Los grandes inversores institucionales han comenzado a tomar precauciones por temor a que la guerra económica contra Rusia acabe salpicando a sus operaciones. Han pasado casi veinte días desde que el gobierno de Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania y la comunidad internacional decidió contraatacar con un paquete de sanciones contra el Kremlin de un calado histórico. En este tiempo, bancos, fondos de pensiones y gestoras de private equity han empezado a imponer cláusulas de garantía en los contratos de sus asesores, requerimientos que les instan a aclarar sus posibles vínculos con Rusia, según varias fuentes financieras consultadas por La Información.
La contundencia del embargo comercial contra Rusia ha puesto en guardia a los inversores. Los distintos paquetes de sanciones se dirigen contra los oligarcas rusos y la cúpula militar y política de la antigua potencia soviética, así como a sus entidades financieras y sectores estratégicos. Pero fuentes del sector legal consultadas por este diario deslizan que la guerra económica contra Rusia podría dejar víctimas colaterales, entre las que se encuentran grandes inversores internacionales con una elevada exposición al conflicto.
El embargo podría impactar, tanto económica como jurídicamente, en aquellas personas o sociedades que cooperen o incurran, directa o indirectamente, en una violación de las sanciones, explican las mismas fuentes. Esto supone un abanico "inabarcable" de potenciales afectados por las medidas restrictivas contra el Kremlin. Es este escenario el que ha llevado a los grandes inversores internacionales a blindar sus contratos frente a posibles lazos con Rusia.
No es la primera vez que ocurre. La anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia en 2014 motivó la incorporación de estas cláusulas de garantía en los contratos de asesoramiento de algunas operaciones internacionales, como precaución ante las restricciones que impuso Europa en ese momento. Los grandes inversores han vuelto a echar mano de estas herramientas de blindaje ante el nuevo veto a Rusia, un embargo que esta vez es todavía más contundente.
La maquinaria restrictiva que ha activado la Unión Europea ante la agresión de Moscú en Ucrania no tiene precedentes. En el caso de España, el Gobierno ha aterrizado las sanciones a través de dos leyes especialmente "severas", según las fuentes consultadas. La primera es la ley de Represión del Contrabando, que incluye penas de hasta cinco años de cárcel, así como responsabilidades pecuniarias y castigos que incluyen el cese forzoso de actividad. La segunda es la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo.
Los grandes inversores internacionales han retomado las precauciones que adoptaron en 2014 ante la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia
La contundente reacción de Europa y Estados Unidos frente a la ofensiva militar rusa explica la salida de muchas compañías de Rusia, ante el riesgo de que sus filiales en el país puedan estar realizando transacciones con algunas entidades u oligarcas incluidos en la 'lista negra'. Del mismo modo, varios despachos de abogados y firmas de servicios financieros como las 'big four' han puesto al ralentí su negocio en Rusia, después de que su actividad de asesoramiento a sociedades locales o, incluso, a clientes con intereses en el país haya quedado bajo la lupa de la comunidad internacional.
Con el paquete de sanciones en la mano, los asesores se arriesgan a convertirse en infractores al prestar sus servicios en una operación en la que participen, de un modo u otro, alguna entidad o individuo sancionado. Lo mismo ocurre con los bancos y fondos de inversión que colaboren como financiadores de dicha operación mercantil. Por el momento, y ante la incertidumbre respecto a cuánto se prolongará la guerra, los inversores han adoptado el mantra de que toda precaución es poca.
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