La plantilla de Vodafone España ha respaldado mayoritariamente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicará la salida de 898 personas con indemnizaciones de entre 33 y 44 días por año trabajado. Lo han hecho bajo la sombra de un ajuste más duro, pues la dirección de la compañía, controlada por el fondo de inversión británico Zegona, había planteado la posibilidad de las condiciones mínimas legales en caso de negativa a firmar el pacto. UGT ha asegurado que firmará el acuerdo este miércoles.
Según han confirmado fuentes sindicales, la consulta ha concluido este martes con un total de 1821 a favor (casi un 80% del total de los que han emitido su voto) frente a 468 en contra. Ambos sindicatos, ante unas condiciones especialmente ajustadas por parte de la dirección, decidieron consultar a la plantilla para decidir si firmaban o acudían a la magistratura para judicializar el procedimiento. Finalmente el respaldo ha sido especialmente mayoritario.
Hay que tener en cuenta que, según apuntó UGT en la comunicación pública tras la última reunión mantenida este lunes, la dirección había advertido a la plantilla que en caso de votar en contra y llevar a esa judicialización se abría la puerta a un acuerdo más duro. "La empresa ha dejado claro que la no aceptación de la oferta implica la ejecución del ERE en las condiciones mínimas que marca la ley para estos procesos de despidos colectivos", aseguraba la organización. Así ha sobrevolado la alargada sombra de un ERE con indemnizaciones de 20 días y sin algunas de las condiciones fijadas en esa última propuesta.
Este miércoles se debería firmar el acuerdo. CCOO aún no ha comunicado formalmente su posición, aunque había asegurado a la plantilla que respetaría la posición de la mayoría -han mantenido asambleas durante toda la mañana para explicar las condiciones finales-. UGT ya ha comunicado que lo suscribirá. Se trata del ERE con las "peores condiciones de la historia" en los ejecutados por las grandes operadoras de telecomunicaciones en España.
La afectación máxima es de 898 personas, lo que supone el 27% de la plantilla actual de la operadora. La dirección tendrá capacidad de veto en las salidas. La indemnización es el mínimo para despidos improcedentes: 33 días para el periodo posterior a la reforma laboral y de 45 días para el anterior. Se incluye el pago de 3.500 euros lineales para los empleados con salarios por debajo de 40.000 euros. Además incluye prejubilaciones a las personas nacidas en 1967 con 10 años de antigüedad. Las rentas serán el 80% del salario regulador neto.
Giro más agresivo
Este es el quinto despido colectivo desde el año 2013 en la operadora también dueña de la marca Lowi. Ha sido especialmente castigada por la reducción de costes. Incluso con la rebaja de afectados, desde los sindicatos se ha advertido de potenciales riesgos para mantener el servicio con una plantilla tan ajustada. Esto elevaría las salidas totales en estos 12 años en cerca de 4.000 en total.
Este ERE es una de las dos grandes medidas que ha tomado la nueva dirección, comandada por el exCEO de Jazztel y Euskaltel, José Miguel García, que refleja un giro más agresivo en su estrategia. Implica dejar la plantilla en apenas 2.350 trabajadores para una facturación anual que en el ejercicio fiscal que acabó el pasado mes de marzo se situó en casi 3.850 millones de euros (1,6 millones de euros por cada uno de los empleados de media). Se tratará de una de las plantillas más ajustadas del mercado. La otra gran medida es la aprobación de unas tarifas más cercanas a firmas de medio y bajo coste con precios iniciales de fibra y móvil de apenas 40 euros.
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