Los empresarios piden el amparo de los jueces ante el 'acoso' de Competencia

Multas millonarias a las empresas, imputación y elevadas sanciones económicas a los directivos, prohibición de contratar con la Administración durante un periodo prolongado de tiempo... la detección por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de conductas o pactos contrarios a la libre competencia está penalizada de manera cada vez más dura en España. Sin embargo, al menos en opinión de los empresarios, este mayor nivel de exigencia no ha venido acompañado de un robustecimiento de la seguridad jurídica de las empresas, que denuncian verse expuestas a un escenario de sanciones durísimas adoptadas de manera en muchas ocasiones discrecional.

Por Santiago Carcar

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El último documento elaborado por el Círculo de Empresarios bajo la Presidencia de Javier Vega de Seoane - el próximo 20 de marzo será relevado por John de Zulueta- disecciona la contribución de la calidad del sistema jurídico al crecimiento económico y al progreso social, y dedica un capítulo específico a analizar la situación del derecho de la competencia y su relación con la Administración de Justicia.

El informe, amparado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y que ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Jurídica del Círculo, en el que han intervenido entre otros al decano del Colegio de Abogados de Madrid y presidente para España del bufete Baker & McKenzie, José María Alonso; el ex Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce; o el ex presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; incide en la situación de desamparo que sufren las empresas españolas ante las actuaciones de la CNMC. Denuncia que cuando las empresas disconformes con una resolución de Competencia acuden a la jurisdicción contencioso administrativa en busca de una 'segunda opinión' respecto a la adecuación o no a derecho de sus actuaciones se encuentran con que los jueces se limitan en la mayoría de los casos a analizar la adecuación del procedimiento, y no entran a valorar los aspectos de fondo: si hay suficientes pruebas de la comisión de prácticas anticompetitivas, la forma en qué las autoridades de competencia han interpretado el marco legal...Es decir, no ponen en cuestión la valoración de los hechos realizada por Competencia.

Y lo que pide el documento del Círculo de Empresarios es, precisamente, que los tribunales de justicia  cuestionen las conclusiones alcanzadas por la CNMC, que los jueces entren a valorar el fondo de la cuestión, la consistencia de los indicios que justificaron la sanción de Competencia, la adecuación de los preceptos legales supuestamente conculcados al verdadero espíritu de la norma, en definitiva que enjuicien el caso desde su propia perspectiva y no desde el ángulo planteado por la CNMC.

Entre otras cosas, porque según denuncia el informe las sanciones de competencia se sustentan en no pocas ocasiones en 'pruebas de presunciones', un tipo jurídico que eleva la confluencia de conjeturas, indicios y deducciones razonables a la categoría de prueba, ante la dificultad de recabar pruebas directas de la infracción. Una situación de "discrecionalidad administrativa" ante la que las empresas consideran que necesitan de amparo judicial.

Un amparo judicial que, además, se ha visto minado en los últimos meses por dos circunstancias muy concretas. La primera ha sido la decisión de restringir el acceso a la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, según las empresas, "ha cumplido hasta ahora un papel muy relevante a la hora de limitar y encauzar la actuación sancionadora de la Administración y ajustar a la legalidad la discrecionalidad administrativa en la imposición de multas". Una decisión que, según el lobby empresarial, limitará seriamente el control jurisdiccional de las actuaciones en el ámbito de defensa de la competencia y "afectará negativamente a la defensa y protección de los intereses legítimos de las empresas".

El segundo factor es la transposición de la directiva europea sobre competencia que acaba de incorporar al ordenamiento español, entre otras cosas, la elevación de las resoluciones adoptadas por la Comisión Nacional de Competencia a la categoría de prueba en un procedimiento judicial, otra disposición que viene a abundar en la sensación de indefensión que tienen las empresas con respecto a la CNMC.