Una suspensión cautelar ‘exprés’ que apenas ha durado unas semanas. La Agencia Tributaria no ha querido perder mucho tiempo en la licitación para el servicio integral de telecomunicaciones. La AEAT ha reiniciado el concurso después de haber desestimado el recurso interpuesto por Vodafone, que señalaba a la configuración del procedimiento como una medida favorable para Telefónica, que hoy por hoy es el adjudicatario. El organismo ya está analizando las ofertas presentadas por los diferentes grupos. El valor del contrato roza los 65 millones de euros.
Tal y como queda reflejado en una nota informativa emitida hace unos días por el organismo y consultada por La Información, el Tribunal Administrativo Central de Recursos ha resuelto el recurso de Vodafone desestimándolo y no acogiendo los argumentos presentados por la operadora británica. En su momento, Vodafone había puesto en cuestión el planteamiento de lo que se conoce como oferta integradora entre los cuatro lotes -comunicaciones de oficinas y centros de datos, comunicaciones unificadas en nube, móviles y servicio de envío de mensajes SMS-. Esta modalidad permite presentar ofertas por cada uno de los lotes individualmente y por todos a la vez -esta última será mejor valorada en caso de que sea la más ventajosa-.
En un primer momento, como marca la normativa, el organismo decidió suspender cautelarmente el procedimiento de contratación a la espera de resolver esa controversia. Finalmente, se ha vuelto a reiniciar tras levantar la suspensión. Desde la teleco española se ha decidido no seguir adelante con un procedimiento contencioso-administrativo como sí se ha hecho en otros contratos como el de la creación e implementación del 'Centro de desarrollo, adiestramiento y pruebas para operaciones militares en ciberdefensa con tecnología 5G'. Ahí optó por acudir a la Audiencia Nacional debido a la exclusión de la oferta que presentó a esta licitación.
Esta propuesta de oferta integradora ha ido ganando relevancia en la contratación pública. En la misma licitación que ahora continúa su curso, la AEAT insistió en que sólo se admitían propuestas conjuntas por los cuatro lotes y no por menos, siempre que los licitadores hubieran presentado oferta individual para cada una de ellas. El objetivo, básicamente, es conseguir un mejor precio debido a que “sólo se admitirán ofertas integradores que igualen o mejoren, en cada lote, a la oferta económica individual realizada, aunque no de los demás elementos, que permanecerán invariables”.
Un jugoso contrato de 65 millones
Los plazos están muy ajustados. Hay que tener en cuenta que, según queda reflejado en la documentación oficial consultada, los contratos de todos los lotes que se adjudicaron en el año 2018 a Telefónica fueron prorrogados hasta el mes de septiembre de este año. Por tanto, no existe mucho margen de maniobra. Según explican fuentes conocedoras, desde la AEAT ya se están analizando las diferentes propuestas económicas y técnicas. Hay que tener en cuenta que la suspensión cautelar se refería al procedimiento pero las empresas tuvieron que presentar sus ofertas antes del pasado 20 de mayo.
El objeto del nuevo contrato es la implementación del servicio integral de telecomunicaciones. No hay especificaciones técnicas por motivos de confidencialidad. Sí que se precisa que el servicio de red privada de las 368 oficinas de la AEAT y los dos centros de proceso de datos y de seguridad se incluyen en el primer lote; mientras que en el resto se incluyen las comunicaciones unificadas y los servicios de ‘contact center’, los de comunicaciones móviles y los mensajes cortos a móviles para comunicarse con los contribuyentes. Es uno de los concursos más jugosos de los que se han abierto en los tres últimos años en la administración pública.
Otras pugnas
El contrato incluye algunas novedades importantes, ante el fuerte crecimiento de las necesidades tecnológicas del organismo dirigido por Soledad Fernández Pastor. Se incrementará “sustancialmente” la velocidad de acceso a esos centros de datos, se dotará a la infraestructura de herramientas avanzadas de seguridad y se incluirá un nuevo centro como tercera copia de los datos “para casos de recuperación ante desastres”. El contact center pasará a estar establecido en la nube y no en una infraestructura física. Además se contratarán 5.000 nuevas líneas móviles de datos, para los nuevos puestos de teletrabajo de los funcionarios.
Los grandes contratos públicos se han convertido en todo un campo de batalla de las grandes operadoras del sector ante una fuerte competencia en el mercado residencial, donde el bajo coste no deja de ganar enteros. Y esto ha llevado a una pugna muy importante y a más recursos presentados por los diferentes aspirantes. El del centro de ciberdefensa de 5G, que ha impugnado Vodafone, es uno de los ejemplos. Pero no es el único. El contrato de Correos también se tuvo que enfrentar a otro recurso y a la cancelación definitiva por un frente abierto por Orange. Ahora hay una nueva oportunidad de pelea entre todas con la ‘megalicitación’ de la Junta de Andalucía con un importe de arranque de 193 millones de euros. Lleva en gestión más de un año desde que se lanzó y aún no ha sido resuelto.
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