Después de dos investigaciones internas y un forensic realizado por PwC, que supuso más de 3.000 horas de trabajo y 4,4 millones de documentos analizados, no se ha encontrado en Iberdrola ni rastro del supuesto informe que hizo su exempleado José Antonio del Olmo sobre la implicación de la eléctrica con las empresas del comisario Villarejo, que es la base de la investigación que tiene abierto el juez de la Audiencia Nacional Manuel Garcia Castellón.
La compañía, que ya puso una querella contra el extrabajador por falsedad documental, ha entregado ahora al juez todos los documentos del 'forensic' que ha realizado la consultora de forma independiente, es decir, "sin supervisión ni control por parte de órganos internos o de abogados externos", y que ha supuesto analizar 300.000 archivos y más de 3.000 facturas, según consta en el documento aprobado por el consejo de administración de la eléctrica el lunes pasado, antes de la presentación de sus resultados, al que ha tenido acceso este periódico y que será aportado este mismo viernes a la CNMV.
El consejo aprobó este informe a modo de resumen de todo lo que se ha hecho dentro de la empresa desde que en junio de 2018 apareció la primera noticia sobre la contratación de Cenyt. Tras las investigaciones llevadas a cabo sobre todo tipo de soportes, la compañía admite que "es preciso señalar que, en determinados casos, ya sea por la naturaleza de los servicios prestados, el tiempo transcurrido desde que éstos se realizaron o la falta de colaboración de determinados exempleados, no ha podido hallarse una documentación completa". Hay que recordar que el informe que no se encuentra en la empresa data del año 2004, con lo que han pasado más de quince años desde su creación, cuando sólo existe la obligación legal de mantener documentos de los últimos seis años por parte de la sociedad.
La investigación de PwC, que abarca tanto a Iberdrola como a la filial de renovables, concluye que no se han identificado otros pagos a sociedades vinculadas con Villarejo en ambas, más allá de las 17 facturas emitidas por Cenyt al grupo, por algo más de 1,1 millones de euros. Es más, se advierte en la investigación que "no se han identificado evidencias ni indicios que permitan sospechas que los servicios referidos en las facturas revisadas no fueran prestados".
Pendiente todavía de que se levante el secreto del sumario sobre la pieza abierta con las actuaciones de Iberdrola, el consejo de la compañía consideró el pasado lunes "conveniente" publicar una nota con las explicaciones sobre todas las actuaciones llevadas a cabo a nivel interno sobre la relación de la empresa con el comisario, con la seguridad de que "tanto por la información interna como por los acontecimientos externos de los que se ha tenido conocimiento, los hechos no pueden considerarse jurídicamente relevantes para la Sociedad, por lo que su impacto, de existir, se circunscribirá al ámbito reputacional", señala el documento.
Trabajos para seguridad exterior
Del análisis de las 17 facturas estudiadas, que se añade como anexo en la nota del consejo, se desprende que la mayor parte de los conceptos en los que se basan los trabajos realizados por Cenyt eran servicios de control y supervisión de medidas de seguridad "en previsión de sabotajes y accesos no autorizados", o para la realización de "contrastes de seguridad en entornos, en previsión de actos antisociales" en determinados centros de trabajo estratégicos.
Las catorce facturas pagadas por Iberdrola se centran en trabajos realizados entre 2004 y 2009, y de todas ellas solo no se ha podido localizar la factura para comprobar el concepto en una de ellas, por valor de 52.200 euros. Además de los servicios señalados, una gran parte de ellas se refieren a trabajos ejecutados a nivel internacional, por la "coordinación de la operativa de seguridad por los desplazamientos realizados por los profesionales de la compañía a emplazamientos latinoamericanos (Brasil, Bolivia, México, Guatemala, Venezuela o Colombia), a Estados Unidos y a otros países europeos (Francia, Grecia o Portugal), y hasta en algunos viajes a Nigeria o Argelia".
En lo que respecta a las tres facturas de Iberdrola Renovables con Cenyt, por valor de 114.000 euros, se trata de trabajos realizados en 2012 y 2017, dos de ellos centrados en la investigación patrimonial a la eólica Dobrogea, por el dinero que les debía, así como para realizar "servicios de apoyo y logística de seguridad a personal de Rumanía".
La investigación de la Audiencia Nacional, que a partir de ahora cuenta con el forensic de PwC, persigue determinar la posible responsabilidad de la cúpula directiva por la supuesta emisión de facturas falsas para justificar los pagos a Villarejo, un término que desde la empresa se niega tajantemente y que habrá que corroborar con la validez, o no, del informe aportado por el exempleado que no ha querido colaborar con Iberdrola en su investigación interna.
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