano de autogobierno, pero también de representación del Gobierno autónomo- presiona para que se lleve a cabo una auditoría de todo el sistema energético de la isla: más de 600 kilómetros de línea, dos decenas de subestaciones, seis centrales térmicas, un ciclo combinado y dos parques eólicos. Una semana después del desplome, REE mantiene que el incidente se debió "a un fallo de generación" en las instalaciones de Granadilla-Abona, el mismo punto que se desplomó en septiembre de 2019, con un apagón que tardó nueve horas en ser resuelto. La versión apunta a la responsabilidad de Endesa.
Endesa, por su parte, no acepta toda la responsabilidad del apagón. Según explicó el director general de la eléctrica en Canarias, Pablo Casado, el incidente se originó por la desconexión del ciclo combinado en la central de Granadilla, pero REE no estuvo lista. Según Casado, para hacer frente a la situación se requerían actuaciones del operador del sistema, es decir, de REE, más allá de las previstas automáticamente -"deslastres"-, lo que no sucedió. Un balonazo al tejado del rival. Pero REE replica: según detalló en un comunicado, la compañía "es totalmente ajena a los fallos que provocaron el corte" y "actuó cumpliendo en todo momento con los procedimientos establecidos".
Pecado original
Las acusaciones empresariales recíprocas no son bien recibidas. En declaraciones en Onda Cero, Martín destacó que la situación que registra Tenerife parte de un pecado original, la privatización de la eléctrica Endesa, que se hizo sin tener en cuenta las particularidades de los sistemas eléctricos insulares, frágiles y aislados. REE, según el presidente del Cabildo, llegó "`para fiscalizar" lo que hacía Endesa, pero el sistema no ha funcionado.
Las críticas del Cabildo y el enfrentamiento público entre empresas por el incidente aumentan la posibilidad de nuevas sanciones. Hace poco más de un mes, el Gobierno canario sancionó con 10 millones a Endesa y con 30 millones a REE por los fallos del otoño pasado. Las mayor multa recayó sobre el operador del sistema, que acabó por asumir también el grueso de la responsabilidad.
El apagón de Tenerife y el enfrentamiento con REE se produce cuando Endesa acaba de presentar al Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera una guía para convertir a los sistemas eléctricos extrapeninsulares de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla en la punta de lanza de la transición energética. La idea es alcanzar en 2040 la descarbonización completa de las islas y de las ciudades autónomas, en las que Endesa es la gran generadora y distribuidora de electricidad .
Ahorro de importaciones
El objetivo es llegar a meta diez años antes que en la península, con una inversión global prevista de 34.000 millones de euros en 20 años para todas las actuaciones, no sólo las referidas al sector eléctrico. Según Endesa, la cuenta sale: el ahorro previsto en importaciones energéticas llegaría a los 35.000 millones. De los 23.365 MW de potencia de generación de Endesa, 19.026 MW están en el sistema eléctrico peninsular y 4.339 MW en los territorios no peninsulares.
El problema es que estos dependen de centrales de carbón y de fuel, muy contaminantes. En Canarias, donde conviven seis sistemas eléctricamente aislados, de pequeño tamaño y débilmente mallados, dos de las nueve plantas de Endesa, las de Granadilla (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), se situaron en 2018 en los puestos 14 y 16 de las instalaciones que más dióxido de carbono emitieron el territorio nacional, según datos de la Comisión Europea.
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