Con la vista puesta en autorizar la OPA de IFM sobre Naturgy antes del día 6 de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez ultima las condiciones para el fondo australiano IFM y poder dar así su visto bueno a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el 22,7% de una de las principales energética del país. La operación, que asciende a más de 4.920 millones de euros, acapara las miradas de todo el mercado desde que el pasado 27 de enero se anunciara la intención del fondo de pensiones con sede en Melbourne de entrar en la compañía, consciente de que debe superar el escudo anti-opa que el Gobierno se reserva para inversiones extranjeras sobre firmas españolas estratégicas. Ahora, el Ejecutivo se ha fijado como meta blindar en los próximos años la estabilidad accionarial en la compañía y evitar también un vaciamiento de la firma presidida por Francisco Reynés.
Las fuentes consultadas por La Información trasladan que dos de los requisitos que el Ejecutivo contempla imponer a IFM serán el establecimiento de un periodo de prohibición de venta de títulos de la cotizada española (lock-up) y la fijacion de un límite de pay-out para evitar un 'desguace' del proyecto industrial. La primera medida, además, dará estabilidad en el núcleo accionarial, en el que ahora el principal representante es Criteria (25,7%), quien ya ha afirmado que no venderá, al punto de que sigue escalando posiciones con continuas compras. Al brazo inversor de La Caixa le acompañan el fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (20%) y CVC, que participa con el grupo March a través del vehículo inversor Rioja Bidco (20%).
Con todo, la OPA de IFM sobre Naturgy lleva más de cinco meses sobre la mesa del Gobierno. El Ejecutivo es consciente de que una de las principales energéticas del país puede quedar con una holgada mayoría accionarial en manos de socios financieros, todos ellos además controlando sus participaciones desde el oasis fiscal de Luxemburgo. También sabe que Naturgy es estratégica para el Estado en aspectos como el suministro de gas a España - opera junto a Sonatrach el gasoducto directo con Argelia - y que el ala de Podemos en el Ejecutivo ya se ha posicionado públicamente en contra de la operación. "Un fondo extranjero no tiene entre sus prioridades el interés general", afirmaron.
Pero la división también se ha visualizado con las declaraciones de los ministros del PSOE. El ya ex titular de Transportes, José Luis Ábalos, abrió la puerta a vetar la OPA cuando recordó que el Gobierno no podía "quedar al margen" en operaciones como esta ni tampoco olvidar que "es importante que tengamos cierto control sobre aquello que es estratégico". Por contra, ministras como Nadia Calviño (Economía) y Teresa Ribera (Transición Ecológica), reforzadas tras la crisis de Gobierno de la última semana, se habían mostrado favorables a la llegada del fondo australiano al capital de la compañía española.
IFM, por su parte, siempre ha defendido el valor de su propuesta. El fondo de pensiones ha manifestado en distintas ocasiones su voluntad de ser un accionista a largo plazo y que su oferta no supone una toma de control mayoritaria sobre la compañía -va dirigida únicamente al 22,69% del capital-, ni tampoco es mala en términos económicos, pues supone una prima sobre el precio de cotización de Naturgy (+20% respecto al momento del anuncio de la OPA). También defiende su experiencia en el país al ser accionista de Aleática (la antigua OHL Concesiones) y Aqualia y niega cualquier intento de especular con la compra, como trató de recordar Jaime Siles, el hombre del fondo en España.
Solo la respuesta del Gobierno despejará el resto de trámites necesarios para iniciar la OPA. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) únicamente ha avanzado con un mero formalismo, al admitir a trámite la solicitud de autorización de la oferta. No obstante, esto no significa que el regulador bursátil se pronuncie a favor o en contra de la oferta. Este proceso suponía activar el reloj del organismo y abrir un período de 20 días para emitir una opinión sobre la oferta. Pero esta fecha, que queda sujeta a poder extenderse en el tiempo con la petición de nueva información, se ha ido extendiendo en el tiempo hasta el día de hoy, coincidiendo con el calendario que el propio Gobierno se ha marcado.
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