Tras dos años de propuestas, contactos, negociaciones y borradores, el nuevo sistema de ayudas a la industria -Estatuto de Consumidor Electrointensivo- que debía sustituir al viejo sistema de rebajas en la factura eléctrica a los grandes consumidores aún se está negociando en Bruselas. El Ministerio de Industria confirma que "está trabajando en los últimos flecos con la Comisión Europea" para cerrar la norma. El Gobierno celebró la última subasta de ayudas a la industria en diciembre y ha repartido hasta junio poco más de 4 millones. Con el Estatuto pendiente de cierre con la Comisión Europea y sin proyecto de presupuestos, las empresas reclaman al Gobierno que reparta el máximo autorizado por la legislación europea en compensaciones por los costes del CO2: 275 millones.
Aunque los Gobiernos proponen y la burocracia comunitaria dispone -a su ritmo-, el Ministerio de Industria mantiene que el Estatuto del Consumidor Electrointensivo estará aprobado en octubre tras pasar los filtros de Bruselas -pendiente-, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Las empresas son escépticas. No sólo sobre las fechas de aprobación del Estatuto. En el mejor de los casos, sostiene el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, el Estatuto nacerá sin asignación presupuestaria alguna en 2020.
La incertidumbre se mantiene mientras la situación de empresas como Alcoa en Galicia -en proceso de venta al grupo GFG Alliance-Liberty House- o de Arcelor inquieta a las Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias. El Ejecutivo asturiano (PSOE), ha calificado el retraso en la aprobación del Estatuto Electrointensivo de "inadmisible".
Ante tal panorama, los grandes consumidores reclaman la máxima compensación posible por los costes indirectos de CO2. "Lo necesitamos como agua de mayo", sostiene Fernando Soto. La industria reclama que se introduzca una enmienda en el proyecto de ley de Cambio Climático en tramitación en el Congreso-artículo 26.4- de forma que incluya que el 25% de la recaudación de por derechos de emisión, 1.300 millones en 2019, se destinen a compensar a los grandes consumidores.
En su primera redacción, el proyecto de ley no asegura las ayudas. El artículo 26-4 de la norma establece que "los ingresos provenientes de las subastas de derechos de emisión -el CO2- serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética". Y detalla el reparto: 450 millones al menos para financiar los costes del sistema eléctrico relacionados con el fomento de las renovables "pudiendo destinarse el 30% de la cantidad total" a medidas con incidencia social provocados por la transición energética".
En el Ministerio de Industria se encuentra desde el 30 de abril la orden por la que se convoca la concesión de las subvenciones por el CO2 por un máximo de 275 millones. Pero el reparto está condicionado "a la disponibilidad de crédito y, en su caso, a la aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de la subvención".
Presiones y halagos
Industria no es el único ministerio apurado por las presiones de las grandes empresas. Transición Ecológica, el departamento que dirige la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, tampoco está recibiendo halagos precisamente. La secretaría de Estado de Energía sacó en agosto a consulta pública un proyecto de orden ministerial para poner en marcha, a partir de enero de 2021, un nuevo servicio, denominado "de reserva estratégica de respuesta rápida". El servicio trata de dar continuidad al sistema llamado de interrumpibilidad que durante años rebajó la factura de las grandes compañías por estar dispuestas a desconectarse de la red en caso necesario.
El nuevo mecanismo también se basa en el sistema de subasta para crear una reserva de energía capaz de cubrir la demanda en el peor de los casos y, de paso, aligerar la factura de la industria. A diferencia del anterior sistema de interrumpibilidad -respaldado por la factura eléctrica de todos los consumidores-, la nueva subasta estaría abierta no sólo a los grandes consumidores industriales -dispuestos a desconectarse de la red en caso necesario-, sino también a los productores de electricidad que podrían poner parte de su oferta a disposición de REE para su uso en caso necesario
A los grandes consumidores tampoco les gusta. AEGE pide que la reserva prevista para subastar, de 1.000 MW, se duplique al menos. Y advierte de que muy probablemente el sistema no estará en vigor hasta el verano del próximo año, lo que abre un paréntesis muy preocupante para la actividad de muchas compañías.
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