El Ministerio de Transición Ecológica busca resquicios legales para cortar el nudo gordiano construido durante una década por la minera australiana Berkeley en torno al proyecto de explotación de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca). El ministerio no lo tiene fácil. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente para prorrogar la autorización de emplazamiento concedida en 2015 por el Gobierno del PP. La última palabra la tiene, no obstante, el departamento que dirige Teresa Ribera. El plan de Berkeley se ha convertido en una nueva prueba para la coalición de PSOE y Unidas Podemos (UP). La formación de Pablo Iglesias presiona para que el Ejecutivo acabe de una vez por todas con un proyecto que considera meramente especulativo.
El presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso Juantxo López de Uralde (UP) considera "un disparate" que la compañía minera australiana mantenga el polémico proyecto de Salamanca -al menos sobre el papel- a pesar de que todas las furzas políticas representadas en el Congreso apoyaron por unanimidad en 2018 la paralización de las obras. "Nadie hace nada" explica López de Uralde "y la maraña administrativa crece". Unidas Podemos reclama a Ribera que rechace la prórroga de la autorización de emplazamiento que ha solicitado la multinacional. El asunto ha sido analizado al máximo nivel entre el Ministerio de Transición y dirigentes de UP, según las fuentes consultadas.
No es un secreto que a la vicepresidenta Ribera no le gusta el proyecto minero. De forma inmediata, tiene la posibilidad de denegar la prórroga de la autorización de emplazamiento. Pero no es fácil tras el informe favorable del CSN. Berkeley se ha movido con habilidad en los despachos y ha conseguido armar un escudo de autorizaciones efectivo durante más de diez años. En Bolsa, eso se ha traducido en movimientos especulativos y fuertes subidas puntuales sobre las que llegó a advertir la CNMV. En un año, la cotización de las acciones de Berkeley .que empezó a cotizar en España en julio de 2018, ha subido desde los 0,18 euros a los 0,30 euros. Un 166%.
Tierra y encinas
La mina en sí no ha avanzado mucho. Berkeley ha movido tierras y ha arrancado encinas. Poco más. Pero sobre el papel el proyecto es extenso. Su plan no sólo consiste en extraer uranio en Retortillo (Salamanca). En realidad, lo que hay bajo la denominación "mina" son tres proyectos diferentes que implican a cuatro administraciones: la mina en sí -que cuenta con permiso medioambiental de la Junta de Castilla y León- además de una planta de procesado del mineral que tiene que ser autorizada por el Ministerio de Transición y un proyecto de almacenamiento de residuos que implica también a la Diputación provincial y a los ayuntamientos de la zona.
Ribera -y el CSN- tendrán la oportunidad de paralizar la mina en más ocasiones porque Berkeley tiene que tramitar aún las autorizaciones de construcción y de explotación. Es un proceso complejo que obligará a la multinacional a presentar también un Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental preoperacional, un Plan de Gestión de Efluentes Radiactivos, y un Programa de Vigilancia y Control de las Aguas subterráneas.
Pero la Administración tiene que ir con pies de plomo si no quiere que se repita un nuevo caso Castor. Berkeley ya ha demostrado en el pasado que se mueve al menos tan bien en los tribunales como en Bolsa. En 2012, el grupo australiano llevó a la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA) ante la Corte de Arbitraje Internacional por haberse echado atrás en el proyecto de explotación conjunta del uranio salmantino. Entonces reclamó 200 millones de dólares (150 millones de euros). El caso se cerró con un acuerdo sobre derechos de explotación en la zona, pero demostró que Berkeley defiende hasta el final el terreno conquistado.
Riesgo político
La situación de Berkeley tras diez años de polémica vuelve a ser incierta. La propia empresa lo admitió en el prospecto de salida a Bolsa en junio de 2018. Entonces advirtió de que su principal riesgo era político porque su actividad está vinculada al 100% a los permisos administrativos para poder operar.
El polémico proyecto se complica porque, además, Berkeley ha ampliado el abanico del negocio en Salamanca y tiene en marcha sondeos para buscar metales que se utilizan en la fabricación de baterías para móviles y vehículos eléctricos. En concreto, espera encontrar litio, cobalto, tungsteno, estaño y tierras raras. Son anuncios que los colectivos ecologistas más críticos ponen en cuarentena porque, según sostienen, proyectos como el de Salamanca están ligados a la especulación financiera y no vinculados a la explotación de minerales.
Comentarios