Hay un poderoso incentivo que empuja a Adif a iniciar su gran cruzada judicial contra las 15 empresas sancionadas por la CNMC por eliminar durante años la competencia en los contratos de obra ferroviaria: 5.000 millones de euros. Es la mareante cifra que pretende reclamar en los tribunales en concepto de los daños y perjuicios causados por el denominado cártel del AVE, que se repartió proyectos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento tanto de la red de alta velocidad como de la convencional.
La ambición del procedimiento que está armando el gestor ferroviario se refleja tanto en el volumen económico que está en juego como en la entidad de las empresas denunciadas, entre las que se encuentran algunas de las mayores constructoras del país (como ACS, OHL o Sacyr). Factores a los que cabe sumar la complejidad que plantea el derecho de la competencia a la hora de abordar con garantías esta macrocausa, toda vez que cuenta con una jurisprudencia reciente y contradictoria en ocasiones. De hecho, la materia se ve fuertemente condicionada por la existencia de procesos judiciales actualmente en trámite, como el denominado 'cártel de camiones'.
Derivado de todo lo anterior, Adif se encuentra en búsqueda activa de despachos de la abogacía de los negocios para que diseñen su estrategia legal y asesoren en los pleitos. Pero aunque la puja ha acaparado el interés de grandes firmas, la compañía pública se está encontrando con que muchas trabajan para las constructoras que aspiran a demandar, ya sea defendiendo sus intereses en otras causas o asesorando en operaciones.
Adif está dispuesta a compartir con los despachos un porcentaje de las indemnizaciones que obtenga en los tribunales
Lógicamente, esta situación plantea un importante conflicto de intereses a la hora de recomendar la contratación de estos bufetes y obliga a reducir el número de aspirantes. De momento, uno de los que ya ha presentado credenciales en el proceso competitivo es CCS Abogados (Caamaño, Concheiro & Seoane), el despacho que dirige el exministro socialista de Justicia Francisco Caamaño Domínguez. Fuentes del sector señalan que ha planteado una propuesta en la que deja constancia de su especialización en litigios. Prueba de ello son las sucesivas victorias contra el 'cártel de camiones', casi todas ellas en representación de los afectados integrados en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).
Avalado por su experiencia en este procedimiento, donde acumula más de 35 fallos favorables ante distintas instancias y puede servir de ayuda en el planteamiento de la estrategia legal, CCS Abogados aspira a representar a Adif en sus litigios contra las constructoras. De resultar elegido, no solo accedería a parte de tres millones de euros que se han presupuestado para este servicio, sino que sus honorarios podrían verse incrementados en función de cómo evolucione la causa. Y es que la compañía pública está dispuesta a compartir con sus asesores legales un porcentaje de las indemnizaciones que obtenga en los tribunales.
A este respecto, ha comenzado a calcular, con la colaboración de peritos, un resarcimiento multimillonario del sobrecoste provocado por estos contratistas. En su resolución de 2019, Competencia consideró probado que las infractoras amañaron más de 1.000 millones en contratos a través de 275 licitaciones. Por otro lado, el pasado 1 de octubre cifró en 4.140 millones de euros el dinero público pagado a lo largo de 82 licitaciones relacionadas con los equipos de seguridad y comunicaciones, tanto en la red convencional como en alta velocidad. En suma, más de 5.000 millones de euros.
Tomando estas cifras como base para calcular su reclamación, Adif pretende multiplicar sus expectativas económicas. Según confirman fuentes próximas al proceso, el gestor ferroviario considera que, además del presupuesto de adjudicación de los contratos afectados, la petición debe incluir una compensación y pago por el lucro cesante de estas prácticas colusorias.
Al mismo tiempo, valora exigir daños y perjuicios por el hecho de que el conjunto de empresas sancionadas haya seguido ganando obras públicas, pese al procedimiento abierto contra ellas para prohibir contrataciones con la Administración. Sanción que permanece bloqueada a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por los cárteles, actualmente en la Audiencia Nacional.
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