El proyecto de ley de Cambio Climático prohíbe "la fracturación hidráulica de alto volumen" (fracking) y las concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Dos a cero a favor de las reclamaciones ecologistas. Pero la norma olvida una de las actividades más polémicas de las relacionadas con la energía y el medioambiente: la minería del uranio que en España impulsa la multinacional australiana Berkeley. Unidas Podemos, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, negocia una enmienda al proyecto de ley para prohibir la extracción de uranio en España.
Los contactos en torno a la enmienda coinciden con nuevos anuncios públicos de la multinacional. En ellos, declara estar "lista para invertir los 87 millones de euros iniciales en el Proyecto minero Retortillo ". Según la compañía, esa inversión inicial creará 500 puestos de trabajo este mismo año. Berkeley añade en sus comunicaciones públicas que lleva invertidos ya "86 millones de euros desde que comenzó el proyecto en 2012".
El grupo explica que dispone de más de 120 permisos y licencias y que sólo está a la espera de la autorización de construcción del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la licencia urbanística del Ayuntamiento de Retortillo para iniciar la construcción del proyecto minero. Pero ni a Unidas Podemos, ni a los ecologistas que pleitean contra la multinacional desde hace años -ADECO-Ecologistas en Acción y el Foro de Izquierda-Los Verdes- les salen las cuentas. Sostienen que los permisos medioambientales que concedió la Junta de Castilla León en 2013 han caducado tras seis años sin que Berkeley haya realizado obra alguna relacionada con la minería y cuestionan la inversión. El CSN, que debería haber decidido el pasado año sobre el permiso de construcción, no se ha pronunciado.
En Bolsa desde 2018
Entre anuncio y anuncio, la multinacional, que comenzó a cotizar en el mercado continuo en 2018, mantiene una evolución positiva en Bolsa. Desde el 30 de abril ha subido un 41%, hasta 0,1720 euros. Berkeley ya registró un fuerte tirón en Bolsa tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019. El PP ganó en los municipios salmantinos afectados por el proyecto y el mercado se disparó. El día después, la empresa minera lideró las subidas en el Mercado Continuo con un repunte del 35,8%, hasta los 0,235 euros, y recuperó una capitalización bursátil por encima de los 60 millones de euros. El espasmo político-bursátil dio la razón a quienes han cuestionado durante años la vertiente especulativa del proyecto.
La idea de bloquear por ley la minería del uranio en España ensombrece más si cabe el futuro de un proyecto muy discutido. La mayoría de los partidos políticos son favorables a la paralización de Berkele. Así lo manifestaron en junio de 2018 en la ponencia del Congreso para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), aunque el grupo, que cotiza también en las Bolsas de Londres y de Sidney (Australia) ha realizado inversiones y solicitado permisos que hacen muy complicado desmontar el mecano administrativo trenzado.
La fábrica de procesamiento necesita, además de la autorización previa, autorizaciones de construcción, de explotación y desmantelamiento que corresponden al Gobierno previo informe del CSN. En lo que se refiere a la mina, Berkeley tiene que presentar también un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental preoperacional; un Plan de Gestión de Efluentes Radiactivos y un Programa de Vigilancia y Control de las Aguas subterráneas.
Un silencio de meses
En el Gobierno, el expediente está en manos de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental. Pero el silencio dura meses. También en los tribunales. En octubre, la Audiencia Nacional rechazó un recurso contencioso administrativo de los ecologistas de Salamanca el proyecto de la mina. La propia Audiencia decidió plantear el caso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Supremo. El asunto sigue pendiente.
Berkeley ha demostrado en el pasado que se mueve al menos tan bien en los tribunales como en Bolsa. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.
La indefinición que rodea al proyecto de la minería de uranio en Salamanca desaparece cuando se trata del fracking. El proyecto de ley recién aprobado por el Gobierno, lo prohíbe. No habrá nuevos permisos aunque, de momento al menos, se libra el único proyecto que ha visto la luz en el Boletín Oficial del Estado: hace seis meses la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) logró del Ministerio de Transición Ecológica el permiso para explorar en Subijana (Álava), una bolsa de gas que en su día se presentó como el paso a la autosuficiencia energética del País Vasco durante 60 años.
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