Las relaciones entre BBVA y Banco Sabadell ahora las guía una opa hostil. El órdago lanzado por Carlos Torres, que no será oficial hasta que presente el documento ante las autoridades competentes, ha cambiado las reglas del juego entre ambas entidades. Los mensajes trasladados desde el banco azul para tratar de reconducir las tensiones con los de Sant Cugat del Vallès insistiendo en el "carácter amistoso" de la operación, chocan con la hoja de ruta que plantea. La oferta pública de adquisición ya no incluye la propuesta de incorporar a tres consejeros no ejecutivos al consejo de administración, con uno de ellos ocupando la vicepresidencia, decisión que ha quedado en el aire.
El objetivo de crear un 'megabanco' ya no necesita el apoyo del máximo órgano de gobernanza del banco con sede en Alicante, sino que va dirigida a los propios accionistas, que son los que tienen que comprar esta idea, lo que se traduce en que ya no tiene que prometer nada a sus miembros para granjearse su confianza. En este contexto, y con la incógnita de si finalmente sus intenciones prosperarán, los de La Vela han hecho cuentas y cifran en alrededor de 1.450 millones los costes de reestructuración. No se sabe si la cifra incluye el importe que correspondería abonar en concepto de indemnización al equipo directivo.
Uno de los contratos blindados dentro del banco es el de César González-Bueno, actual CEO de la entidad, que podría recibir casi cuatro millones como compensación ante una potencial absorción. La política de retribuciones de Banco Sabadell -actualizada en 2023- incluye una cláusula de no competencia de dos años y el pago de una retribución fija equivalente a dos anualidades en el supuesto de un cambio de control del grupo. Dicho plan se aprobó para el periodo 2024-2026 y recoge una rebaja de la remuneración fija de los dos millones a los 1,9 millones, de los cuales 1,6 millones se abonarán en efectivo y otros 300.000 euros como aportación al plan de pensiones. Tomando estas cantidades como referencia, el pago correspondiente al banquero ascendería a 3,8 millones.
"El contrato del consejero delegado contiene una cláusula de no competencia post-contractual de dos anualidades de retribución fija en la que se computará la parte de aportación anual a planes de previsión social que no tienen la consideración de beneficios discrecionales de pensiones y dos años de duración en el supuesto de que se produzca el cese por decisión de la Entidad, sin que ello obedezca a un incumplimiento o quebramiento de sus deberes o un cambio de control", apuntan en el citado documento. Durante 2023, cuando arrancó el plan de pensiones y de manera extraordinaria, se produjo una aportación adicional de 600.000 euros, sumando un total de 900.000 euros al montante recibido, que rondó los 2,4 millones en su conjunto.
Cabe destacar que la entidad eliminó dentro de este programa trienal la eliminación de la cláusula de no competencia del presidente no ejecutivo, Josep Oliu. Hasta ese momento, su contrato incluía también el desembolso de dos anualidades dentro de supuestos no voluntarios. Sin embargo, este fue modificado con el aval de la junta de accionistas en el marco de su reelección en el cargo por otros cuatro años más. En cambio sí que consta en otros cargos de alta dirección como es el caso del director de riesgos de Banco Sabadell, David Vergara. Oliu percibió en concepto de sus responsabilidades 1,7 millones, un 3,6% menos.
Estas retribuciones están lejos de las recibidas por sus homólogos en BBVA. Así, Carlos Torres, que sí tiene funciones ejecutivas, percibió 7,6 millones, similar a lo recibido en los doce meses anteriores, cifra que engloba los pagos diferidos de otros años, lo que supone multiplicar por cuatro el montante del directivo catalán. Onur Genç, por su parte, percibió 6,7 millones, según consta en el documento enviado al supervisor, casi el triple que el exdirectivo de ING en Iberia.
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