El reglamento que debe guiar las inversiones sostenibles en la UE para cumplir con el Acuerdo de París y el llamado "paquete de invierno" ha puesto en alerta al sector renovable. La norma entra en vigor este mes, pero su falta de concreción alimenta el miedo a que las empresas más contaminantes mantengan su actividad , aunque disfrazada de "verde", lo que se conoce como Greenwashing. Pese a los recelos de las asociaciones, el Gobierno defiende la iniciativa europea. Fuentes ministeriales destacan el esfuerzo de la Comisión Europea para identificar "una a una" las actividades y umbrales a partir de las cuales se considera algo sostenible o no.
El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, es crítico con lo aprobado en Bruselas. "Nos preocupa un reglamento tan laxo y tan abierto a la hora de elegir qué es sostenible y qué no lo es. No es limitativo de nada". La Fundación, con un patronato formado por profesionales procedentes de muy distintos ámbitos (empresas, asociaciones, organizaciones ecologistas, sindicatos, investigación, etc) considera que la norma abre la veda para blanquear actividades de compañías que seguirán contaminando, aunque vistas como “verdes” por gran parte de la opinión pública.
La norma -Reglamento 2020/852 de la UE- entra en vigor este mes y supone una victoria para los grupos de presión de Bruselas vinculados a las grandes empresas energéticas. No excluye ninguna tecnología y asume el principio de "neutralidad tecnológica" en sustitución de la "neutralidad en carbono", más rigurosa. En suma, admite todas las actividades siempre que sean "coherentes con un plan para limitar el aumento de la temperatura" a 1,5 grados. Todas las tecnologías sirven para luchar contra el cambio climático y todas tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones en la regulación,sin criterios discriminatorios, incluso aunque emitan gases de efecto invernadero.
En manos de cada Gobierno
Al fin, todo dependerá de lo que decida cada Gobierno. El secretario general de la asociación fotovoltaica Anpier, Juan Castro-Gil lo resume así: "El reglamento, que es necesario, desprende cierto tufillo, aunque no es devastador" El análisis de la Fundación Renovables es más rotundo: con el reglamento basta "reducir emisiones a un nivel menor al de ayer, en términos absolutos" para "obtener la etiqueta de sostenible a los negocios tradicionales". En suma, dice "supone una victoria al trabajo encubierto de los grupos de presión en Bruselas, siendo abanderadas las empresas gasistas a través de la venta del desarrollo de su negocio de biogás (“gas renovable”), intentando enmascarar la continuidad del gas natural, fósil y contaminante".
Se evidencia también, añaden, el papel de presión que ha tenido el lobby del carbón de Alemania, cerrando las centrales allá por 2038, y el nuclear de Finlandia, invirtiendo fuertemente para aumentar su potencia de generación pasando de 4.6 GW, en 2019, a 10.8 GW, en 2030. La ambigüedad calculada del reglamento, según el punto de vista más crítico, es un triunfo para las empresas gasistas, eléctricas y del automóvil que han reclamado en todos los tonos y los foros posibles el concepto de "neutralidad tecnológica" que puede ser la palanca para extender la vida de los negocios tradicionales.
Según los expertos de REN21, la pandemia de COVID-19 no causó el cambio de rumbo necesario. Señalan que la Agencia Internacional de Energía ciertamente pronostica una caída del 8% en las emisiones globales de CO 2 del sector energético este año. Sin embargo, señalan que es temporal y no suficiente: creen que se debe mantener una reducción anual de las emisiones de al menos un 7,6% en los próximos diez años para lograr los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima. Es la línea que defiende la Agencia Internacional de la Energía: en este decenio tienen que desarrollarse políticas propicias para aumentar las inversiones y acelerar la adopción de las energías renovables.
Economía cero emisiones
El camino no es fácil. La transición hacia una economía con cero emisiones desató hace tiempo una batalla empresarial sin precedentes para adaptar los negocios energéticos a la nueva realidad y, en la medida de lo posible, mantener las actividades que aseguran ingresos y beneficios. Por eso las empresas trabajan con denuedo para hacer llegar sus tesis a los legisladores.
Entre las asociaciones más activas y pendientes del reglamento europeo figura el lobbi Gas por el Clima (G4C), que reúne a constructores y operadores de gasoductos -Enagás (España), Fluxys (Bélgica), Gasunie (Países Bajos), GRTgaz (Francia), Open Grid Europa (Alemania), Snam (Italia) y Teréga (Francia); y dos asociaciones de la industria del biogás, la Asociación de Biogás y Consorzio Italiano. Es algo que despierta recelos. La Fundación Renovables señala al respecto que la normativa comunitaria que entra en vigor permitirá que las gasistas, petroleras y nucleares puedan colocar sus inversiones, alargando la dependencia energética de la UE a los combustibles fósiles. Hay tensión.
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