Iberdrola cerró el año pasado con una caída de las ventas de electricidad en España del 6,8%, hasta 93.101 gigavatios hora (GWh), pese a ganar casi un millón de contratos. En concreto, según el informe anual de resultados remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), acabó el año con 10,8 millones de contratos de electricidad, un 9% más, y 1,35 millones de contratos de gas, un 17,4% más.
De este modo, terminó 2022 con una cartera de 12,23 millones de contratos de luz y gas en el país, lo que supone un incremento del 10% en comparación con el ejercicio precedente. La compañía no especifica cuántos correspondieron al mercado libre y al regulado, pero sí desagrega las ventas de electricidad. Entregó 66.653 GWh en el libre, un aumento interanual del 9,6%, y 6.866 GWh para clientes con precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), un 19,6% menos. Por su parte, comercializó 19.582 GWh en otros mercados, lo que se traduce también en un descenso del 35,8%.
En cuanto al gas, gestionó un balance durante el año pasado de 2,67 millones de metros cúbicos (bcm), un 4,6% menos que en 2021, de los cuales 0,04 bcm (-55%) los vendió en operaciones mayoristas y 1,28 bcm (-3%), a clientes finales. Los 1,35 bcm restantes los usó para la producción de electricidad, en comparación con los 1,38 bcm de un año antes. Sumando los de Smart Solutions (solución integral para vehículos eléctricos, autoconsumo fotovoltaico, servicios destinados a mejorar la eficiencia...), Iberdrola elevó un 17% los contratos en España en 2022, con 22,1 millones.
De su lado, elevó un 1,1% el número de clientes en el territorio nacional frente al año anterior, hasta alcanzar los 10,88 millones, mientras que los de gas bajaron un 6%, hasta 1,35 millones. Iberdrola ha sido una de las compañías más activas para captar clientes para el mercado libre. "Ahorro, estabilidad y seguridad son las propuestas por las que apuesta la compañía, frente a los contratos sometidos a las incertidumbres y a la coyuntura de un mercado regulado e inestable", señalaba la energética en la campaña que puso en marcha en mayo del año pasado.
'Guerra' comercial
"Veinte millones de hogares en España han visto cómo su recibo de la luz es igual o menor que hace un año. Son los de aquellos ciudadanos que tienen tarifa libre. Sin embargo, los contratos de la tarifa regulada por el Gobierno tienen como referencia los vaivenes diarios de los mercados de la energía y resultan insoportables para los ciudadanos adscritos a esta tarifa", insistió la empresa.
No obstante, ha sido Endesa la última eléctrica en avivar la 'guerra' comercial para captar clientes. La compañía que dirige José Bogas ha lanzado recientemente una oferta comercial dirigida a clientes domésticos con la que ofrece un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre si contrata alguna de sus tarifas en el mercado libre. La promoción estará disponible hasta finales de marzo para nuevos clientes residenciales y para aquellos clientes que ya tengan contratada alguna tarifa con Endesa y decidan hacer el cambio a Única, con la que se paga una cuota fija personalizada, "con energía renovable, sin permanencia y con bonificaciones a los consumidores por cumplir unos objetivos de consumo eficiente".
Hay que señalar que antes de que estallara la crisis energética en verano de 2021, al calor del incremento del precio del gas y los derechos de emisión de CO2, un cliente acogido a la tarifa regulada ha venido pagando menos por la factura de la luz, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De hecho, se ha acusado a muchas eléctricas de inflar el precio a los clientes del mercado libre bajo las premisas de que estas tarifas ofrecen una mayor estabilidad.
Sin embargo, con la electricidad totalmente disparada tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, la realidad es que el cliente en el mercado libre ha salido ganando porque ha pactado un precio menor que el del mercado mayorista con su comercializadora. Además también se ha beneficiado de la rebaja fiscal del Gobierno.
Lleva al Gobierno a los tribunales
Iberdrola presentó resultados correspondientes a 2022 este miércoles y su presidente puso el foco en la regulación española. Sánchez Galán aseguró ante los analistas que los resultados de la empresa en España cayeron un 19% "lastrados por las medidas regulatorias y fiscales y el aumento de costes que la empresa no ha traspasado a los clientes". También cargó contra el impuesto energético y anunció que Iberdrola peleará en los tribunales.
El director de los servicios jurídicos de la compañía, Gerardo Codes, entró más en detalle. El directivo lo tildó de "arbitrario" y "discriminatorio" al solo afectar a determinados sectores (energético y bancario) y señaló que "incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo". El nuevo impuesto que grava el 1,2% los ingresos de las energéticas, le supondrá a la compañía 200 millones de euros este año. Iberdrola no espera el fallo de los tribunales hasta el año que viene.
La compañía también subrayó que el impuesto energético podría mermar el objetivo del beneficio para el periodo 2023-2025. Espera un incremento de de entre el 8% y el 10% anual, hasta alcanzar los 5.400 millones en el final del ciclo. No obstante, el crecimiento podría ser del 5% si finalmente la justicia no le da la razón. El viernes pasado se conocía que la Audiencia Nacional rechazaba la petición de Repsol (que prevé un impacto de 450 millones) de aplicar medidas cautelares contra la orden del Ministerio de Hacienda de imponer un gravamen temporal a los ingresos de las energéticas y a las grandes entidades bancarias. El pasado 8 de febrero, un día después de aprobarse la orden, la petrolera presentó un recurso instando a la suspensión temporal de la norma.
Por su parte, Naturgy espera un golpe de 300 millones y no ha aclarado aún si lo recurrirá o no. El gravamen se aplica al 1,2% de los ingresos del negocio liberalizado de las empresas del sector que facturaran más de 1.000 millones. Falta por conocer la postura de Endesa, que presenta resultados este viernes y ya avanzó un impacto de 400 millones de euros. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los bancos y las grandes energéticas han abonado un total de 1.454 millones de euros en el primer tramo del pago.
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