El Gobierno resolvió la licitación del fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) al término de la pasada legislatura. Caser Pensiones, Santander Pensiones, Ibercaja Pensión, VidaCaixa y BBVA son las encargadas de pilotar esta iniciativa promovida por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El anuncio se hizo público dos días antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 con la intención de comenzar a rodar este ejercicio. Sin embargo, esto aún no ha sido posible, por lo que la meta de alcanzar los 2.500 millones en tres años se pospondrá más allá de lo previsto.
El proyecto contempla el compromiso de alcanzar 500 millones por gestora a través de los diferentes vehículos de ahorro puestos en marcha durante los primeros tres años de vida. Inicialmente, se esperaba que esto ocurriera en 2026, pero todas las trabas con la que se está topando -el retraso en el lanzamiento de la plataforma o la necesidad de retocar el reglamento- abocan a las adjudicatarias a posponer en el calendario la consecución de este umbral. "El reloj no empezará a correr hasta que no estén en marcha", comenta una fuente conocedora a este periódico.
Cada una de estas entidades tienen asignados tres vehículos de ahorro con diferentes perfiles de riesgo -de tipo variable, fijo y mixto- con los que tienen que suscribir planes colectivos que adherir al plan de promoción pública. El reglamento aprobado el pasado verano fijaba el mes de enero como fecha límite para que el Ministerio de Seguridad Social lanzase la plataforma web donde se busca aunar toda la información para facilitar la comercialización de los planes y que los ciudadanos puedan acceder a la información desde un solo punto. El Gobierno trabaja de cerca con las gestoras en la herramienta y resta importancia al retraso ya que asegura que no impide que las figuras comiencen a comercializarse.
Los 15 vehículos fueron inscritos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el 18 de diciembre, por lo que formalmente desde ese día ya podían comenzar a operar pero han encontrado otras piedras en el camino. Como adelantó La Información, el departamento que dirige Elma Saiz ultima una reforma técnica del reglamento de planes y fondos de pensiones y la orden ministerial que recoge la remuneración de la Comisión de Control Especial -integrada por los miembros elegidos por el ministerio, los sindicatos y la patronal-. El Ejecutivo reconocía en el texto presentado a audiencia pública que era urgente aplicar estos cambios para "continuar la efectiva puesta en marcha" de estos planes.
En Seguridad Social dicen no tener fijada una fecha concreta para llevar el real decreto al Consejo de Ministros, pero aseguran que este texto ya está listo. Los cambios concretarán que los miembros de la comisión solo tendrán derecho a la remuneración de 3.375 euros al mes cuando el fondo alcance y mantenga un ahorro de 1.000 millones de euros, que podrán trasladar a las organizaciones que les han nombrado si así lo estiman oportuno y revisarán el régimen de incompatibilidades que comprometía la participación de los representantes de las entidades empresariales. Un problema al que se añadiría la ausencia de una figura de comercializador que sí se ha previsto para los planes individuales, como publicó ABC.
El impulso de los planes de pensiones de empleo llega en un momento clave para este tipo de vehículos, que acumulan un volumen de patrimonio gestionado de 37.233 millones al término del primer trimestre de 2024 (último dato disponible). Tras el ligero repunte interanual de casi el 6% experimentado en los tres primeros meses del año se vuelve a acercar de nuevo al récord de 37.800 millones contabilizado al término de 2021. La construcción ha sido uno de los más activos en este sentido tras convertirse en el primer sector en contar con un plan de pensiones de empleo. VidaCaixa es el encargado de gestionar este programa que arrancó hace unos meses con aportaciones mensuales.
Pese a ello, su peso en el conjunto de los planes de pensiones no supone ni la mitad de los individuales, que sumaban al cierre del tercer mes del año casi 85.000 millones. En este caso sí se conoce la evolución del segundo trimestre, cuando han cerrado con más de 89.100 millones, en el que ha influido el comportamiento de los mercados financieros. Tras el 'hachazo fiscal' con la reducción a 1.500 euros del máximo deducible en el IRPF por aportaciones a estos fondos, la amenaza ahora está en la posible salida masiva de dinero a partir de 2025 gracias al cambio legal que permite la retirada de los mismos a los diez años de constituir el instrumento. Un riesgo que compromete las suscripciones netas de cara al próximo año sin el soporte de los planes de empleo, que no han echado a andar.
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