"Sentimos informaros de que nuestra Energía Low Cost ha cerrado sus puertas y ya no puede estar a vuestro alcance. Gracias a todos los que habéis confiado este tiempo y nos habéis dado la oportunidad de iluminar vuestras casas y empresas". Este mensaje es el que aparece cuando un consumidor clica en la página web de Liberluz, la última comercializadora eléctrica en quebrar. Un mes después de su cierre, los ciudadanos comenzaron a prestarle atención a la escalada del precio medio de la luz cuando éste superó los 100 euros el megavatio hora. Dos meses después, sigue subiendo y ya roza los 173 euros, con una tendencia que se encamina a alcanzar los doscientos euros.
Esto ha provocado una tensión social entre los consumidores que pagan el PVPC, es decir, aquellos que pertenecen al mercado regulado, el más expuesto al precio del 'pool'. Las miradas de éstos han ido virando hacia las eléctricas -por ser, según dicen, las que se están 'lucrando' a costa del elevado recibo de la luz. Sin embargo, esta escalada de precios solo repercute positivamente en aquellas empresas generadoras de electricidad o en las comercializadoras que, a su vez, son generadoras. Mientras que el resto de eléctricas -la inmensa mayoría- están igual de perjudicadas que el consumidor ya que demandan cada hora electricidad en un 'pool' donde los precios están desorbitados. Sin ir más lejos, hoy estas compañías comprarán la electricidad un 253,3% más caro que hace exactamente un año.
Las empresas eléctricas (siempre dentro del mercado libre) no pueden trasladar el precio que pagan en el mercado al consumidor final ya que llevan a cabo una serie de maniobras previas con el objetivo de conseguir una ganancia en el intercambio. Así, las comercializadoras pueden comprar a futuro la electricidad a las centrales (por ejemplo, comprándoles este mes el derecho a recibir 1.000 MWh) y pactar por anticipado el precio a los consumidores (por ejemplo, vendiéndoles durante tres meses el precio del KWh a 0,13 euros). También se puede no cerrar un precio de compra con las centrales ("te compro la electricidad cada día al precio de mercado que esté"), pero sí cerrárselo a los consumidores o a la inversa. Y, por último, comprar y vender a lo que marque el 'pool'. A partir de estas combinaciones, a veces ganan y otras salen perjudicadas.
Sin embargo, su principal problema no es acertar en el intercambio, sino intentar hacer frente al oligopolio que existe en el mercado eléctrico. Así, de las más de 670 comercializadoras que hay en España, tres de ellas -Endesa, Iberdrola y Naturgy-, según el último informe de supervisión la CNMC, poseen el 81% del consumo doméstico de electricidad y el 65% de toda la energía suministrada. Unos porcentajes que limitan el margen de operación de la competencia. Esta debilidad de las comercializadoras libres ha provocado un efecto perverso: en la última década 184 han desaparecido, una media de casi veinte compañías al año.
Los clientes de la comercializadora quebrada -como lo fue Volsllum, Aliluz Mediterránea, IE2 Innovación o Tesla Management- son traspasados de forma automática a una comercializadora de 'referencia' por el propio legislador. Que este último se encargue de hacer esa traslación es lo que demuestra, para el economista Francisco Coll, "el poder de este oligopolio", ya que "en los mercados competitivos, el mecanismo por excelencia que ajusta las rentabilidades es el libre mercado". Por otro lado, Borja Osta, experto en el mercado eléctrico, achaca el cierre de estas empresas a "la falta de pulmón financiero y a errores en la compra de la energía".
"Para las eléctricas integradas -que tienen generación y comercialización- el precio del 'pool' es una falacia puntual. Pero, no es bueno que éste siga aumentando porque estimulará nuevas inversiones de plantas generadoras pensando que cobrarán eso", dice a La Información un exconsejero de Red Eléctrica, que prosigue, "a las comercializadoras (que no están integradas) el precio del 'pool' ya las está destrozando, de hecho, van a palmar hasta la camisa". Una afirmación que se puede contrastar con Aura Energía -la empresa que se hizo con la mayor parte de los lotes en el último concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid- y que decidió renunciar a la adjudicación antes de la firma debido encarecimiento del mercado eléctrico.
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