La Comunidad de Madrid (CAM) cambia de parecer y baraja revisar los precios de los contratos de obras públicas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha introducido en el orden del día del Consejo de Gobierno la posibilidad de explorar medidas en el marcado del Real Decreto 3/2022 que aprobó el Gobierno central y que hasta el momento el Ejecutivo regional se estaba resistiendo a adoptar, en contra del resto de gobiernos autonómicos. Esta decisión le ha llevado a enfrentarse abiertamente con las grandes constructoras, que han lanzado varios avisos sobre las consecuencias de enrocarse.
En este enfrentamiento, las grandes empresas constructoras ultimaban una nueva petición ante la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), de dependencia local y sobre la que también recae la responsabilidad de no revisar los contratos para reajustarlos a las circunstancias que marcan los niveles de inflación. A este respecto, el delegado de Vivienda, Álvaro González, ya explicó en abril que el Ayuntamiento de Madrid, a través del área de Hacienda, estaba en conversaciones con la CAM para buscar la fórmula que modificara los precios de los contratos públicos.
Esta receta parece estar ya lista y se ha introducido en el orden del día del Consejo de Gobierno que tiene lugar este miércoles. El objetivo es atender al alza de precios en materiales fundamentales en las obras como son el aluminio, el cobre, los materiales siderúrgicos y los bituminosos. La revisión del contrato se llevará a cabo cuando la subida de estos cuatro materiales suponga más del 5% del importe certificado en un periodo. Su aplicación se llevará a cabo a instancia del contratista y si así lo aprecia el órgano de contratación. En el caso de universidades públicas y las entidades locales, la normativa abre la mano a que decidan individualmente si se acogen o no.
Así, la Comunidad de Madrid equiparará su marco normativo al de resto de Ejecutivos autonómicos (Cataluña, Andalucía o Comunitat Valenciana, entre muchos otros), que sí han adoptado mecanismos para revisar los precios de los contratos de obras públicas. La medida llega después de que formaciones como Vox y PSOE llevaran ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid una proposición no de ley (PNL) para presionar en el mismo sentido.
Fin a la excepcionalidad
Hasta ahora, la postura particular de la CAM le ha costado críticas desde las grandes constructoras. Así lo evidenció la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que apuntó directamente contra el Gobierno de Díaz Ayuso. La patronal que preside Pedro Fernández-Alén acusó a la CAM de negarse a compensar el alza de los precios de los materiales, en una decisión arriesgada porque ponía "en riesgo la ejecución de los contratos públicos". Esta cerrazón, añadieron, podría traducirse en la pérdida de numerosos empleos en el sector y el freno a la recuperación con los Fondos Europeos.
En cifras, solo en la ciudad de Madrid peligraban 1.300 viviendas repartidas en 15 promociones que fueron adjudicadas en 2020 y 2021. Estas obras se reparten principalmente en dos distritos, Vicálvaro y Puente de Vallecas, y se corresponden con proyectos como Nuestra Señora de los Ángeles o La Rosilla. Los contratos de estas obras, según los datos que consultó La Información, sumaban más de 150 millones de euros en volumen licitado
El sector constructor lleva meses advirtiendo de cómo la inflación está afectando al precio de sus materiales, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania. Un informe de ACR aseguró que en febrero los precios directos en edificación residencial habían alcanzado su máximo histórico y habían subido un 23,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Su director general, Guillermo Jiménez Michavila, explicó que este fenómeno también estaba marcado por la evolución de los precios de la energía y por la rotura de stock en las cadenas de suministro.
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